Por Marta G. Galán
Por si le faltara poco a la campaña electoral madrileña, ya de por si muy enconada, a Pedro Sánchez amenaza con estallarle un grave problema internacional y judicial tras revelarse que el jefe del Polisatio, Brahim Gali, fue ingresado en el hospital de Logroño bajo nombre falso.
Nadie, hasta ahora, ha sacado a relucir el nuevo dilema quizás porque la derecha española, e incluso la ultraderecha, siempre se ha mostrado más partidaria de los saharuíes que de Marruecos, a pesar de que fue Franco, seis días antes de su muerte, el que entregó la antigua colonia al rey Hassan y a Mauritania, el 14 de noviembre de 1975. 45 años después el problema continua.
El Polisario, con el apoyo de Argelia, se opuso a la entrega y desde entonces existe una guerra larvada entre los saharuíes y Marruecos además de varias resoluciones de la ONU que ha mandatado que se realice un referéndum para fijar el futuro del país.
Una de las últimas medidas de Donald Trump como presidente de Estados Unidos fue apoyar la anexión del Sahara a Marruecos lo que derivó en nuevos enfrentamientos militares entre el Polisario y el ejército de Mohamed VI, sin que el gobierno de Sánchez ni los partidos políticos españoles hayan intervenido más allá de alguna vaga declaración.
El líder independentista saharaui, de 73 años, ingresó en la unidad de críticos del hospital San Pedro 18 de abril, tras ser trasladado en ambulancia desde Zaragoza y se registró con el nombre de Mohamed Benbatouch, de nacionalidad argelina.
Nada más conocer la noticia, el Reino de Marruecos ha expresado su decepción por este acto, que es contrario al espíritu de asociación y buena vecindad, y que afecta a una cuestión fundamental para el pueblo marroquí y sus fuerzas vivas. Su Gobierno ha pedido a España aclaraciones por su decisión y el embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner fue llamado a la sede del Ministerio de Exteriores.
La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, afirmó, por su parte, que España es "un país responsable con sus obligaciones humanitarias" para añadir a continuación que “que esta cuestión para nada impide ni perturba las excelentes relaciones que España tiene con Marruecos, que es no sólo un vecino y un amigo, sino un socio privilegiado en lo económico, en lo político, en lo migratorio, en lo empresarial y en la lucha contra el cambio climático. Y eso no cambia".
Brahim Ghali tiene pendiente en España denuncia judicial que interpuso hace muchos años la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) en el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional en Madrid, por delitos de lesa humanidad.
El juez, José de la Mata, le convocó en 2016, pero Ghali no se presentó aludiendo problemas de salud. Ahora el titular del juzgado es Santiago Pedraz.
"Siendo objeto de una orden de busca y captura por los atentados que cometió", Brahim Ghali “debe ser detenido inmediatamente por las autoridades españolas" subraya la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) en un comunicado, condenando su "entrada ilegal" en España.
El jefe de los separatistas está acusado de “asesinatos contra trabajadores canarios” en el territorio del Sahara, así como de ordenar “asesinatos, secuestros masivos y desapariciones de tripulaciones en alta mar de los marineros canarios en las décadas de 1973 y hasta finales de 1986”, afirma la asociación
Los pesqueros españoles Cruz del Mar y Mencey de Abona fueron objeto de ataques por parte de las milicias del Polisario durante los años 70 y 80 en la zona comprendida entre el Sáhara y las Islas Canarias, lo que causó la muerte de varios pescadores canarios.