La pregunta y la respuesta confirman la urgente necesidad de una Reforma de la Ley Electoral, la misma a la que se resisten los dos grandes partidos y que es, junto a las sucesivas reformas de los Estatutos de Autonomía, el eje central de casi todos los males de la Democracia española, con sus diferentes valoraciones de los votos que se emiten en razón de los porcentajes necesarios para acceder a un escaño en el Congreso y en los Parlamentos autonómicos, que priman a unas provincias sobre otras, tal y como se ha visto en los últimos comicios vascos y catalanes, y que promueven la concentración de votos en unas siglas de partidos y territorios dejando en la orfandad política a a millones de ciudadanos.
Es una situación absurda pero posible, al igual que es absurda la petición de Puigdemont a Pedro Sánchez para que obligue al candidato ganador a que le deje volver a la presidencia de la Generalitat. La amenaza de romper la actual Legislatra con sus siete diputados en el Congreso revela su miedo a tener que cumplir con la palabra dada a los votantes de Cataluña: “ si no vuelvo a ser presidente me retiraré”. El hombre que huyó en el maletero de un coche para no afrontar las consecuencias judiciales de sus actos no parece el más apropiado para exigir a los socialistas y al resto de los partidos que respeten y se plieguen a sus condiciones.
Tras las elecciones del domingo la única opción viable, vistos y analizados los resultados de las urnas, con dos Cataluñas claramente diferenciadas y en las que el nacionalismo independentista ha perdido con claridad por primera vez en cuarenta años, es la de Salvador Illa, apoyado por los 20 escaños de una renovada ERC (que tiene que resolver los dos espíritus que alberga en su interior desde la época de Francesc Maciá a la de Josep Tarradellas) que controle su presidente, Oriol junqueras, y por los seis diputados de los Comunes que puedan mantener unidos Ada Colau y Jessica Albiach. Esa suma de 168 votos en la Cámara catalana evitaría el calvario de los primeros cinco meses de incertidumbre y la posibilidad de que se alargaran durante otros cinco.
Con la Ley electoral en la mano el absurdo - que no sería nuevo en Europa vistos los casos de Holanda y Bélgica - el auto declarado pase a la oposición de Pere Aragonés podría quedarse en el limbo y permitirle al todavía president mantenerse al frente de la Generalitat durante otros trescientos días. No es probable que pase, pero sí posible, con el desgaste que supondría para todo el sistema democrático.
En manos del actual presidente de ERC está cerrar el camino de ese disparate, al mismo tiempo que manda al exilio definitivo o la cárcel a su gran rival, Carlos Puigdemont, que ayudado por sus personas de confianza, Jordi Turull, Miriam Nogueras y el abogado Gonzalo Boyé, habrá meditado sobre su órdago político, que alcanzan no sólo a Pedro Sánchez. Como todo jugador de mus sabe el órdago es más una opción defensiva que atacante y que se hace cuando la partida se ve perdida salvo que se recurra a utilizar las señas prohibidas entre las dos parejas de jugadores.