Desde que en verano de 2007 estallara la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que luego provocó el desplome de gran parte del sector financiero, los países vienenhaciendo frente a la que ya todos los expertos consideran como la mayor crisis sistémica del capitalismo desde el famoso crack del 29.
El origen de la crisis es, sin duda alguna, ideológico, como atestiguo en mi primer libro, “Un tiempo para la igualdad”, que presenté el pasado mes de marzo. La desregulación de los mercados y la abdicación de lo público de toda intervención en la economía, presupuesto defendido por pensadores del movimiento neoliberal desde la década de los 80, y que encontró amparo en los gobiernos conservadores, abonaron el camino al individualismo agresivo. En España, la crisis internacional se vio agravada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y desde entonces ha destruido millones de empleos, muchos de los cuales no son recuperables pues estaban vinculados a sectores productivos que necesitan un redimensionamiento a la baja.
Tras más de tres años de esfuerzos colectivos en todo el mundo para remontar al situación, la dureza inusitada de la crisis y las dificultades propias de una salida de la recesión mundial –acrecentadas por los movimientos en los mercados de la deuda soberana- están ralentizando el ritmo de la recuperación económica y han obligado a la mayoría de los gobiernos a adoptar duras medidas de austeridad, para reducir sus déficits, que están repercutiendo de forma directa sobre muchos ciudadanos. Así lo han hecho, por supuesto, Grecia e Irlanda –que han tenido que ser rescatados, mientras que Portugal negocia las condiciones–, pero también otros grandes países europeos con mejor situación financiera y económica como Reino Unido, Francia, Italia y también España.
En este contexto, el Gobierno de España ha ido adaptando sus respuestas a los virajes inesperados de la crisis. En 2010 nos marcamos como objetivo tres grandes reformas, recogidas en la Estrategia de Economía Sostenible, todas ellas con impacto a lo largo de la próxima década: la reforma laboral, la del sistema financiero y la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones es, tal vez, la principal medida que se ha adoptado. El desafío demográfico y el aumento de esperanza de vida de la población hacían necesario ir incrementando progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años.
Entre los logros que colectivamente hemos alcanzado durante los últimos 30 años figura un sistema de pensiones que garantiza la merecida cobertura de todos nuestros mayores ya retirados (casi ocho millones) y, lo que a veces pasa desapercibido, lo hace de manera muy equitativa, pues la diferencia entre los que perciben la remuneración más alta y la más baja es apenas 3,5 veces, lo que configura nuestra sistema como uno de los más igualitarios del mundo desarrollado.
Los problemas estructurales
Ahora bien, tres motivos fundamentales, estructurales y de largo recorrido, que ya necesitaban ser atendidos antes de la crisis, amenazan la sostenibilidad y la equidad del sistema: la baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida y el aumento del poder adquisitivo de las pensiones. Según la Oficina Estadística Comunitaria, Eurostat, en España, la tasa de natalidad alcanzó entre enero y junio de 2010 el valor de 1,38 hijos por mujer, frente a 1,46 de 2008. Las mejores proyecciones del INE sitúan en un futuro el mejor escenario para España en 1,7 hijos por mujer, lejos en cualquier caso de la tasa de reposición (2,1).
Paralelamente, la población mayor de 65 años vivirá en media cerca de 4 años más en 2050 que en la actualidad, y la tasa de dependencia, es decir la población mayor de 65 años sobre la población en edad de trabajar, pasará del 24,4 % en 2010 al 58,7 % en 2050. Y además, si en 1985 la pensión media se situó, convertida ya en moneda comunitaria, en 485 euros al mes, en 2010 está cercana a los 800 euros al mes. Por tanto, al igual que han hecho otros países europeos, como Francia o Alemania, era imprescindible acometer cambios para asegurar las pensiones futuras.
La reforma, por tanto, obedece al cambio demográfico y no a la crisis. Y no podía posponerse pues, sin crisis, apenas habríamos ganado un año antes de que el sistema entrara en pérdidas. Recientemente, un informe de la Fundación IDEAS apunta que la pensión media puede revalorizarse un 44 % y llegar en 2050 hasta los 1.125 euros (en poder adquisitivo de 2010), una vez que se ponga en marcha la reforma del sistema acordada con los agentes sociales. El estudio asegura que la clave para lograr este resultado es conseguir un aumento significativo de la productividad, vinculada a la economía sostenible, para lo que será necesario cambiar el modelo de crecimiento y apostar por nuevos sectores que se constituyan en motores de la economía española, a la vez que se transforman otros sectores tradicionales clave (como el turismo o la construcción).
Y es esta senda la que debemos tomar, sin atajos, hasta 2020. Desde la Fundación IDEAS ya hemos contribuido a trazar esa hoja de ruta en nuestro informe “Ideas para una nueva economía. Hacia una España más sostenible en 2025”, al que me referiré más adelante. Será necesario un crecimiento del empleo durante las próximas décadas, de tal forma que la economía española tenga en 2020 una población ocupada de aproximadamente 21 millones de personas, para lo que, y a la vista de las tendencias de la población nacional, ese volumen de empleo requerirá, tal y como apunta un informe de la Secretaria de Estado de Inmigración, nuevos flujos de inmigración ordenada a partir de 2015. Por tanto, a partir de ahora y de aquí a 2020, ¿qué nos falta por hacer?
Como decía, hemos acometido la reforma laboral y hemos impulsado, en el marco de un pacto económico y social con los agentes sociales, la reforma del sistema de pensiones. Nos queda, por tanto, culminar la reforma financiera, desarrollar toda una agenda social reactivadora para recuperar a los trabajadores que hemos perdido durante la crisis, y, sobre todo, cambiar el modelo productivo. Al objeto de seguir fortaleciendo nuestro sistema financiero, el Gobierno ha optado por elevar del 6 al 8 por ciento el porcentaje de capital básico mínimo exigido sobre los activos ponderados. Para ello, las entidades podrán captar recursos en el mercado. El Banco de España determinará cuáles no lo han logrado y les inyectará de dinero a cambio de entrar en la gestión, donde no permanecerá más de 5 años.
Las grandes reformas pendientes
En el marco laboral, la reforma del mercado de trabajo aprobada por el Gobierno el pasado mes de junio ha contribuido a mejorar la contratación estable, aumentar la flexibilidad de las empresas con el fin de que puedan adaptarse a la situación económica con la mínima destrucción de empleo posible, incrementar la seguridad jurídica en relación con los despidos, y favorecer la intermediación laboral flexibilizando las condiciones de actuación de ETTs y agencias de colocación. Sin embargo, aún no es suficiente.
Debemos proceder, en primer lugar, al desarrollo reglamentario de las políticas activas de empleo, para pasar después a la reforma de la negociación colectiva y a la aprobación de una Ley reguladora del fondo de capitalización de los trabajadores. Con respecto a las políticas activas de empleo, hay que abordar una la nueva agenda social, que dinamiza la sociedad, y que debe permitirnos alcanzar un doble objetivo: primero, que la crisis no suponga un aumento de la desigualdad, y segundo, orientar a los desempleados hacia los nuevos sectores sobre los que asentar el crecimiento sostenible. Para cumplir con esos dos objetivos al mismo tiempo es crucial transformar de arriba abajo nuestras políticas de empleo.
El sistema español de políticas de empleo, incluyendo políticas activas (entre las que se incluyen formación directa de los desempleados, bonificaciones a la creación de empleo y convocatoria de plazas en el sector público) y pasivas (esto es, de protección a los trabajadores), es muy amplio, pero tiene problemas que solventar. En primer lugar, existe una fuerte desproporción entre políticas pasivas y activas de empleo. En 2011, el Estado gastará cerca de 40.000 millones en políticas de empleo, de los que más de 30.000 se destinarán a pagar prestaciones y subsidios, mientras que sólo 7.500 son para políticas activas. A modo de ejemplo, en porcentaje del PIB, España gasta en políticas activas la mitad que Dinamarca.
La segunda deficiencia es el escaso volumen de recursos que se destinan a la formación de trabajadores. Del total de gasto en políticas activas, en 2011, se destinarán a políticas de formación 2.500 millones (yendo el resto a bonificaciones empresariales o al empleo público directo). Gastamos casi tres veces menos que Austria en este ámbito. Y de esos 2.500 millones, sólo 1.000 serán destinados específicamente a actividades de formación para los trabajadores parados. En resumen, en 2011 vamos a destinar el 4 % del PIB a políticas de empleo, pero solo el 0,1 % irá a aumentar la cualificación de los que hoy están desempleados. Así, la nueva agenda social debe transitar progresivamente de una lógica de protección a una de reactivación, para que la salida de la crisis no deje a nadie atrás, atrapado en la descualificación y en las bolsas de paro de larga duración.
Para ello, de aquí a 2020 hay que perseguir cuatro objetivos: que los servicios públicos de empleo sean auténticos agentes de oportunidades y no meros tramitadores de subsidios; duplicar los recursos destinados a las políticas activas de empleo; vincular mejor las políticas activas y pasivas; y elevar el número de desempleados que reciben cursos de formación, de forma que al menos un 50 % de los parados lleven a cabo acciones formativas. El gran drama de nuestra sociedad sigue siendo el paro, y debe ser nuestro mayor quebranto. En 2010, la tasa de cobertura de desempleo ha sido del 80 %, la más alta de nuestra historia. Las previsiones del Gobierno hablan de que el empleo remontará en el segundo semestre del año y en 2011 se creará empleo neto.
En cualquier caso, con ayudas a parados sin recursos que estén ligadas a la formación, nuestra sociedad tiene la obligación moral de no dejar a nadie descolgado. De esta crisis tenemos que salir todos, sin dejar a nadie atrás. Pero completar este ciclo reformista, nos exige ir más allá. La nueva economía sostenible necesita más empresas, más grandes, más innovadoras y más internacionalizadas. Si queremos que España alcance la economía sostenible debemos aumentar en un 50% la tasa de creación de empresas; y aumentar en un 100% la inversión empresarial en I+D+i.
Un nuevo sistema productivo
Y ¿hacia qué sistema productivo debemos encaminarnos para consolidar las reformas y transitar hacia un modelo productivo que se base en el criterio de la sostenibilidad en cada una de sus dimensiones (económica, social y medioambiental) y tenga en cuenta las necesidades tanto presentes como, sobre todo, de las futuras generaciones?. ¿Qué sectores van a liderar la economía española en el futuro tras el proceso de reformas? Es fundamental que el nuevo modelo productivo se sustente en una estrategia de especialización productiva en aquellos sectores que ofrezcan mayores oportunidades y aporten un mayor valor a la economía española. ¿Cuáles van a ser los sectores clave del nuevo modelo productivo?
Hay tres ramas productivas que tienen un peso considerable en nuestra estructura productiva, y que es imprescindible que continúen con su actividad pero reorientando sus productos y sus procesos productivos para lograr una mayor sostenibilidad: construcción, turismo y transporte. En el informe “Ideas para una nueva economía. Hacia una España más sostenible en 2025” se han seleccionado varios sectores que consideramos van a ser, a largo plazo, las principales fuentes de generación de empleos de calidad y de nuevos bienes y servicios innovadores para la sociedad española.
Esta lista de ‘nuevos sectores’ no consideramos que esté cerrada y seguramente la economía del futuro se apoyará también en otros sectores no tratados en este informe. Los siete nuevos sectores considerados son los siguientes: energías renovables, eco-industrias, tecnologías de la información y la comunicación, biotecnología, industria aeroespacial, sector de la cultura y servicios sociales. ¿Qué impactos puede generar el nuevo modelo productivo? Las estimaciones realizadas en el informe “Ideas para una nueva economía.
Hacia una España más sostenible en 2025” muestran unos resultados muy esperanzadores: los diez sectores que hemos analizado en este informe, y que constituirán parte de la base de la nueva economía sostenible, pueden crear entre 790.000 y 3,2 millones de nuevos empleos en los próximos quince años. Estos empleos son adicionales sobre los que se crearían en un escenario de continuidad tendencial del modelo actual. La renta per cápita en 2025 puede alcanzar los 39.000 euros (evaluada en términos reales de 2009), y por lo tanto se lograría un aumento de aproximadamente 16.000 euros adicionales sobre la renta media actual.
Mejorar la dotación de capitales
Pero el cambio de modelo productivo y el impulso de esos sectores no pueden ocurrir de forma aislada. Para transformar el modelo productivo, en primer lugar es necesario mejorar la dotación de capitales (capital físico, humano, tecnológico, medioambiental y, sobre todo, social). Para incrementar las dotaciones de capital físico todos los niveles de la Administración Pública (central, autonómica y local) tienen que realizar esfuerzos, e igualmente el sector privado debe mantener e incrementar los niveles de inversión en capital acometidos en los últimos años. En cuanto al capital humano, tenemos que resolver los problemas de nuestro sistema educativo, en el nivel básico (primaria y secundaria), así como mejorar la calidad de nuestra universidad.
Pero, más importante aún, España debe generar un entorno distinto en las relaciones laborales para favorecer lo que podemos denominar capital laboral, la formación en el empleo que hace que los trabajadores sean más productivos en los puestos de trabajo a través de inversiones de las empresas. Respecto al capital tecnológico, el cambio en la política de I+D+i ha comenzado a dar sus frutos, pero es necesario darle continuidad y estabilidad a la investigación, y especialmente a los programas orientados a la I+D+i realizada por las empresas. El capital medioambiental es un concepto no incluido habitualmente en los informes económicos, pero tan importante como los anteriores.
Es necesario hacer inversiones para comenzar a reducir los impactos que la producción de bienes y servicios causa sobre el medio ambiente, lo que llamamos huella ecológica, y poner en marcha acciones correctoras de los daños ya causados. Y capital social, tal vez el más importante de todos. Una sociedad más justa e igualitaria tiene más posibilidades de evitar la crisis, pero también de salir de ella manteniendo la cohesión social.
Una fuerte cohesión social
Las reformas que nos conduzcan al nuevo modelo económico han de tener en cuenta que la sociedad de después de la crisis tiene que tener un fuerte grado de cohesión social para ser sociedades no sólo más justas, sino más eficientes. Para conseguirlo, en un contexto como el actual, de restricción presupuestaria y débil crecimiento económico, nos hemos de centrar en aquellos instrumentos que mejoren la igualdad de oportunidades de la ciudadanía a través de unas políticas sociales cada vez más activas y menos pasivas. La política social no sólo es un elemento de protección de los más débiles: se debe concebir también como un elemento de reactivación económica.
Por tanto, debemos invertir más en educación, en becas; tenemos que destinar más fondos para tener más y mejores escuelas infantiles de 0 a 3 años; hay que reforzar todos los aspectos que favorezcan la conciliación familiar y laboral; es preciso seguir apostando por políticas a favor de los dependientes (en España se están creando muchos empleos sociales, y se estima que se pueden crear hasta 600.000 con el desarrollo de la Ley); debemos invertir en formación de desempleados más que en subsidios y prestaciones; y debemos profundizar en la reforma del mercado laboral para hacerlo más justo, para dar entrada al mismo a los más jóvenes, y para vincular los derechos al trabajador y no al puesto de trabajo, siguiendo el exitosos modelo austriaco. Vamos a necesitar en las próximas décadas, debido al cambio demográfico, activar a gran parte de la población (hasta un 90 %), la mayoría en empleos cualificados, para poder mantener un modelo económico basado en el conocimiento, y no podremos hacerlo si no aplicamos políticas de igualdad que garanticen el acceso de todos a la educación, o el acceso de la mujer al empleo a través de políticas que garanticen la conciliación.
Políticas de igualdad
Las políticas de igualdad, por tanto, serán imprescindibles para alcanzar un eficiente modelo económico. Igualdad que no se puede quedar exclusivamente en la igualdad de oportunidades: debemos buscar también una igualdad en los resultados. Sólo así podremos garantizar la viabilidad del nuevo modelo. Durante los últimos años hemos acortado la distancia con respecto a otros países europeos y no podemos dejar de hacerlo. Hay que vencer las dificultades y tener claro por qué apostar. Ahora es el momento de levantar los cimientos de este nuevo modelo productivo, que queremos se asiente sobre unos sectores que no sólo nos permitan crear más empleo, sino que además este empleo repose sobre cuatro pilares fundamentales: la estabilidad, la movilidad, la calidad y sobre todo, la productividad.
Todo ello debe venir obviamente apoyado tanto desde el sector público, facilitando las cosas y abriendo el camino, como desde el sector privado, apostando por otras actividades y teniendo más sentido de la responsabilidad. Y no sólo el sector privado, como sector productivo, deberá ser más responsable sino que, nosotros, como ciudadanos, deberemos responder más de aquello que hacemos y ser más conscientes de que a nuestro paso vamos dejando una huella. Por ello, la sostenibilidad social, medioambiental y económica debe primar por encima de todo.
(*)Jesús Caldera ha sido ministro de Trabajo y es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas y secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal del PSOE.
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