La sola idea de que las leyes bancarias o hipotecarias se puedan hacer sin el consenso de los grandes banqueros hubiera sido considerado descabellado por los gurús de la economía de la transición. Recuerdo muchos artículos periodísticos defendiendo la bondad de la Ley Hipotecaria española que a cambio de conceder préstamos ...
... elevados por casas que ya se sabía que valían la mitad de lo que se pagaba por ellas, obligaba al comprador a hipotecar no solo la vivienda comprada sino toda su vida, su trabajo y hasta la casa de sus padres. Eso parecía estupendo y nadie se preocupó del estallido de la “burbuja inmobiliaria” que, por supuesto, todo el mundo negaba.
La crisis ha demostrado que los políticos, fundamentalmente los que podían gobernar, PP y PSOE, estaban más al servicio de los banqueros que de los hipotecados. Ahora cuando los “revolucionarios” exigen la “dación en pago” -como si fuera pedir la luna- los banqueros escandalizados siguen exigiendo a los gobernantes y a los jueces que pongan las cosas en su sitio: si has pedido un crédito de 150.000 euros y tu casa no vale -no valía ya, en realidad cuando la compraste- 100.00 euros, entregas tu vivienda al banco y además le debes 50.000 euros más.
Las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, están empeñadas en llegar a un acuerdo con los banqueros para que acepten esa dación en pago y que se comprometan a no hacer desahucios sin buscar otras soluciones. Por supuesto que los banqueros han recibido a las señoras como unos caballeros, faltaría mas, pero el problema está en las leyes que los jueces siguen teniendo que aplicar porque nadie las ha derogado ni cambiado. Y eso lo tienen que hacer los políticos, que son los que mandan (ja, ja, se escucha tras las bambalinas).