La Unión Europea (UE) está dispuesta a liberalizar los servicios públicos de sus Estados miembros y a abrir a las multinacionales norteamericanas las puertas de un mercado único de 800 millones de personas. Desde hace un año, el Departamento de Comercio de Estados Unidos...
... y la Comisión Europea están negociando en secreto un Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, en sus siglas en inglés) que, de aprobarse en sus actuales términos, terminará en Europa con el Estado de Bienestar tal y como lo conocemos: propone la privatización de los servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones, y acaba con la mayoría de los derechos laborales existentes bajo el argumento de que hay que parar a los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que nos están ‘invadiendo’, comercialmente hablando.
Este Tratado tiene varios antecedentes, aunque quizás el más similar fuera el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones), que no llegó a aprobarse. El actual TTIP se negocia en secreto desde julio de 2013, pero los negociadores de la Comisión se han encontrado con que los borradores de la discusión han sido ‘filtrados’ y han encendido la luz roja en organizaciones ecologistas, sindicales y sociales, como Attac, que han denunciado el peligro neoliberal que nos acecha: se acaba el Estado de Bienestar que nos queda para implantar en Europa el ‘reinado del terror’ de las multinacionales europeas y norteamericanas.
El peligro es tan grave, que miembros de Attac Madrid, como Lourdes Lucía y Mariano Aragonés, o John Hilary, de la Oficina de Bruselas de Rosa Luxemburgo Stiftung, han desgranado los documentos secretos que actualmente negocia la Comisión y que previsiblemente podrían ser aprobados por el Parlamento Europeo resultante de las elecciones de mayo, ya que la izquierda europea no ha conseguido los objetivos electorales que hubieran permitido parar en la Eurocámara lo que está negociando la Comisión. “Se presentan momentos muy duros para Europa”, avisan las organizaciones ecologistas, sindicales y sociales con las que ha hablado cuartopoder.es.
En los borradores que se negocian en secreto se enumeran los servicios públicos que podrían ser puestos en manos privadas. Esos documentos, que están siendo base de conversaciones confidenciales en el Comité de política comercial del Consejo Europeo, fueron remitidos a finales de mayo a los gobiernos de la UE, con la petición de una respuesta antes de la próxima ronda de negociaciones entre Estados Unidos y la UE, que tendrá lugar a partir del 14 de julio de 2014. El Tratado debe aprobarse en 2015 y se necesita la aprobación del Parlamento Europeo y, en su caso, de los parlamentos nacionales que así lo recojan en su legislación interna. “¿Alguien duda de que en España lo aprobaría inmediatamente el Gobierno de Rajoy?”, se preguntan de forma retórica en Podemos y en Izquierda Unida.
El contenido de los documentos ha podido ser conocidos porque la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos (EPSU), que incluye a 265 sindicatos de 8 millones de trabajadores de servicios públicos, los recibió de fuentes gubernamentales y los filtró convenientemente. Así se ha podido poner en marcha la campaña “No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones” (#NoalTTIP), ante la opacidad reinante en estas negociaciones.
Según el análisis realizado por Attac, Ecologistas en Acción y otras organizaciones, el TTIP en su actual nivel de negociación tendría en síntesis las siguientes consecuencias:
- Se eliminan las normas reguladoras y las barreras reglamentarias que reducen los beneficios de las grandes corporaciones transnacionales. El objetivo es crear un mercado libre para los inversores en Estados Unidos y la Unión Europea y dar a las grandes empresas transnacionales todo el poder, incluso por encima del poder de los Estados.
– Uno de los objetivos es la creación de un Consejo de Compensación Regulatoria que daría a las empresas el poder de escoger y eliminar las normativas, recibir notificación de las nuevas propuestas de normativas antes de que sean aprobadas y la potestad de eliminar las restricciones que piensen que les pueden perjudicar.
– Bajo la excusa de “armonizar” las normas estadounidenses y europeas, se pretende relajar o eliminar las normas que pueden suponer una restricción o barrera para la libre inversión de las grandes empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos, tras la crisis, se estableció la llamada regla Volcker, similar a la Ley Glass-Steagall (establecida en 1933 tras la crisis de 1929 y abolida por la Administración Clinton en 1999), que regula la actividad de la banca comercial o de depósito: esta norma o regla prohíbe la comercialización de productos derivados tóxicos, limita los bancos too big to fail (demasiados grandes para dejarlo caer y que, por tanto, hay que rescatar con dinero público) y establece algunas regulaciones a las transacciones financieras. En Europa esta regulación no existe y los lobbies de la City y el Gobierno alemán en nombre del sector bancario están presionando para eliminar la normativa estadounidense y suprimir cualquier tipo de restricción o regulación a la actividad de la banca financiera o de inversiones.
– En cuanto al comercio y al consumo, se elimina la legislación sobre consumo europea, que es mucho más garantista que la estadounidense, y si se aprueba lo recomendado por el TTIP, podrán llegar a los supermercados europeos infinidad de productos alimenticios que, por ejemplo, contienen ingredientes genéticamente modificados, hoy prohibidos en Europa.
– Los derechos laborales son los grandes perdedores en el TTIP que, según Lourdes Lucía, de Attac Madrid, representa una amenaza para el empleo y los derechos de los trabajadores, favorece la deslocalización y relaja las normativas laborales. El hecho poco conocido es que Estados Unidos solo ha ratificado dos de las ocho normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que la “armonización” USA-UE se hará sobre el mínimo común denominador, lo más perjudicial para los trabajadores y más beneficioso para las empresas: restringe el derecho de sindicación y de huelga y cualquier reforma futura encaminada a mejorar las condiciones de empleo podrá ser objeto de demandas de indemnización por parte de las empresas (sic).
– Afecta negativamente a otros derechos, como el de libre circulación de las personas, el derecho a la información o al respeto a la privacidad.
– Los servicios públicos serán víctimas de una feroz privatización. La educación, la sanidad, el transporte, las pensiones… todo será objeto de negocio para las grandes empresas (lo mismo que ha intentado Ignacio González en la Comunidad Autónoma de Madrid con su intento de privatizar la sanidad pública madrileña).
– En educación, donde ahora hay becas habrá créditos bancarios, como en el sistema norteamericano; donde había pensiones públicas habrá fondos privados de pensiones y la cobertura sanitaria pública se convertirá en seguros privados, justo como en Estados Unidos. El negocio lo harán a partir de entonces los fondos buitre, los grandes bancos y las grandes empresas.
– Se pondrá en marcha un denominado Investor State Dispute Settlement (ISDS o Mecanismo de Resolución de Conflictos entre inversores y Estados), un mecanismo tan peligroso que permitirá a las grandes corporaciones y empresas denunciar a los gobiernos locales, regionales y estatales cuando consideren que una norma emitida por cualquiera de ellos puede restringir o limitar sus ganancias presentes o futuras (sic). Se propone la existencia de tribunales especiales, formados por tres abogados privados, al margen de cualquier tribunal estatal o internacional, al que solo podrán recurrir los inversores y sus fallos serán inapelables.
Esto es parte de lo que nos espera y que se está negociando con el máximo secreto. Si ha podido ser conocido es gracias a movimientos ecologistas y sociales, organizaciones sindicales y a organizaciones como Attac, que están desarrollando una amplia campaña de denuncia e información. El peligro es tan grave, que en la lista de ofertas en las negociaciones sobre servicios se extenderá a otras esferas, como la concesión de licencias para centros de cuidados de salud, la acreditación universitaria y escolar, el suministro municipal de agua, las instalaciones de eliminación de residuos, las centrales eléctricas y las licencias de radiodifusión, entre otros. Y, por si fuera poco, las pequeñas y medianas empresas quedarán laminadas por completo.