Para que todos entendiéramos el cambio que se ha producido en el partido referencia de la derecha española, el número dos real del PP, Elias Bendodo, ha insistido en los dos términos políticos que diferencian a un Estado de una Nación. España es un Estado de Naciones. Abierto el melón de las reivindicaciones históricas tenemos que aceptar que en este país nuestro vamos a tener, por lo menos, siete u ocho Naciones y que varias de nuestras Comunidades Autónomas se verán obligadas a compartir nacionalidad pero no gobierno.
Si Cataluña es una Nación, ¿ cómo vamos a negar eso mismo a Euskadi, a Galicia, a la suma de las dos Castillas a las que habría que incorporar, por lo menos a la actual Cantabria y al origen más o menos aceptado de esta España con el mítico don Pelayo, que es Asturias ?. Sigamos: ¿ Qué hacemos con Extremadura y con La Rioja, las incorporamos como territorios de otras Naciones ?. Murcia fue Reino, al igual que Valencia, ¿ las consideramos Naciones ?, ¿se consideran hoy ellas mismas Naciones?. Los territorios o tierras que abarcaban hace siglos no son los de hoy.
Andalucía se incorporó a las llamadas Comunidades históricas por el famoso artículo 151 de la Constitución, en lugar de hacerlo por el 143, ambos superados en la realidad por el propio desarrollo de los 17 Estatutos, pero realmente, si recurrimos a la historia, ¿ podemos decir que Andalucía era y es una Nación ?. Más leña para el fuego que han prendido los dirigentes del PP en busca de los futuros votos que les lleven al Gobierno del Estado: ¿ Podemos decir que Cataluña es una nación y no decir lo mismo de Aragón?.
Si buscamos otras señas de identidad como pueden ser la lengua y las costumbres e incluso las diferencias en el tratamiento fiscal y judicial de sus ciudadanos, tendremos que nuestras actual Constitución debería cambiarse con la misma rapidez con la que se están aprobando la utilización oficial de las lenguas en Asturias, en Aragón, en las Islas Baleares y en Valencia con sus diferencias perceptibles respecto al catalán. El “castuero “ está esperando en Extremadura y así hasta casi el infinito. Se trata de cambiar la realidad histórica por una nueva realidad política que ayude a los gobernantes a primar lo diferencial frente a lo común, una forma de dividir al Estado hasta mucho más allá de las actuales 17 Comunidades Autónomas.
Más preguntas: ¿ Quién tiene más derechos históricos León o La Rioja ?. ¿Existió Extremadura como realidad diferenciada en algún momento previo a la llegada al poder de la dinastía Borbón, por colocar una fecha, año 1700, de la que partir con la consiguiente división provincial que se extendería hasta el último tercio del siglo XX?. Las respuestas, se hagan desde la más extrema de las derechas hasta la más extrema de las izquierdas, dejarán al desnudo las claras intenciones partidistas y coyunturales de los actuales partidos políticos con la única intención de conseguir más votos y más poder.
Tras ese primer objetivo aparecerá el segundo, el reparto del botín de los bienes colectivos, incluso cuando ese botín es exiguo y exige un endeudamiento insostenible y una pérdida de los derechos sociales que afecta a la vida diaria de los ciudadanos. Gastos inútiles que limitan el crecimiento y el bienestar, que benefician a una minoría y que permiten el mantenimiento de las diferencias sociales en educación, en sanidad, en investigación, en futuro.
Se entiende mejor desde esa perspectiva la obsesión que existe entre la gran mayoría de los dirigentes políticos de renunciar al español como término de uso del lenguaje común para intentar erradicarlo de las escuelas y enseñanzas de varias Comunidades, y de borrarlo para ser sustituido en igualdad de condiciones de uso - otro error histórico y económico - con el castellano, el catalán, el bable… Sin idioma común no hay Nación común, ni historia común, ni proyecto común. El Estado se convierte en sujeto producto de la suma de nacionalidades, sin que ese proceso haya nacido desde la asunción de esa forma jurídica por parte de esas mismas nacionalidades.