Reunidos en el palacio de La Moncloa, el presidente del Gobierno y el presidente del PP se disponen a pactar la sexta modificación de la Ley del Consejo General del Poder Judicial, que nació en 1985 con el PSOE de Felipe González en el poder, que cambió una vez con el PP de José María Aznar, que volvió a hacerlo con Mariano Rajoy, y que lo ha hecho por tres veces con Pedro Sánchez. Todas encaminadas a mayor control político y con la resistencia de la parte más conservadora de los jueces.
Obligados por la Unión Europea, los dirigentes políticos de los dos grandes partidos no tienen más remedio que lograr un acuerdo de mínimos que, en realidad., será volver al reparto de influencias en la Judicatura que se pacto entre Felipe González y Manuel Fraga.
Veinte vocales más el presidente que se escogen entre jueces y juristas de reconocido prestigio. El actual obedece al “reparto” que se hizo en 2013 durante el gobierno de Rajoy y por el que el PP elegió a once miembros del CGPJ, el PSOE de Pérez Rubalcaba a siete, Izquierda Unida a uno, el PNV a uno y la e tinta CiU a otro.
Apartir de ese momento desde la izquierda se exigía mayor control del máximo órgano de poder de la Judicatura mientras que desde la derecha se insistía en dejar a los jueces la elección total de esa misma cúpula de poder.
Todos los miembros del Consejo se eligen por un periodo de cinco años, que en esta ocasión se ha ido alargando hasta llegar a los nueve. Si el presidente y los veinte miembros hubiese cesado en su cargo la crisis que se intenta resolver ahora se habría resuelto en 2018, dejando a la clase politica con la responsabilidad de negociar y pactar los nombramientos.
No lo hizo Lesmes, ni lo hicieron los elegidos por el PP, desde Juan Martínez Moya a María Angeles Carmona, pasando por Carmen lo para y Rafael Fernández Valverde o Vicente Guilarte; tampoco los siete que le debían el puesto al PSOE: Rafael Mozo, Alvaro Cuesta o Roser Bach y María del Mar Cabrejas. Tampoco lo hicieron María Concepción Sáez, que es a quien eligió Izquierda Unida, ni Enrique Lucas Murillo, que fue la elección del PNV.
Los jueces argumentaron durante cuatro años que no se marcha ban por no dejar a la Judicatura sin su máximo órgano rector ya que ni los presidentes del Congreso y del Senado, que son los encargados de organizar los pactos, habían sido capaces de cumplir con esa misión.
Por parte de los dirigentes de los dos grandes partidos de lo que se trataba era de controlar ese poder para intervenir en el futuro de las causas judiciales que les afectaban. Así de complicado y al mismo tiempo simple que es el mundo del poder cuando la libertad de los tres poderes del estado desaparece y el poder ejecutivo se impone a los otros dos, sobre todo al juidicial.
Lo probable es que Sánchez y Feijóo, por mucho que les piden los otros partidos, con presencia o no en el Gobierno, acuerdel un nuevo reparto y dejen para “un después” la reforma del sistema de elección.
Primero cambiar los nombres para que el sector conservador pierda poder y lo gane el sector progresista, buscar un empate; y dentro de unos meses, con elecciones o sin ellas, dejar una parte del poder Judicial en manos de los propios jueces y reservar otra parte, que seguirá siendo mayoritaria, a la clase política a través de las elección que tomen el Congreso y el Senado sobre listas previos que provengan del propio sector judicial.
Demasiada política por medio, demasiados intereses partidistas, demasiado poder en juego. Aparecerán en los próximos dias nuevos nombres que sustituirán a los actuales, pero volveremos al viejo aforismo del “gatopardismo”: que todo cambie para que nada cambie. Y cuatro años perdidos y una enorme pérdida de credibilidad para ese ancla de la democracia que es la Justicia.