Vivimos tiempos de extraordinaria dificultad para las familias y las empresas españolas. Los datos son de todos conocidos y no merece la pena perder una sola línea en reiterar lo evidente. La crisis ha calado en lo más profundo de nuestro tejido social, tanto que podemos concluir que no estamos “atravesando” una crisis. Ésa es una interpretación demasiado optimista. En España “permanecemos” en una crisis. La buena noticia es que no estamos condenados a seguir así. Sabemos lo que hay que hacer y podemos hacerlo. Lo primero que es necesario aclarar es que ésta no es una crisis del sistema político como tal. Nada alegra más a los malos Gobiernos que hacer creer que la culpa es de otros, convertir una crisis de Gobierno en una crisis de Estado. Este mismo sistema no nos impidió crear millones de puestos de trabajo, fortalecer el modelo de bienestar y ser socios fundadores y solventes de la moneda común europea. Esto no significa que nuestras instituciones no puedan funcionar mejor, significa que el Gobierno debe asumir su responsabilidad por hacer lo que ha hecho y no hacer lo que no ha hecho.
Pero más que un nuevo ejercicio de asignación de responsabilidades, lo que ahora necesitamos es hacer un diagnóstico claro y veraz de las causas de nuestros problemas, un diagnóstico que sea el punto de apoyo para un gran proyecto de regeneración nacional que debe iniciarse lo antes posible. Debemos prepararnos bien para que cuando las elecciones permitan a los españoles remover el obstáculo que impide nuestra recuperación, podamos cambiar nuestro rumbo en muy poco tiempo. En un escenario de inflación y de tipos de interés al alza, ya no tenemos tiempo que perder. Necesitamos un diagnóstico serio, de mirada ancha, con visión estratégica.
No se trata de seguir señalando lo evidente sino de pensar en lo necesario. Y creo, sinceramente, que lo necesario es recuperar la ambición reformista. El origen de nuestros problemas se encuentra en la pérdida de la ambición reformista. Una pérdida que primero afectó al Gobierno, y que a través de él, como es inevitable cuando se trata de un Gobierno no sólo intervencionista sino intrusivo, se ha trasladado también hasta la sociedad española. Que el Gobierno español se haya negado a hacer lo que los países europeos de referencia sí han hecho es lo que explica nuestra divergencia con respecto a ellos. Ellos han hecho reformas. Y las van a seguir haciendo.
La ambición reformista es lo que permite a las sociedades avanzadas mantener su ritmo de crecimiento en el seno de la economía global, que es un tipo de economía buena para el conjunto del planeta pero mala para quienes intentan vivir de las rentas o pretenden disfrutar indefinidamente de una posición de privilegio económico sin hacer lo necesario para mantenerla.
La globalización es la traslación a nivel mundial de la sociedad de oportunidades, y eso es un inmenso avance para todos los que queremos un mundo más desarrollado y con mejor porvenir para cualquier ser humano. Pero significa también que hay que competir en un mercado mayor y más exigente que cambia constantemente. Esto es lo que se ha acelerado de manera vertiginosa en los últimos años y esto es lo que el Gobierno español no ha sabido ver ni transmitir a la sociedad. La globalización es buena para España, pero el precio de la globalización es el reformismo. Hasta 2004 los españoles asumimos el precio de nuestro progreso, hicimos reformas y progresamos. Desde entonces, el Gobierno abandonó el reformismo y el progreso desapareció. Porque el progreso no es gratis ni automático, es fruto de las reformas.
La ambición reformista no es sólo buena para quien la tiene, es buena para el conjunto de la economía mundial, porque esa ambición es la que permite la apertura de los mercados, el movimiento de las empresas y el desarrollo de las tecnologías. Es un mundo de inmensas oportunidades, y el reformismo es la actitud política que permite aprovecharlas. Por eso, cuando se carece de ambición reformista se carece del motor político y social que mueve nuestro mundo. Y el precio que se paga es mucho mayor.
Eso es lo que le ha pasado a España, y eso es lo que debemos corregir. Debemos recuperar para España la ambición reformista porque con ella volverá el progreso, y debemos conseguir que esa recuperación sea una realidad completa a finales de esta década, en el horizonte de 2020. Debemos recuperar en dos legislaturas el terreno perdido en ese mismo tiempo. Y el esfuerzo va a ser enorme, porque ganar terreno es mucho más difícil que perderlo.
El reformismo se apoya en dos ideas básicas: primero, que para conservar el desarrollo es necesario no dejar de progresar, porque las sociedades no tienen punto de equilibrio: siempre están en proceso de cambio, y en ese cambio o avanzan o retroceden; segundo, que progresar no es cambiarlo todo porque sí, sino cambiar para mejorar realmente, para ser una sociedad mejor, y no sólo una sociedad distinta. Está claro que España es hoy una sociedad muy distinta de la que era en 2004, pero me parece que muy pocos creen que sea una sociedad mejor.
La ambición reformista es una síntesis de las dos grandes actitudes políticas que existen en cualquier democracia y, precisamente por eso, puede ser compartida por una amplísima mayoría social. Más allá de la lógica alternancia política que se produce en las sociedades democráticas e independientemente de que desde el centro-izquierda o el centro-derecha se quiera poner los acentos en uno u otro aspecto, el reformismo puede establecerse y perdurar como ideología común de base sobre la que construir proyectos nacionales a largo plazo y con consenso entre partidos. Porque el reformismo ancla el debate político alrededor del centro electoral y por ello permite el desarrollo pacífico, ordenado y duradero de las sociedades.
La ambición reformista es también la actitud que permite comprender la evolución de la sociedad española desde la Transición. El cambio histórico que España ha protagonizado en las últimas décadas ha sido posible en la medida en que los Gobiernos emprendieron reformas y la sociedad las apoyó. Reformas que pretendían para España lo mismo que para sus sociedades pretendían los principales Gobiernos europeos: libertad, desarrollo, bienestar, oportunidades y seguridad.
Juntas, todas esas piezas venían a constituir un escenario en el que las capacidades de la sociedad española podían desarrollarse plenamente, como muy pronto comenzó a suceder. Con dificultades e incluso con retrocesos transitorios, lo cierto es que durante treinta años las líneas maestras que delimitaban el terreno de juego de la política española fueron aceptadas por todos. No hubo ruptura sino reforma; no hubo sectarismo sino consenso; no hubo aislacionismo sino apertura. Y el resultado fue una sociedad que asumió un sistema de libertades pleno y con garantías, una democracia madura, una sociedad de bienestar avanzada y cohesionada, un sistema económico capaz de proceder a una profunda reconversión en los años ochenta y a un crecimiento sin precedentes en los noventa y primeros años del siglo XXI.
Salvo excepciones menores, los conflictos y las disputas se circunscribieron a los límites que el reformismo había establecido, a los consensos mayoritariamente aceptados.
La comparación entre la España de 2004 y la de 1975 arrojaba un resultado extraordinario. Y nadie podría señalar la fecha concreta en la que se produjo esa transformación, porque no existe ese momento capaz de dividir el antes y el después. Fue un proceso continuo, un largo camino de transformaciones sucesivas, encadenadas unas a otras, que finalmente dieron por resultado un país moderno y pujante. Por el contrario, no nos costaría demasiado identificar -con nombre, apellidos y siglas-, las decisiones que nos han traído hasta esta crisis, que es una crisis fruto del rupturismo.
El progreso es la obra de las mayorías y del consenso, la crisis es la obra de las minorías y del sectarismo.
Hemos perdido el impulso reformista y lo hemos sustituido por la pulsión rupturista. Y el resultado es un retroceso en todos los aspectos de la vida económica y social.
Debemos recuperar el impulso perdido, como una ambición compartida que va mucho más allá de un programa político concreto. Hoy, más que nunca, gobernar para todos es reformar, porque las reformas producen beneficios para todos, independientemente de su preferencia política. Las reformas son indispensables para asegurar una sociedad de bienestar avanzada y de todos, que para mí es irrenunciable.
Debemos volver a fijar el reformismo como el terreno de juego de la política española de los próximos años. Es una tarea común, sólo así puede salir bien. Si lo conseguimos, estoy seguro de que el horizonte de la próxima década, el horizonte 2020, volverá a ser para la sociedad española un horizonte claro y despejado. Un horizonte de crecimiento, de empleo, de oportunidades y de bienestar.
(*) Mariano Rajoy Brey es presidente del Partido Popular
Si (
No(