La “Declaración de Córdoba“, con su manifiesto firmado por el presidente del Partido Popular y los once presidentes autonómicos que gobiernan en ese mismo número de Comunidades, más los de Ceuta y Melilla, es tan sólo un capítulo más y más grave de todos los que se vienen sucediendo desde el uno de junio de 2018, el día en el que el Gobierno de Mariano Rajoy, que había vencido en las dos últimas convocatorias de elecciones generales, pero sin la mayoría absoluta, comprobó cómo 180 diputados aprobaban la moción de censura que había presentado el PSOE y que llevó a Pedro Sánchez al palacio de La Moncloa.
Ese día comenzó la larga, sangrienta, inaudita guerra en la que están empeñados los dos grandes partidos que se han alternado en el poder desde 1982 hasta hoy. Una montaña rusa de victorias y derrotas, de muertes políticas, de aparición y desaparición de dirigentes como Albert Rivera, Pablo Casado, Pablo Iglesias… la lista es muy larga y no merece la pena extenderse en ese mundo de traiciones, huidas y destrucción que han acusado en el cuerpo del Estado.
Dos elecciones generales en 2019 sirvieron para que el PP se desmoronara hasta los 66 diputados en el Congreso en el mes de abril, y perdiera la mayoría de los gobiernos autonómicos que detentaba desde los días gloriosos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Llegó la recuperación de salto en salto: 89 diputados en noviembre, hasta la victoria por 137 escaños en julio de 2023. El PSOE de Pedro Sánchez, mientras tanto, se estancó entre los 120 y los 123 representantes. Con esas cifras, las más pequeñas que ha tenido un partido para conseguir el poder, el Secretario General de los socialistas no tuvo más remedio que negociar con todas las fuerzas y partidos que estaban dispuestos a ayudarle para permanecer al frente del Gobierno. Todo tuvo y tiene un precio, que se ha vuelto más caro en el transcurso de estos casi seis años.
La amenaza del presidente del Senado, Pedro Rollán, la Cámara en la que el PP tiene una holgada mayoría absoluta, de vetar los Presupuestos Generales del Estado y obligar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su idoneidad al no incorporar la senda del déficit, que se incorpora a la propia capacidad de endeudamiento de las Comunidades y Ayuntamientos - con su influencia decisiva en la llegada de las ayudas europeas a España - es la primera vez que se produce en nuestra moderna historia democrática y volverá a colocar a los jueces ante su inevitable presencia en el conflicto político.
Desde Córdoba y desde el Senado lo que ha hecho Núñez Feijóo es colocar ante la fuerza del Gobierno de la Nación, que es mucha y con una parte respaldada por Europa, su propia fuerza política, que se plasma en las Autonomías y en los Ayuntamientos. Siempre con la ayuda de Vox y la oscilante Coalición Canaria. Ninguno de los dos va a rendirse, ni a buscar acuerdos por más que Oscar López viaje desde Moncloa a los círculos del presidente del Partido Popular. Los daños en la relación son de caracter personal, los que más díficil solución tienen. Vienen meses de drones poítios sobrevolando las nstituciones del estado con bombas incendiarias. Muy malo para los 48 millones de españoles.