No fue posible por lo tanto comprobar cómo había sentado en el ánimo de los españoles la insistencia de Petro en culparles de feudales y explotadores, que habían impuesto un yugo de siglos de colonialismo a los indígenas, acusaciones que el mandatario colombiano lanzó antes de emprender viaje y reiteró después, una vez en el suelo que le acogió con todos los honores.
Petro, al que le bastaron poco más del 25% de los votos para alzarse con la Presidencia de Colombia, se mostraría después más amable en sus encuentros con el rey y el presidente del Gobierno, aludiendo a la cooperación entre los dos pueblos, a que España facilite en su presidencia europea una mayor atención hacia América Latina y a que los inversores redoblen su apuesta por el país que ahora él dirige.
Antes de abandonar España y abordar la escalerilla del avión que le llevaría a Lisboa, para celebrar entrevistas con el primer ministro, Antonio Costa, y el presidente, Antonio Rebelo de Sousa, Gustavo Petro se enzarzó contra el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, que le había motejado de “dictador”. El choque se había iniciado antes del viaje de Petro a España, a propósito del denominado Clan del Golfo, considerado actualmente el grupo más poderoso del narcotráfico colombiano.
Barbosa había expresado serias reservas sobre las decisiones del jefe del Estado colombiano en el marco de su política de “paz total”. Petro había contratacado acusando a la Fiscalía de no haberle informado de las pesquisas en curso respecto de una operación de los narcoterroristas del citado clan en la que habrían muerto doscientas personas. En el cruce de declaraciones, Gustavo Petro había parafraseado a Pedro Sánchez –“¿de quién depende la Fiscalía, eh? Pues, éso”- recordándole a Barbosa que “su jefe es el presidente de la República”. El fiscal general contratacó, ya con Petro en España, rechazando aceptar esa jerarquía: “[El presidente] no es mi jefe, ni tampoco de la Fiscalía, él tiene unas competencias y yo otras”.
Aún en Portugal, Petro lanzó un comunicado en el que bajó su inicial nivel de agresividad: “Es verdad -afirma- que en términos generales, el Fiscal no está subordinado a funcionario alguno, pero sí que está subordinado a la Constitución y a la ley”.
El presidente colombiano quiso atemperar la tensión, una vez que el Tribunal Supremo de Justicia había manifestado su “inquietud” por las manifestaciones de Petro, reprochándole “su errada interpretación del artículo de la Constitución”, en el que se establece la jerarquía del funcionamiento judicial.
El presidente del Tribunal, Fernando Castillo, remachó el clavo al firmar un escrito en el que se afirma que Petro demuestra “desconocer la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la Democracia colombiana y pilar esencial del Estado Social de Derecho”. El Supremo respaldaba así al fiscal general de la Nación, tras asegurar que “no tiene superior jerárquico y que su elección compete exclusivamente al Tribunal Supremo de Justicia. Es un funcionario cuya misión está claramente regulada y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama Judicial”.
El Poder Judicial de Colombia, al igual que el de sus homólogos de los países iberoamericanos dominados por la revolución bolivariana, teme que Petro lance una ofensiva para convertirlo en un apéndice del Poder Ejecutivo, que se limite a certificar la constitucionalidad de los cambios radicales que se propone, al socaire de su plan de paz total y de lucha contra el cambio climático. Pesa, además, en su memoria, el asalto realizado en 1985 contra el Palacio de Justicia por el M-19, movimiento guerrillero y/o terrorista según la óptica de quién lo describa. En aquella operación murieron más de cien personas, y Gustavo Petro, miembro entonces de aquel grupo, nunca condenó el ataque.
Ahora, el señalamiento de Petro al fiscal general, casi al modo se los apuntamientos personales que hace su colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en sus largas peroratas matutinas, ha provocado que Francisco Barbosa saque a su familia del país “ante el temor de que sean asesinados”. Eventualidad de la que Barbosa acusa directamente, caso de que se produzca, al propio presidente Petro.