El objetivo de este futuro tratado es el de eliminar las barreras comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre ambas zonas económicas. Hasta aquí, todo bien.
Sin embargo, las negociaciones se están llevando en secreto, lo cual ha creado una preocupación entre amplios sectores ciudadanos porque sus efectos pueden afectar mucho más de lo que se pudiera sospechar al futuro y al bienestar de todos. Por ello, JpD impulsó esta jornada, que estuvo coordinada por el nuevo portavoz, Ignacio González Vega
Sobre esto debatieron en dos mesas redondas. Una de ellas versó sobre los Aspectos Políticos, en la que tomaron parte el eurodiputado del PP, Pablo Zalba Bidegain -que entró a través de videoconferencia-, Manuel de la Rocha Vázquez, secretario de Economía del PSOE, María Dolores Sánchez Caldentey, eurodiputada de Podemos, y Ernest Urtasun Domenech, eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Verds, y que fue moderada por Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid.
La segunda, que llevó por título Aspectos Técnicos, reunió a Javier González Vega, catedrático de Derecho Internacional Público, Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo, Álvaro García Ortiz, fiscal y portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, José María Fernández Seijo, magistrado de Juzgado 13 de lo Mercantil de Barcelona, Adoración Guamán Hernández, profesora de Derecho del Trabajo, y Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace para Medio Ambiente, y estuvo moderada por Rafael Lafuente, del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia.
Sin embargo, mientras que en la primera mesa tanto Zalba Bidegain como De la Rocha Vázquezdefendieron las bondades del futuro acuerdo, frente a Sánchez Caldentey y Urtasun Domenech, que argumentaron lo contrario, en la segunda la decantación técnica contra el acuerdo fue completa, desde todos los puntos de vista técnicos posibles.
Comenzó González Vega subrayando el hecho de que las negociaciones comerciales fueran secretas. “El secreto de las negociaciones comerciales es una regla de oro, es cierto. Pero, ¿es necesario que sea así en algo que va a afectar nuestras vidas de forma tan directa?”, se planteó. “Deben existir controles democráticos y esto hay que aclararlo”.
González García, por su parte, afirmó que “el TTIP es constitucional y de una constitucionalidad complicada. Hay que definir con claridad qué se regula, cómo se regula y con qué principios se regula. Si queremos tener un mercado común a ambos lados del Atlántico hay que armonizar muchas cosas, hay que intentar compatibilizar las normativas de las dos zonas y eso no es tan sencillo”.
El fiscal García Ortiz se preguntó “¿por qué tiene que haber un sistema alternativo de resolución de conflictos?, ¿por qué tienen que ser árbitros lo que diriman los conflictos que puedan surgir? ¿Por qué un tratado internacional no confía en los tribunales de Justicia y se inventan una justicia paralela?”, lo que mueve a la desconfianza.
Fernández Seijo, en su turno de intervención, reveló que en el borrador de acuerdo sólo existe una referencia a los consumidores, en el e-commerce. “Cuando son una parte esencial. El artículo 38 de la Carta Europea establece un altísimo nivel de protección para ellos”, dijo. “Esto es importante porque la incorporación al derecho europeo del TTIP puede suponer desmontar una parte de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque los ámbitos en los que se pretende liberalizar el mercado la figura de los consumidores es un elemento esencial. Es un contrapunto al desarrollo de los mercados. Los mercados sólo funcionan si los consumidores están razonablemente informados, son atentos o perspicaces. Por lo tanto, cualquier norma o tratado tiene que tener un alto grado de protección de los consumidores. Pero esto no parece ocurrir. Ámbitos importantísimos para el tráfico económico y jurídico, como pueden ser los productos sanitarios o los productos financieros están absolutamente desregulados”.
La profesora Guamán Hernández, en su turno de intervención, reveló que los tres pilares del tratado “provocan una afectación a los derechos laborales y sociales de los trabajadores. De acuerdo con los estudios de impacto realizados, se reconoce que va a haber un desplazamiento empresarial y de la producción que va a generar desempleo y reducción de salarios en casi todos los sectores. Son estudios realizados por la propia Comisión Europea”.
El miembro de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, el último en intervenir, reveló a los asistentes que uno de los sectores mas afectados por el futuro tratado -reconocido por Ignacio García Bercero, el negociador español por parte de la Unión Europea- va a ser el sector agrícola.
“Eso supone movilidad, pérdida de empleo, abandono agrícola, abandono forestal y problema para sostenibilidad del campo. En términos medioambientales el sector agrícola no es ‘cualquier sector’. Cuando hablamos del desmantelamiento del sector agrícola en la Unión Europea estamos hablando de mucho territorio y de gran parte de la biodiversidad que habita ese territorio”, concluyó.
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