El conflicto vivido por el barrio de Gamonal en Burgos ha reabierto un debate interesado sobre la violencia que pretende, una vez más, desviar la atención sobre la preocupante situación social que ha generado la crisis económica en nuestro país
Para poner el acento en la violencia con la que se enfrenta un poder ejecutivo legitimado por las urnas para gobernar el país durante cuatro años.
Deberían causar estupor esas reflexiones de los tertulianos de turno que insisten, da igual de lo que estemos hablando, en reclamar la completa legitimidad del partido elegido para gobernar España, una Comunidad Autónoma, un Ayuntamiento, para hacer cuanto quiera, durante ese periodo de tiempo, sin obligación alguna de escuchar la opinión de los gobernados, culpando a la violencia cuando esos gobernantes se ven obligados a cambiar una decisión legal y legítima.
Sin embargo, llama profundamente la atención que una visión tan inconstitucional y antidemocrática, tenga su audiencia y adquiera apariencia de veracidad y credibilidad para una parte importante del electorado de la derecha española.
Para abordar este debate convendría tomar en cuenta unas consideraciones. La primera de ellas tiene que ver con aquellos actos que consideramos violencia. Tirar una piedra contra la luna de un banco es un acto violento, ciertamente, que produce un daño material y que explicita una amenaza contra quienes se supone que detentan el poder económico en este país, causa y origen de una burbuja inmobiliaria y financiera que ha devorado España en los últimos cinco años.
Utilizar una entidad financiera como las cajas de ahorro para el lucro y enriquecimiento personal, detentando abusivamente un poder absoluto sobre los ahorros de las gentes, despreciando los fines sociales que dieron origen a esas entidades, permitiendo desahucios, alentando inversiones de alto riesgo, negando el crédito a quien lo necesita, aunque tenga la solvencia económica necesaria para devolverlo, mientras se conceden créditos de alto riesgo a personajes como Gerardo Díaz Ferrán, entregando lo que era de toda la ciudadanía a intereses privados, como ha ocurrido en el caso de Miguel Blesa al frente de Caja Madrid, es también un acto de violencia que comporta daños materiales ingentes, acompañados por daños humanos y sociales incalculables, que destruyen la credibilidad social en las instituciones.
Sin embargo, por pitos o por flautas, Blesa acabará eludiendo los peores efectos de la justicia, mientras el castigo para el que apedrea una sucursal bancaria puede consistir en una sentencia de años de cárcel. Incluso el juez que se atrevió a investigar sus actos acabará sentado en un banquillo antes que él. El mismo caso de la Infanta enamorada y la viejecita desahuciada. La justicia lenta y manipulable ante los casos más sangrantes deja de ser justicia. Lo más grave es que esta situación es lo normal y habitual en este país de todos los demonios, donde la pobreza y el mal gobierno son mucho más que pobreza y mal gobierno, hasta convertirse en un estado místico del alma patria.
No justifico en nada la violencia de nadie. Quien empuña un arma, por arcaica y de la Edad de Piedra que sea, para combatir a otros, aunque estos otros tengan apariencia de monstruos, termina por convertirse en un monstruo como ellos. No quiero que apedreando bancos alguien acabe impregnado del espíritu de Blesa. Es lo peor que podría pasarle a nuestro país y a nuestros jóvenes.
Nelson Mandela constituye un buen ejemplo de ese intento titánico de algunos seres humanos para alcanzar fines y objetivos justos, utilizando medios democráticos y no violentos. Algo mucho más meritorio si pensamos que, Mandela, no renunció a la utilización de la violencia y la elección de otros medios fue, en cada ocasión, fruto de una decisión personal, meditada, sopesada y en no pocas ocasiones, a contracorriente.
La otra consideración que no deberíamos obviar procede de la propia Constitución. Nuestra Constitución define España como un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esta definición precede a la unidad de España, a la Monarquía parlamentaria y, desde luego, a la bandera.
Ese Estado social y democrático de derecho, en el artículo 6 del texto constitucional, nos dice que los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. En ningún caso puede desprenderse que los partidos, por muy mayoritarios que resulten en unas elecciones, ostentan el monopolio de la política.
Muy al contrario, el artículo 9 de la Constitución, establece claramente que esos poderes públicos, emanados de las elecciones libres, tienen la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Dicho de otra manera, no elegimos dictadores a plazo fijo de cuatro años, para luego cambiarlos por otros. Los elegimos para gobernar en diálogo permanente con la sociedad.
Lo ocurrido en Gamonal puede llevar a algunos a una reflexión sobre la violencia, sobre la legitimidad de los gobernantes para hacer esto o aquello, a su libre albedrío, sobre los destrozos de la crisis en el tejido social español, sobre el derecho a manifestarse libremente. Reflexiones que volverán a repetir ante el suceso que la semana que viene sustituya en las tertulias al barrio de Gamonal.
Sin embargo, las cosas no harán más que empeorar mientras la política siga acumulando motivos para el descontento de la ciudadanía. Mientras existan personajes elegidos para ocupar cargos públicos sin entender su papel de servidores públicos, que gobiernan escuchando a las personas y a las organizaciones en las que esas personas se integran. Mientras esos personajes indignos de estar en política, sigan empeñados en conseguir poder y riqueza, en lugar de preocuparse por defender el mandato constitucional de defender la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Frente a cuantos consideran que la política es sucia y los políticos todos iguales, creo que es tarea de toda la sociedad reivindicar más política y mejores políticos. Más participación en todo aquello que nos afecta.