Ocho hombres cargados de buena voluntad y un pésimo sentido de la historia son los responsables del proceso autodestructivo en el que España lleva instalada desde hace 45 años, sin que se vean soluciones sino más bien empeoramientos. En tres años cometieron dos graves errores: quisieron romper con 40 años de franquismo, quisieron tender un largo puente entre la II República y la restaurada Monarquía y lo que lograron fue abrir la Caja de Pandora en la que estaban encerrados todos y cada uno de nuestros viejos y destructivos demonios familiares.
En 39 palabras, las que aparecen en el artículo 3 de nuestra Constitución, los siete políticos considerados “ padres “ de la Carta Magna de la Democracia española colocaron varias “ cargas de relojería” que han ido cumpliendo su tal vez no deseada misión, desde la aprobación en Referendum en 1978 hasta hoy. Dos años más tarde, un ministro del entonces gobierno de la Unión de Centro Democrático, quiso y consiguió que sus efectos se extendieran por cada rincón de una España que ya estaba condenada a desaparecer tal y como se la conocía.
Las señas de identidad común conseguidas a lo largo y ancho de cinco siglos comenzaron a borrarse. La primera víctima de aquel “desatino político, social, económico y cultural “ fue una palabra, sólo una palabra, siete letras que llegados a este nuestro hoy de 2022 cuesta pronunciarla en la vida pública: “español”. Si se hace, de forma inmediata aparecen los adjetivos difamatorios e imposibles de defender con el mínimo sentido de la razón: fascista, opresor, retrógrado, ultra… sin que sirva la historia y los nombres de los españoles de los que todos podemos sentirnos orgullosos para evitarlo. La ignorancia basada en la falta alarmante de educación ha ido creciendo a través de cada una de las reformas del Sistema educativo que se ha sucedido en nuestro país.
A nadie en el Reino Unido, ni en Gales, ni en Inglaterra, ni en Escocia, ni en Irlanda se le ocurriría plantear y menos aún aprobar leyes que impidieran el estudio y la utilización del inglés como lengua común, y hacerlo compatible con el uso en cada uno de los territorios del galés, el escocés o el irlandés. A ninguno de sus dirigentes políticos, nacionalistas incluidos, se les ocurriría “tirar se piedras a sus propios tejados “ limitando el conocimiento de las generaciones futuras y destruyendo una poderosa “arma económica y cultural” como es el inglés. Podemos hacer una inacabable lista de países con las mismas consideraciones. Aquí, en España, algunos se empeñan en hacer justo lo contrario y el origen del mal está en esas 39 palabras mal cosidas.
Estoy convencido que tanto Manuel Fraga, Miguel Herrero de Miñón, Gabriel Cisneros y José Pedro Pérez-Llorca, por parte de la derecha, como Gregorio Peces Barba y Jordi Solé Tura, por parte de la izquierda, con el añadido de Miquel Roca como representante de un moderado nacionalismo catalán, pensaron que ese artículo Tercero por el que desaparecía “jurídicamente” el español y aparecían en igualdad de condiciones el castellano, el catalán, el gallego y el euskera era una forma de recuperar en la nueva Democracia las diferencias regionales que la Dictadura había silenciado, pero que en mayor o menor importancia seguía vivas y se prácticaban en sus respectivos territorios.
Los “padres de la Constitución” tenían tantas ganas de enterrar el pasado reciente que se olvidaron de pensar en las consecuencias futuras que iban a tener esas 39 palabras: “ el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocer la y el derecha a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos “. Parece mentira al leer y releer ese texto que tantos juristas de acredita formación no se dieran cuenta de hasta qué punto las palabras y el contexto en el que se escribven y pronuncian pueden retorcer hasta hacer irreconocible el propósito inicial de las mismas.
Dos años más tarde, el ministro de la UCD, Manuel Clavero Arévalo, terminaba de encajar las piezas del andamiaje estructural de la nueva España creando con el ”café para todos” las bases para que surgieran de hecho y a través de sucesivas reformas de sus Estatutos 17 Naciones, cada una empeñada en diferenciarse de las demás, con unos dirigentes políticos que descubrieron en las reivindicaciones territoriales una fuente inacabable de votos con los que, de paso, se aseguraban sillones parlamentarios y puestos en los 17 gobiernos. Una suma de despropósitos que ha desnaturalizado la esencia de una Nación que a trancas y barrancas ha ido construyendo sus propias y comunes señas de identidad, sin por eso anular las diferencias que enriquecen a todos.
Dos graves errores que tienen muy difícil corrección. Para desgracia colectiva. Semilla de los enfrentamientos actuales y de los inconcebibles deseos futuros de destruir lo que españoles de todos los colores políticos y nacidos en todos y cada uno de los territorios de las actuales 17 Comunidades Autónomas han conseguido. No se trata de elegir entre Monarquía y República como pretenden algunos ciegos de calendario; ni de negar la riqueza linguística y cultural que hace grande a esta nuestra España. Se trata, simplemente, de no hacer el ridículo e impedir que las nuevas generaciones no sepan de dónde vienen a hasta dónde pueden y deberían llegar.