Internet está propiciando, en nuestra sociedad, una revolución que nos proyecta a la llamada Sociedad de la Información y del Conocimiento. Al igual que sucedió con la imprenta o con el automóvil su uso afecta tanto a la vida privada como a la de las empresas y las administraciones públicas. Internet nos permite ser mejores a la vez que nos hace más eficientes, su uso permite avanzar de forma notable en todos y cada uno de los derechos recogidos en la Declaración Universal de Naciones Unidas.
Para que nuestra sociedad se incorpore de forma plena a la Sociedad de la Información es necesario desarrollar las infraestructuras sobre las que se puedan desplegar redes de telecomunicaciones de nueva generación, incorporar cambios normativos y legislativos que creen un marco que favorezca el uso de las mismas y desarrollar aplicaciones y servicios adaptados al ciudadano. Tenemos el reto de tomar decisiones sobre un proceso que es global y que está en pleno cambio, algo que da vértigo a quienes se ven esta circunstancia.
Podemos equivocarnos, es cierto, pero debemos afrontar el reto sobre la base de al menos haber escuchado a todos los agentes implicados, a todo el que tenga algo que decir y no solo a los poderes establecidos.
Nuevas infraestructuras para las redes de nueva generación El desarrollo eficiente de estas redes requiere que todos los hogares, locales y negocios dispongan lo antes posible de conexiones de fibra óptica y la cobertura completa, en todo el territorio nacional, por las redes móviles de banda ancha. Es importante que las infraestructuras comunes que requieren obra pública (en edificios, entornos urbanos y conexiones entre ciudades) sean de dominio público, con normas de uso transparentes que faciliten la competencia en el sector. Ello facilitara el despliegue de nuevas redes compartiendo el recurso más caro que es la obra pública.
Derecho de acceso El acceso a Internet es condición necesaria para la realización plena de todos los Derechos Humanos incluido el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y asociación, el derecho a participar en el gobierno de un país, al trabajo, al descanso, al ocio o el derecho a la educación. Si no hay acceso no hay nada por tanto es necesario incorporara el derecho de acceso a Internet en nuestro ordenamiento jurídico y normativo empezando por nuestra Constitución que debería de garantizar el derecho de acceso para todos indicando que no podrá ser objeto de restricciones salvo cuando éstas sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública o los derechos y libertades de los demás y siempre que exista la correspondiente legislación. Por otro lado el acceso a Internet debe de formar parte del servicio universal en condiciones de calidad similar a las que se oferten de forma comercial y a un precio asequible para los colectivos con menos poder adquisitivo y con estrictas normas de accesibilidad que faciliten el acceso a las personas con alguna discapacidad.
Una ley de propiedad intelectual adaptada al entorno digital La industria de los contenidos (libros, música, cine, periódicos…), cuyo modelo estaba basado en la venta de reproducciones físicas del contenido, es una de las más afectas ya que Internet se convierte en canal de publicación, distribución, difusión y venta. Por otro lado los contenidos, una vez digitalizados, se pueden duplicar sin coste y moverse por la red de una forma global, a la vez que crecen de forma exponencial los contenidos generados por los propios usuarios que se mezclan con otros contenidos protegidos. El impacto es tan importante que obliga a cambiar todos los modelos de negocio al dejar de tener sentido, con las nuevas tecnologías, la copia física en favor de terminales multicontenido y multifunción.
En este sentido es necesario adaptar nuestra legislación en base a dos principios: el primero es que la gestión de los derechos de propiedad se debe de hacer de forma global y transparente, el segundo es que debemos encontrar un equilibrio entre el derecho a la información y a la cultura y el derecho a que los que crean sean remunerados por ello. La regulación debe centrarse en no penalizar el libre uso de contenidos entre particulares y establecer normas para aquellos que desarrollen negocios basados en contenidos de terceros. Por otro lado es necesario crear un marco normativo para que se pueda utilizar con seguridad jurídica todos los contenidos del denominado dominio público (todo aquello que se puede usar de forma libre) a la vez que se introducen normas de transparencia, competencia y democracia en las entidades de gestión colectiva de derechos.
Servicios públicos adaptados al ciudadano Uno de los grandes retos para este siglo es conseguir que las administraciones públicas se adapten a la realidad tecnológica de cada momento simplificando para ello la vida del ciudadano. El teléfono móvil se configura poco a poco como el elemento personal que debería de permitirme incorporar elementos como el DNI digital, las tarjetas de crédito, el carnet joven o las llaves de mi casa. El reto es desarrollar aplicaciones que no obliguen al ciudadano a instalar ni a comprar nada y por supuesto que sean seguras, fiables y confiables.
Desarrollo sostenible Las nuevas tecnologías pueden contribuir de forma notable a la sostenibilidad ya que pueden evitarnos hasta el 80 % de nuestros desplazamientos. Teletrabajo, reuniones virtuales, teleformación son algunos de los verbos que se conjugan bien con las nuevas tecnologías y que requieren impulso y normas para que se usen de forma masiva. La salud es otro elemento que puede mejorar de forma notable si desarrollamos modelos de medicina preventiva en la que las revisiones de cada ciudadano se realizan antes de que la enfermedad llegue. Predecir las enfermedades es cada vez más fácil si se dispone de la información adecuada en tiempo y forma.
Nuevos modelos de participación ciudadana Las tecnologías permiten incorporar la opinión de los ciudadanos a la vida pública y esto nos va a llevar a crear nuevas formas en la vida pública que permitan al ciudadano conocer, asistir y opinar en los debates y en la toma de decisiones de las administraciones y organizaciones a las que pertenezca. El voto electrónico, la emisión para su seguimiento en remoto de los actos, la posibilidad de que los ciudadanos voten y opinen de forma consultiva se van a tener que ir poco a poco regulando en nuestro derecho para dar seguridad a algo que la tecnología ya lo permite.
(*) Miguel Pérez Subías es presidente de la Asociación de Usuarios de Internet
Si (
No(