Nada ha cambiado, con cuatro elecciones generales por medio y dos cambios en el palacio de La Moncloa. Dentro de dos meses hará seis años que la Judicatura en su máximo órgano está en crisis por no ser capaz de renovar a sus integrantes. Son veinte nombres. Todos tienen grandes carreras jurídicas a sus espaldas. Los veinte fueron elegidos por el Parlamento . Por tres caminos diferentes. Deberían haberse marchado de sus puestos hace 48 meses. Unos no quieren y a otros no les dejan. Se han convertido en veinte problemas para España y su democracia.
El Congreso y el Senado son culpables desde la política. Llevan así desde hace 35 años, tras el primer desencuentro entre Felipe González y Manuel Fraga, perpetuado por Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez. El propio Consejo lo es desde la Judicatura bajo la apariencia de impedir un vacio constitucional, que siempre se ha solucionado. Las poderosas Asociaciones judiciales están detrás del escenario ejerciendo su poder en las sombras
Podrían dimitir en Bloque y crear una crisis institucional que obligara a Sánchez y Feijóo a ponerse de acuerdo o cargar con la vergüenza. Su presidente, Carlos Lesmes ha dicho que no lo harán para no dañar a la democracia. Se olvida que un antecesor suyo en el puesto, Pascual Sala, lo llevó a cabo y obligó a los partidos a pactar ante el “agujero” que se había creado en uno de los tres pilares de la Democracia.
Los tres últimos presidentes del PP han puesto como condición para llegar al necesario pacto entre socialistas y populares, un cambio previo que no aparece en la Constitución por más que intenten acogerse a ella. El presidente del Gobierno quiere primero el acuerdo para cambiar el Consejo y luego ya se hablará de las modificaciones del sistema. Tras lo visto y oído en el debate del Senado no parece que ninguno esté dispuesto a cambiar de postura. Tendrán que obligarlos los propios jueces, si quieren y se atreven.
Tres culpables que se lanzan las culpas unos a otros. Lesmes - que pudo haber sido cambiado junto a los otros diecinuve compañeros en un primer acuerdo entre PSOE y PP - hace de presidente/portavoz y ha cerrado hasta ahora la posibilidad de una dimisión en bloque. Casado, primero y Feijóo después insisten en que desde el primer partido de la oposición y posible partido de gobierno quieren que sean los jueces quieres elijan a su Consejo, sin detallar la fórmula de elección de los 12 jueces y magistrados que aparecen en la Constitución, al margen de los 8 que deben elegir entre el Congreso y el Senado.
Los 20 forman el Consejo General del Poder Judicial, una institución “peculiar” creada en nuestra Constitución para separar los poderes y dar más libertad a los jueces. Al principio - esa es ya la vieja historia democrática - eran 8 personas de reconocido prestigio en el mundo judicial los que elegía la clase política a través del órgano de la soberanía nacional que son las Cortes Generales. Los otros doce los elegían los propios jueces.
Así funcionó durante los primeros cinco años, de 1980 a 1985, el tiempo de sus mandatos. Luego, con el PSOE en el poder, Felipe González de presidente y Fernando Ledesma de ministro de Justicia, se cambió la fórmula, Avalada por el tribunal Constitucional a solicitud de la entonces Alianza Popular de Manuel Fraga. Los doce miembros provenientes de la Magistratura, en todos sus niveles, los eligirían también las Cortes. El PSOE de las mayorías absolutas pactó con el primer partido de la oposición el reparto de los sillones: 14 para los nombres que proponían los socialistas; seis para los que iban a “representar” a la oposición conservadora.
Durante quince años el sistema se mantuvo. Los dos grandes partidos sumaban los tres quintos necesarios y terminaban poniéndose de acuerdo. En 2001, con el PP en el Poder, con José María Aznar de presidente, y Alberto Ruíz Gallardón como ministro de Justicia, se volvió a cambiar el sistema. Se mantuvo la elección de los 12 magistrados por el Parlamento pero debería hacerse entre los 36 nombres que propuiseran las Asociaciones de jueces. Un Matiz que mantuvo a la política y a los partidos como parte esencial del control del sistema judicial.
Para llegar a ese número de 36 se adoptó un camino que favorecía a los jueces que pertenecíán a alguna asociación, pese a que la mitad de ellos no pertenece a ninguna. A la Asociación Profesional de la Magistratura se le asignaron diez; a la de Jueces por la Democracia cuatro; y a la Francisco de Vitoria otros 4.
La otra mitad provendría de candidaturas en solitario e independientes. Muchas normas para llegar aún único resultado, que es el que se mantiene hasta hoy: los dos grandes partidos pactan los nombramientos y el número depende que cuál de ellos gobierna en ese momento.
Hoy por hoy no existe otro camino: o se pacta o se eternizan en su sillón los últimos elegidos. En eso estamos y parece que el bloqueo permanecerá hasta las próximas elecciones generales. Ni los miembros del CGPJ quieren irse dando un sonoro portazo, ni Sánchez quiere dar la impresión de que su rival le dobla el pulso. Ni Feijóo quiere renovar y espera a hacerlo cuando él esté sentado en La Moncloa. Sus promesas son las mismas que hizo Mariano Rajoy antes de ganar las elecciones en 2011. Luego dejó todo como estaba.
Los que están en el escenario son bien visibles y críticables. Mucho más los dirigentes políticos. Entre bastidores están las tres grandes asociaciones, con cerca de la mitad de los Asociados en la APM que dirige un Comité Ejecuitvo de diez miembro; un 30% en la Francisco de Vitoria en la que al frente están Jorge Fernández Vaquero, Jorge Riestra y Carlos Viader; y un 15% en Jueces para la Democracia, en cuyo Secretariado Permanente están Ascensión Martín, Fernando de la Fuente y Rosario Garcia.
Existe desde hace años una clara mayoría conservadora con más del 70 por ciento y que es la razón profunda del enfrentamiento político. Se produjo durante los gobiernos de Aznar y Rajoy y desde entonces, tanto con Zapatero como con Sánchez la izquierda no quiere dejar el CGPJ en manos de la derecha a través de lo que consideran una elección gremialista, mientras que la derecha cree que por ese camino estarán mejor representados sus intereses.
Todo lo demás son adornos dialécticos. Sin olvidar que en los distintos tribunales existen sumarios que afectan de forma directa a los dirigentes políticos, y que la Justicia, con mayúsculas y tal y como está representada, debería ser ciega pero una gran parte de las veces se queda en tuerta.