La amnesia se ha apoderado de la política española. Un grave problema de memoria que afecta sobre todo a ocho partidos y en particular al PSOE. La enfermedad, que se ha hecho visible en estos últimos días, afecta a una cuarta parte del Gabinete de Pedro Sánchez y no ha tardado en contangiar a la mayor parte de los líderes, que se esfuerzan por señalar que el virus proviene de la ministra Irene Montero, al igual que el Covid 19 llegó desde China.
La pandemia afecta de forma directa a las tres áreas del cerebro en las que las neuronas se asocian para conformar la memoria. Están tan recientes los síntomas que han aparecido en nuestra clase política que es difícil saber qué área es la más afectada, si el hipocampo, la corteza pre frontal o la amígdala, que es la más emocional. Los síntomas se transfieren con enorme rapidez y los contagios ya se han hecho visibles en toda España.
El laboratorio político que aparece como culpable único y, por tanto, responsable de los perniciosos efectos que está teniendo sobre la vida pública española, con preocupante incidencia en uno de sus pilares como es el Poder Judicial, lo han situado en el Ministerio de Igualdad. Ahí es cuando la amnesia se apodera de las células cerebrales de la mayoría de los llamados padres de la Patria. Se salvan aquellos que el 25 de agosto de este 2022 decidieron oponerse a la ingesta masiva del medicamento jurídico que la señora ministra y su equipo habían estado desarrollando durante dos años y medio.
Ese 25 de agosto, cuya fecha y los efectos de la votación aprobatoria de la Ley del “sólo el sí es sí” parecen haberse olvidado, 205 diputados sentados en el Congreso de los Diputados dijeron que sí, que el texto - que ya había pasado por el Senado y devuelto al Hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo para su aprobación definitiva - les parecía bien.
Lo hicieron todos los representantes del PSOE, todos los de Unidas Podemos, todos los de ERC, todos los de Bildu, todos los del PNV, todos los de Ciudadanos y casi todos los del Grupo Mixto. Los 140 representantes del Partido Popular y Vox dijeron que no y, como curiosidad, los dos de la CUP se abstuvieron.
Hoy, tres meses más tarde, los sies se han convertido en noes y los mismos políticos que lograron que la sonrisa asomara en el rostro de Irene Montero, mientras la presidenta Meritxell Batet hacía público el resultado de la votación, están más que dispuestos a traicionarse a sí mismos y apoyar y casi presionar para que sean los jueces los que tumben y debiliten la Ley.
Los encargados de redactar las normas legales que rigen un país se refugian en la enfermedad que afecta a su memoria con tal de no aceptar su responsabilidad en haber dado convertirá legal a una Ley que, al margen de los efectos neuronales que se aprecían en gran parte de nuestra clase política, era y es una mala Ley que nunca debería haber sido aprobada en el Congreso. Lo hicieron y por ello su cobardía, que no su memoria, es más evidente.
La Ley se aprobó para mantener la mayoría absoluta de que goza el Gobierno con sus socios de investidura. Los 205 votos afirmativos lo dicen con enorme claridad. Y lo hicieron tanto los represented de las formaciones de izquierdas como los de algunas derechas, sobre todo las que representan a Cataluña y Euskadi. Se avergüenzan de lo que hicieron, con la vista puesta en las futuras elecciones y el choque frontal con la mayoría de los jueces, y han decidido que la única responsable, la que debe cargar con todas las culpas, incluídas las interpretaciones que se están haciendo desde los distintos niveles de los tribunales y los hambrientos medios de comunicación, es Irene Montero, culpas que por extensión alcanzan a casi todos los que hoy están en la Cámara Baja al presentarse bajo las siglas de Unidas Podemos, con la vicepresidenta Yolanda Díaz al frente, tal vez la posición más sonrojante de todas.
El presidente Sánchez se mantiene en silencio sobre el tema, que para eso ya están sus ministras, desde la Portavoz a la titular de Hacienda. Puede que se hable dentro de unas semanas, cuando tenga que abordar, en pequeño o en grande, la remodelación del Gobierno por la presencia de una o varios ministros en las listas electorales del próximo mayo. Mientras tanto, el desgaste, el bombardeo calculado sobre la coalición que nació desde las protestas del 15M, seguirá hasta conseguir su desaparición o, al menos, su irrelevancia en la vida política nacional. Le queda al consuelo a la ministra y a su compañera en el Consejo de Ministros, Ione Belarra, que la amnesia colectiva se anunció antes con los dos noes que consiguió Pablo Iglesias en su intento de regresar a la Universidad.