Sin el contrato político, jurídico, económico y social con el líder de Junts el presidente en funciones no tendría más remedio que resignarse a unas nuevas elecciones generales a mediados de enero. Nacido con forceps ese contrato tampoco valdría de nada sin los otros cinco, de los que sabemos muy poco, ni los españoles en general, ni los votantes del PSOE y sus militantes en particular.
Sabemos que el socio independentista de Junts , la ERC de Orión Junqueras y Pere Aragonés, ya han conseguido una quita financiera de 15.000 millones de euros, que alguien tendrá que pagar en un Estado que ya arrastra una deuda superior al billón y medio de euros; y que los tres es de Cercanías pasarán a ser propiedad de la Generalitat.
Nada sabemos de los contratos vascos, que son menos ruidosos pero que siempre se han mostrado muy eficaces para sus redactores en Euskadi. Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu no van a ser menos que sus colegas catalanes, eso hay que darlo por seguro, al igual que se tiene que partir de lo conseguido por Puigdemont para ver hasta dónde van a llegar los Arnaldo Otegui y compañía para hacer visible la importancia que ya tienen a la hora de permitir un gobierno u otro.
Ya tenemos cuatro contratos políticos que van a resultar muy onerosos e injustos para el país, que se van a conseguir con apenas 25 escaños en el Congreso. Algo arañará un quinto, el del Bloque Nacionalista Gallego de cara a sus futuras elecciones autonómicas, pero Sánchez podría ahorrárselo, si bien es posible que su vicepresidenta segunda, no.
Queda el sexto, el más importante y el más difícil por los 31 escaños que tiene en su poder Yolanda Díaz, a la que Puigdemont ha hecho un gran favor. Con Junts firmando los deseos y presiones de podemos dentro del conglomerado de Sumar pierden importancia. Desde Pablo Iglesias a Ione Belarra pueden exigir, denunciar y ambicionar que se les respeten en un futuro gobierno y en el resto de puestos que conlleva el reparto de carteras, pero han perdido la batalla contra la vicepresidenta y lo mejor que les puede pasar es que Sánchez no consiga la investidura y haya que celebrar nuevas elecciones. Lo aprovecharían para dinamizar el endeble encaje de intereses personales que es Sumar.
Seis contratos que se convierten en dogmas de fé para todos los militantes del PSOE y para una gran mayoría de sus votantes e incluso para una gran mayoría de los españoles que votaron en julio a la izquierda, que unos llaman plural y otros global, pero que es la misma que considera al PP de Feijóo y al Vox de Abascal como representantes del mal, sin bien alguno que ofrecer a los ciudadanos. Bien es cierto que se les paga o se les cobra con odémtica mnedmisma moneda