Por Marta G.Galán
Las organizaciones de agricultores que vieron paralizadas sus protestas por la pandemia en 2020 vuelven a la carga, pero si entonces el problema fundamental eran los bajos precios que cobran los campesinos por sus productos, ahora el enfado viene por las inspecciones de trabajo ordenadas por la ministra Yolanda Díaz, la nueva dirigente de Unidas Podemos.
El ministro de Agricultura, el socialista Luis Planas, que mantiene buenas relaciones con las organizaciones agrarias no ha querido intervenir en el conflicto que se suma al que provocó el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con su campaña contra el consumo de carne, que obligó al propio ministro y al presidente del Gobierno, a salir en defensa de los ganaderos y productores de carne.
Ya en enero de 2020, en pleno conflicto agrario, la propia titular de Trabajo vetó a última hora la presencia de Asaja en la primera reunión que iba a mantener el sector agrario con los sindicatos en el Ministerio. Días antes el secretario general de la UGT, Pepe Alvarez, había rechazado las manifestaciones agrícolas afirmando que estaban dirigidas por los terratenientes.
“Una vez más, el campo español se ha visto señalado por el ministerio de Trabajo, en un nuevo intento por criminalizar a los agricultores. –afirma la Aosciación Agraria Asaja, que dirige Pedo Barato,. La ministra y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acaba de anunciar un Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para perseguir a aquellas empresas que no garanticen la seguridad de los trabajadores frente a posibles golpes de calor. ASAJA rechaza enérgicamente esta forma de proceder que refleja una completa desconfianza y un profundo desconocimiento del sector agrario”.
El Ministerio de Yolanda Díaz inició hace un año las campañas inspectoras, que incluían un cuestionario para detectar casos de “esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas. Posteriormente se ha abierto una campaña de control del fraude en la contratación temporal y el sector agrario ha sufrido una persecución por parte de la Inspección de Trabajo.
En este nuevo Plan -afirma Asaja- la Inspección utiliza el sistema de envío masivo de cartas, pretendidamente informativas y de advertencia de la necesidad de cumplir ciertas indicaciones. Sin embargo, las cartas van acompañadas siempre de amenazas de imposición de elevadísimas multas. En un año los agricultores y ganaderos han recibido más cartas de este Organismo que en el conjunto de los diez años anteriores”.
Los directivos de Asaja denuncian que “se presentan como medidas pretendidamente novedosas garantes de la seguridad de los trabajadores agrarios lo que son simples obligaciones legales y convencionales sobradamente conocidas por los empresarios y trabajadores, puesto que están debidamente interiorizadas e incorporadas a la negociación colectiva, así como a los correspondientes planes de prevención de riesgos laborales, como no podía ser de otra forma”.
El gobierno de Pedro Sánchez mantiene, hasta ahora sin graves problemas, una doble cara por un lado los ministros de Podemos tienen luz verde para llevar a cabo sus planes reformistas; y, por otro, el propio Sánchez y los ministros socialistas hacen que no se enteran de lo que hace su mano izquierda y si hace falta lo rechazan aunque sin obligar a rectificar dichos planes.