Puede que en ese 2019 su oferta a Miquel Iceta para presidir el Senado fuera sincera y que pensara que ni Esquerra, ni el PdeCat se opondrían dada la tradición imperante en el Parlament de respetar los nombres que proponen cada grupo. Demasiado simplista y arriesgado si se contempla el escenario en su conjunto, con un juicio en el Supremo, nuevas imputaciones de la Fiscalía y dudas sobre la legalidad de la candidatura de Puigdemont para Europa. Si informó o no de sus intenciones al Rey es otra de las preguntas que necesitarían una respuesta.
Cuatro años más tarde podemos estar en la misma situación, con el inconveniente para el líder socialista que el Senado va a estar controlado por una mayoría absoluta del Partido Popular, mientras que el cambio de Meritsell Batet por Francina Armengol mantiene ese carácter federalista y nacionalista que asomaba entre los dirigentes del PSOE tras la llegada de Sánchez al poder.
La mínima prudencia habría llevado a una “consulta” previa, a un pacto de no agresión con el máximo representante del PSC en el centro, una persona que ha dado muchas y evidentes muestras de querer llegar a un acuerdo con los independentistas para desbloquear la situación en Cataluña; y dispuesto a favorecer un posterior indulto de los posibles condenados por los hechos del 1 de octubre de 2017. Más parecidos entre lo que se pensaba y pasaba en 2019 y lo que se piensa y pasa en 2023 es imposible.
Si Pedro Sánchez pecó de exceso de confianza en sus intenciones, la reacción posterior con las propuestas de Meritxell Batet y Manuel Cruz volvieron e mandar un mensaje a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras: Cataluña se va a mantener como una parte importante del Estado sin nuevas aventuras, ni sueños que choquen con la realidad.
Más presencia política en Madrid y en Europa. Más Cataluña en definitiva, pero una Cataluña integradora y no rupturista; una Cataluña que sume y no reste. Por encima de otras autonomías y regiones, si, pero inclusiva. Las respuestas desde Junts y desde ERC se han mantenido durante todo el tiempo, con elecciones generales y autonómicas por medio.
El concepto que desde sectores de la izquierda y la derecha más radical se quiere “introducir” en la vida política española: “el regimen del 78” es claramente rupturista respecto a la Transición y peyorativo respecto a la Constitución elaborada y votada en ese año. Se intentan olvidar los 40 años transcurridos desde entonces y llevar a España a un nuevo proceso que cambie de forma radical los pactos económicos, sociales, religiosos y hasta militares que hicieron posible pasar de la dictadura a la democracia con riesgos mínimos y el recuerdo de la Guerra Civil muy presente en la mente de los dirigentes políticos, tanto de los que salían del franquismo como de los que regresaban del exilio forzado.
Conviene que desde la Jefatura del Estado y desde las direcciones de los partidos políticos se examine con profundidad nuestra historia. También desde los despachos de las grandes compañías y entidades financieras. Parece que esa es la idea del presidente del Gobierno y de los que le asesoran. De ahí su elección para el Congreso tras la pérdida del gobierno en Baleares y la obtención por parte del PP de la mayoría absoluta en el Senado, dos hechos con los que no contaba pero que se han convertido en muy reales.
Al margen del interés a muy corto plazo que representan la formación del Gobierno y las elecciones autonómicas, y europeas de junio de 2024. Sánchez está mirando a la República y sus fundamentos federalistas, pero no a la Segunda, a la que desembocó en el enfrentamiento civil entre españoles.
Está mirando a la Primera, a la que dotó de filosofía y basamento político Francesc Pi i Margall, el catalán que intentó defenderla de varios intentos de golpe de estado desde su puesto de ministro de Gobernación, primero, y durante 37 días como presidente del Gobierno tras la huída a la carrera y en tren de otro catalán, Estanislao Figueras, cansado éste de los enfrentamientos internos en el Gabinete.
Por sus dichos y escritos los conoceréis. Y el filósofo y catedrático Manuel Cruz - más que su compañera de “tandem” presidencial - , como estudioso y discípulo de los federalistas catalanes de finales del siglo XIX lo lleva diciendo desde hace años: el encaje de Cataluña en España solo será real a través de una Monarquía federal, que ve posible a través de una modificación puntual y profunda del Título VIII de nuestra Constitución y sin necesidad de un referendum traumático y maximalista. Mover la estructura del Estado y acomodarla a los tiempos en que vivimos para evitar que se derrumbe o paralice la necesaria convivencia entre todos los españoles, en los que incluye desde canarios a catalanes, desde andaluces a vascos, desde valencianos a gallegos.
Ese federalismo, que en la segunda parte del siglo XIX intentó impregnar Pi y Margall en las estructuras del estado durante la breve existencia de la I República española, es el que está “resucitando” en este inicio de nuestro siglo XXI. Con una Reina y 5 Reyes por medio, conspiraciones e intentos de golpe de estado difíciles de contabilizar, y una larguísima dictadura felizmente superada no es conveniente olvidar lo que ha sucedido en la vida pública de esta país al que de forma continua y sin respiros se le quiere cambiar de piel.
Ese escenario es real y posible. Va a ser el de la Legislatura que comienza. Sacar a pasear a la República como forma de gobierno a través de una nueva Constitución sería tan traumático y lesivo para España como querer mantener a la Monarquía dentro del arcón constitucional de 1978. Cambiar va a ser necesario. Y los encargados de hacerlo tendrán que pensar en la historia para no amargarnos el futuro.