Hablemos de los municipios

La proximidad de las elecciones municipales y la constitución de los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, por novena vez tras las primeras elecciones democráticas de 1979, es un buen momento, de nuevo, para hablar de los Gobiernos Locales y del papel que juegan y deben representar en entramado institucional y territorial de España.

Aprovecho, por tanto, la ocasión que me brinda este foro de debate para dejar sobre la “mesa” de discusión los temas y cuestiones  elementales sobre esta cuestión y, si me permiten, algunas reflexiones imprescindibles para entender la situación actual de los Gobiernos Locales en la España de hoy.


Descentralización inacabada

El Estado español ha cambiado mucho en los últimos treinta años, en buena medida gracias al proceso de descentralización acometido, sin precedentes en Europa, que ha permitido, por un lado, dar vida y protagonismo a las distintas sociedades que conforman España y, por otro, crear infraestructuras y servicios desde el propio territorio, esenciales para el desarrollo humano, social y económico. Las Comunidades Autónomas han sido las principales beneficiarias de ese proceso, y me atrevo a decir que prácticamente las únicas, puesto que r ha quedado interrumpido en el escalón intermedio autonómico, sin llegar a la Administración más cercana a la base de la sociedad y la que seguramente más a contribuido a cambiar la imagen de nuestro país.

Es de justicia recordar y reconocer que buena parte de la gran transformación de España desde aquellos años de la transición se debe a la labor realizada en los municipios, por miles de alcaldes y de concejales que fueron capaces de transformar el paisaje de nuestros pueblos y ciudades, renovando y creando equipamientos, centros sociales y culturales, instalaciones deportivas, parques tecnológicos, polígonos industriales, escuelas…; en definitiva, calidad de vida y espacios públicos para la convivencia.

En 1979, los Gobiernos Locales representaban poco más del 11 % del gasto público total del Estado; en 2011 seguimos igual, apenas sobrepasamos el 13 %, mientras que las Comunidades Autónomas han pasado del 0 al 37 %. El tiempo transcurre y los Gobiernos Locales seguimos reclamando las mismas cosas desde ya un par de décadas: una clara definición de competencias en el marco de un Estado descentralizado y una financiación suficiente para ejercer esas competencias en condiciones de calidad y suficiencia financiera.

¿Qué nos dice todo esto? En primer lugar, que el principio de subsidiariedad, aquel que señala que el ámbito administrativo mejor situado y preparado para abordar determinadas competencias debe ser el que lo haga, no se cumple realmente; y en segundo lugar, que el Estado tiene una deuda pendiente con los Gobiernos Locales, la instancia institucional más cercana a los ciudadanos. Aún seguimos sin aprovechar todo el potencial que tienen los Ayuntamientos españoles y ponerlos al servicio de los objetivos comunes que a todos nos interesan y ocupan.


Vertebración territorial y cohesión social

Los  Gobiernos Locales vertebran todo el territorio y garantizan la cohesión social; tienen la capacidad de conocer y detectar antes los problemas y también las soluciones. Los Ayuntamientos, las Diputaciones, los Cabildos y Consejos Insulares no sólo son el primer frente de actuación de los servicios sociales básicos, pilares del Estado del Bienestar, también pueden crear condiciones para la reactivación económica y el crecimiento del empleo y, ayudar a sentar los cimientos de un desarrollo económico y social sostenible.

Pueden contribuir de forma directa en la implantación del nuevo modelo productivo sostenible que queremos para nuestro país, creando o adaptando las infraestructuras a las nuevas necesidades de la gente y del territorio y, al mismo, tiempo, contribuyendo a la adaptación de las nuevas condiciones del mercado laboral, favoreciendo la adecuada formación de los trabajadores al nuevo modelo.

El mejor ejemplo de que los Gobiernos Locales forman la más amplia red pública que abarca todo el territorio de España y de que capaces de vertebrar y de contribuir de forma directa a la cohesión social de este país, la tenemos en su capacidad de intervención demostrada, rápida y transparente, con la ejecución de los más de  60.000 proyectos realizados con cargo a los Fondos de Inversión Local de 1009 y 2010. ¿Quién puede ser capaz de gestionar 13.000 millones de euros en tan poco tiempo?

Los 8116 Ayuntamientos españoles son las terminales del Estado en el territorio,  la parte del Estado que mejor puede conocer y potenciar la capacidad creativa de los ciudadanos,  apoyar a los emprendedores, y evitar que ninguna idea innovadora, ningún talento, quede desperdiciado porque no puede desarrollar su proyecto.


Responsabilidad con los objetivos de deuda y déficit

Los Ayuntamientos sufren las consecuencias de la crisis como el resto de las Administraciones y de los españoles. Tienen ahora menos recursos, sobre todo por el descenso de la actividad económica, que afecta directamente a nuestras principales fuentes de financiación y también por lo que les llega de los Ingresos del Estado (la PIE) y los procedentes del sistema tributario local, y, como contrapartida, más necesidades. El “triángulo maldito”: menos recursos, más paro, más necesidades sociales que atender.     
Para hacer frente a estas carencias, los Gobiernos Locales adaptan sus presupuestos de tal manera que todos los ciudadanos puedan seguir accediendo a los servicios básicos municipales en las mismas condiciones de calidad y de forma igualitaria.

¿El resultado? Hemos terminado 2010 cumpliendo todos los compromisos que adquirimos sobre los objetivos de Estabilidad y Crecimiento 2010- 2013 que España presentó en Bruselas hace un año. Hemos cumplido los objetivos de déficit y mantenemos el nivel de endeudamiento. Somos la única Administración que no aumenta el porcentaje de deuda respecto al PIB, al quedarnos en 3,3%, el mismo porcentaje que en 2009.

Los Gobiernos Locales contribuyen, de este modo, con responsabilidad y rigor a las exigencias de austeridad, al control del gasto y al buen manejo de los recursos públicos.


Gastos impropios

La normativa actual, a diferencia de lo que ocurre con la Administración Central y Autonómica, no reconoce un marco competencial claro y propio para los municipios, sino que ofrece un listado de servicios, que aumenta a medida que aumenta el tamaño de la población y que deben ser prestados obligatoriamente por éstos. Esa normativa les otorga la posibilidad de que presten todos aquellos servicios que sirvan para satisfacer las necesidades y demandas de sus ciudadanos, así como aquellos que complementen las competencias que son propias de otras administraciones (por ejemplo, cultura, sanidad, medio ambiente, etc.). Esto no lo digo yo sólo, está extraído de un informe de expertos de la Universidad de Barcelona.

Qué consecuencia tiene esto: que los Ayuntamientos se ven obligados a prestar servicios y ejercen funciones que no son suyas, pero que las sienten como tal porque son los primeros que detectan los problemas y demandas de servicios que son básicos y porque no pueden eludir la responsabilidad de atenderlos y resolverlos. Un estudio reciente de una entidad universitaria, que actualiza otro realizado en 2003, confirma el dato de que los municipios españoles hacen frente a un volumen medio de gasto no obligatorio que supone casi el 26 % del gasto total liquidado. Estamos hablando de servicios que tienen que ver con la seguridad y la protección civil, la cultura, la promoción social o los servicios comunitarios o de tipo social.

Dentro de este cómputo de gasto no obligatorio que soportan los municipios, la cuantía del considerado de “suplencia”, el que realizan supliendo a otras Administraciones, representa en el periodo 2004-2007 unos 115 euros por habitante, los que supone el 11,4 % del total de gasto liquidado y un 44,4 % del gasto no obligatorio de dicho período.

Mediante la asunción de ese gasto no obligatorio los Ayuntamientos garantizan la calidad, la equidad y la eficiencia en los servicios que se ofrecen a los ciudadanos, así como el derecho a acceder a servicios similares con independencia del territorio de residencia. El gasto no obligatorio no quiere decir que no sea imprescindible para los ciudadanos. Financia servicios esenciales de políticas y de funciones públicas de alto interés público y social. La proporción del gasto que los ayuntamientos destinan a servicios no obligatorios se ha mantenido estable en el tiempo y es similar en municipios grandes y pequeños.

Otro dato que ilustra lo dicho es que en 2009, los Gobiernos Locales, en su conjunto, gastaron más de 500 millones de euros en políticas activas de empleo, sin tener ninguna obligación, ya que esta es una competencia de las Comunidades Autónomas. A pesar de ello, más del 80 por ciento de los Ayuntamientos de más de 500 habitantes pusieron en marcha políticas de este tipo, porque los vecinos de sus municipios, afectados por el desempleo y la falta de futuro en determinadas actividades económicas así lo requerían. ¿Alguien puede echar en cara a los Ayuntamientos que asuman este gasto cuando el desempleo es el gran problema?


¿Menos municipios?

La Constitución española dice que Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas (artículo 137 de la Constitución). Por otro lado, la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 define al municipio como la entidad local  básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines (Art. 11 de la Ley).

La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, están reguladas por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local (Art. 13 de la Ley de Bases de Régimen Local), que también añade que dicha alteración no puede suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales.

Cualquier modificación en este sentido requiere en todo caso la audiencia de los municipios interesados y un dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si tal órgano existe. Al mismo tiempo, la Administración General del Estado deberá tener conocimiento de la petición de este dictamen.

La Ley de Bases también señala que la creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados y siempre que los municipios resultantes cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.

Hasta aquí el marco legal que ampara la existencia de los municipios en España. Cualquier comparación con las decisiones adoptadas en otros países, versus Grecia, debe ser tomada con cuidado y sabiendo de lo que se habla. En España, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos son gobiernos de los municipios, no son entidades administrativas o periféricas dependientes de otra institución, sino todo lo contrario: gozan del estatus de autonomía que les concede la Constitución.

Afrontar un proceso de reducción significativa del número de municipios tendría que hacerse en un proyecto más amplio de replanteamiento institucional del Estado, para el que sería necesario e ineludible un gran acuerdo político. Si ese debate se produjera, lógicamente el punto de vista de la FEMP, como principal interlocutor institucional de los Gobiernos Locales españoles, debería ser tenido en cuenta.

Al margen de las cuestiones políticas, habría que considerar las dificultades sociales que pudieran derivarse en cada unos de los territorios y municipios afectados. No podemos olvidar que en España existe tradicionalmente un sentimiento de identidad muy arraigado con respecto a su pueblo o ciudad. Un escollo que sólo podría superarse, no sin problemas, con una clara y unánime voluntad política.

En estos momentos, por tanto, de lo que se trata es de racionalizar los recursos, aprovechando y optimizando los mecanismos que ofrece la actual legislación, respetando la identidad y el arraigo histórico historia. Ya  existen fórmulas de asociación de municipios para cuestiones concretas, tanto a través de mancomunidades y de consorcios.

Y, por supuesto, están las Diputaciones Provinciales como entidades supramunicipales que cubren las carencias técnicas, de asesoramiento y asistenciales de los municipios con menos recursos.


Un nuevo marco competencial y financiero

El desarrollo del nuevo modelo económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas, el futuro del Estado del bienestar, en definitiva, están íntimamente ligados a la capacidad que puedan tener los Ayuntamientos de contribuir a su consolidación. Por ello, es más necesario que nunca aplicar, de verdad y de forma efectiva, el principio de subsidiariedad y la Gobernanza multinivel.

Si de verdad queremos que los Ayuntamientos sigan prestando servicios con la misma eficacia que hasta ahora y que contribuyan al mantenimiento del bienestar, sin que se resientan los principios de una sociedad justa y solidaria, debe crearse un nuevo marco para que dispongan del debido reconocimiento institucional y de los medios suficientes para hacer las políticas públicas locales: vivienda, desarrollo económico y sostenible, formación, innovación y,  por supuesto, empleo.

Con las mismas, si queremos que las finanzas públicas sean sostenibles –por cierto, ya dije antes que las Entidades Locales presentan el menor nivel de déficit y endeudamiento, en comparación con el resto de Administraciones- dótese a las haciendas locales de un sistema de financiación justo y suficiente que corrija, entre otras cosas y definitivamente, el injusto sistema actual que provoca que aproximadamente un tercio del gasto de los Ayuntamientos provenga de la asunción de competencias y servicios que no les corresponde.

El Gobierno y los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo, de una vez por todas, para sacar adelante cuanto antes las leyes de Gobierno Local y de Financiación Local. Las  Comunidades Autónomas, por su parte, también están obligadas a asumir la parte que les corresponde y traspasar de  de forma incondicionada una parte de sus ingresos tributarios a la Administración que da la cara ante los ciudadanos. Un mandato que está en la propia Constitución, concretamente en su artículo 142.

En definitiva, es el momento de que el Gobierno de España, las Comunidades Autónomas y los Gobiernos Locales nos sentemos en una misma mesa y analicemos quién puede hacer mejor las cosas, con menor coste y con mayor eficiencia. También es el momento en que todos los partidos políticos, todos, cumplan con su papel de forma responsable, anteponiendo el bien común a las ansías de poder y a los intereses partidistas. Esta es la mejor respuesta, la más racional y la más democrática para recuperar y afianzar la confianza de los ciudadanos en la política y en los políticos y, por ende, para que la actual coyuntura económica no provoque una destrucción irreparable de los logros sociales conquistados.


Cooperación y lealtad institucional

Los Gobiernos Locales estamos dando ejemplo de lealtad institucional, contribuyendo con rigor y responsabilidad a los objetivos de déficit del Estado, de estabilidad y de  sostenibilidad de las finanzas públicas, sin disminuir la calidad de los servicios públicos básicos que prestamos, especialmente los servicios sociales.

Hace unas semanas los Ayuntamientos hemos expresado nuestro compromiso con las medidas que el Gobierno acaba de aprobar con la intención de ahorrar energía y de que todas las Administraciones y todos los ciudadanos seamos más eficientes cuando utilicemos las distintas fuentes energéticas que consumimos.

El Gobierno sabe que cuenta con la complicidad de la inmensa mayoría de los Alcaldes y Alcaldesas para aplicar estas medidas y otras en materia de reactivación económica y de creación de empleo, aunque a veces los discursos políticos suenen a otra música. Una buena muestra son los proyectos ejecutados por los Ayuntamientos con cargo al Fondo de Inversión Local 2009 y al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. La rapidez y eficacia en la presentación de proyectos, en la gestión posterior de los recursos y en la ejecución de las obras, demuestra que los Gobiernos Locales están más que capacitados para proyectar, impulsar y desarrollar medidas que ayuden a recuperar el pulso económico de nuestro país.

Nosotros sólo pedimos que el Gobierno cree el marco adecuado para facilitar nuestro trabajo y que, si fuera necesario, ponga en manos de los municipios todos los mecanismos posibles de ayuda para que se apliquen con rapidez y eficacia.

Gobiernos Locales necesarios

España, como todo el mundo, afronta el reto de salir de una crisis que ha puesto en evidencia muchos de los principios que hasta ahora regían las políticas económicas y sociales imperantes en los foros de decisión política y financiera. De pronto, nos hemos topado con la necesidad de cuestionarnos qué hacíamos y cómo hacerlo y hemos llegado a la conclusión, entre otras cosas, que el desarrollo de los países y de los mercados debe hacerse desde un enfoque sostenible, que garantice la estabilidad y perdurabilidad de las estructuras en las que se asienta el Estado del bienestar y la coherencia con un futuro en el que prime el bien común sobre los abusos de la especulación. Yo me permito añadir también que la acción política tenga más en cuenta a las personas y sus problemas.

En esta tarea, los distintos niveles de Gobierno tienen la misma responsabilidad, el mismo derecho y la misma obligación a participar en la toma de decisiones. Pero también añado que los Gobiernos Locales, sobre todo,  son más necesarios que nunca.

Las Administraciones, todas, deben tener presente las transformaciones y las nuevas realidades que vive la sociedad española, con nuevos retos que es preciso afrontar desde la cooperación social y política: hablo del crecimiento acelerado de los últimos años, del envejecimiento progresivo de la población; del incremento de la población inmigrante, de la brecha digital y el acceso a la conocimiento; del riesgo que provocan las desigualdades, de los cambios en el mercado laboral. Y en todos estos retos, los Gobiernos Locales tienen mucho que decir.

Hago un inciso para reivindicar que es precisamente en los momentos de crisis y en la búsqueda de la sostenibilidad social y financiera, cuando lo público adquiere su verdadero valor, no sólo para ayudar a los más débiles, sino también para consolidar estructuras que proporcionen riqueza y bienestar a largo plazo.  Conviene recordar  que cuando la crisis financiera mundial mostró su verdadero rostro, fueron los Gobiernos quienes salvaron los mercados; y que ahora, el mercado y los especuladores atacan a los Gobiernos, debilitándolos y aumentando su deuda.

Pidamos, por tanto, con toda la fuerza que nos da la razón, que las entidades financieras arrimen el hombro; porque  no se puede seguir dificultando el acceso a la vivienda social, a pesar del compromiso y esfuerzo de los Ayuntamientos y de otras Administraciones Públicas, por la falta de financiación de los bancos. Contribuyamos todos a la recuperación y a la creación de empleo y apostemos por un enfoque que permita un desarrollo económico social y humano, basado en la productividad, la equidad y la sostenibilidad.

Retomo el hilo argumental y reivindico la política con mayúsculas, aquella que aproxima la solución de los problemas a los que los sufren y digo, convencido, que la solución a la mayoría de los problemas globales que nos aquejan se encuentra en el ámbito local. Del mismo modo que las medidas que están en marcha o puedan adoptarse para solucionar estos problemas requieren, indefectiblemente, de la acción de los Gobiernos Locales.


A modo de conclusión

Vuelvo al principio, para acabar. Vivimos en un Estado cada vez más descentralizado en el que las nuevas formas de relación, entre las tres Administraciones, deben canalizar de forma adecuada las diferentes políticas públicas y aunar esfuerzos para lograr unas soluciones efectivas. En este entramado, los Gobiernos Locales se consideran socios y aliados, no meros intermediarios, en la definición y ejecución de las políticas públicas y sectoriales que afectan a cada territorio.

Los 8.116 municipios, las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares forman la más amplia red pública de España; la que garantiza realmente la cohesión social en todo el territorio nacional y la extensión más eficaz, democrática y solidaria de la red de servicios. Por eso, no es justo ni rentable que se les  impida trabajar al máximo de sus posibilidades. Las Comunidades Autónomas y los Gobiernos Locales tienen un papel complementario y no excluyente, y de las futuras reglas de juego que se establezcan al respecto, dependerá en buena medida el éxito de las políticas económicas y sociales e, incluso, me atrevo a decir, del nuevo modelo económico.


(*) Pedro Castro Vázquez es alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)