La solución es tan fácil que sonroja la incapacidad de los lamados representantes de la soberanía nacional. Desde el Gobierno pueden separar los decretos, segmentar el “Omnibus” y avanzar en aquellos en los que la oposición no puede oponerse, sobre todo los que hacen referencias a los salarios, a las pensiones y a las ayudas al transporte, con la Comunidad valenciana en el centro de todo. Pueden emplear nuevos decretos leyes y esperar a nuevas tramitaciones en el Congreso, o pueden negociar cada tema por separado con las distintas fuerzas parlamentarias.
Poner en la misma cesta las medidas sociales junto a las medidas energéticas, el salario mínimo vital junto al escudo anti opas era una descarada invitación al fracaso en el Congreso. Lo que cuenta son los votos y la realidad es que Pedro Sánchez y el PSOE cuenta con 120 escaños. Todo lo demás, incluidos los de Sumar, el PNV, ERC y los más pequeños son prestados, sujetos a negociaciones que rozan el personalismo. En el caso de Junts y Puigdemont se utiliza para mantener la presión del independentismo catalan, algo que el presidente del Gobierno ha evitado en sus relaciones con el PNV al devolver el palacete parisino y las medidas que afecaban a las cmpañías energéticas.
Perder en el Hemiciclo y frente a los 350 parlamentarios para intentar ganar en la calle, enre los afectados por la derrota de forma directa. Se corregirá en las próximas semanas, siempre ocurre lo mismo, entre las acusaciones de insolidaridad que acompañan a esta extenuante e inacabable campaña electoral que los españoles venimos sufriendo desde hace siete años. El culpable siempre es el otro.