Acabamos de comenzar una nueva década y España tiene, en el ámbito de las relaciones internacionales, mucho trabajo por delante sobre todo porque en los últimos años se ha producido una involución en el papel que nuestro país jugaba como actor a nivel global. A comienzos de la década pasada, la primera de este siglo, España era un país que había roto definitivamente con un pasado de relativa pobreza y de aislamiento internacional debido a su atormentada historia durante el siglo XX. Gracias a la transición a un sistema democrático y a nuestra entrada en la UE en 1986, España consiguió un desarrollo económico espectacular que culminó a finales de los años 90 con una baja tasa de desempleo antes nunca conocida y con la entrada en el euro –cumpliendo con todos los requisitos exigidos para ello- junto a las principales economías de la zona euro.
La llegada al poder en 2004 del PSOE y de José Luis Rodríguez Zapatero rompió sin embargo esa dinámica positiva. Los datos son evidentes: en los últimos siete años España ha vuelto a tasas de paro escalofriantes (más del 21 % y prácticamente cinco millones de desempleados en abril de 2011) que lo sitúan como el país con más paro de toda la UE -por delante de economías supuestamente más débiles-, doblando la tasa media comunitaria y triplicando la de países como Alemania, y con el añadido de un paro juvenil de más del 40 %, asimismo el más elevado de los 27 países de la UE. También ha aumentando sensiblemente el déficit público en los últimos años y la confianza de los mercados y de los inversores en la economía española se ha reducido –como muestran las dificultades para colocar la deuda pública experimentada en los últimos meses-.
Relaciones internacionales
En paralelo, y en parte vinculado con lo anterior, España ha dilapidado durante los Gobiernos de Zapatero buena parte del crédito político que tenia a nivel internacional a comienzos de los años 2000. Las relaciones con Estados Unidos y con los países latinoamericanos durante la “era Zapatero” merecería un capítulo aparte, pero centrémonos de momento en lo relativo a la UE. Aunque prometió, según su propia expresión, volver al corazón de Europa, lo cierto es que España no ha liderado en los últimos años ninguna decisión importante de las que ha tomado la UE ni se ha involucrado activamente en ellas.
El Gobierno ha hecho algunos intentos -meramente cosméticos- por situarse en la vanguardia europea, por ejemplo al ser en 2005 el primer país en ratificar en referéndum popular la luego fallida Constitución europea. El aislamiento español en el Consejo Europeo (principal órgano de decisión de la UE) empezó a hacerse patente con la difícil negociación sobre el Tratado de Lisboa –que sustituyó al proyecto de Constitución Europea- y que fue impulsado definitivamente por la Canciller alemana Angela Merkel.
En conjunto, España salió de esa negociación perdiendo peso político –o lo que es lo mismo capacidad real de influir- al reducir su margen de maniobra en el Consejo de la UE a cambio de cuatro diputados más en el Parlamento Europeo (una cifra insignificante teniendo en cuenta el total de escaños en esa institución). Pero la irrelevancia española se hizo aun más patente cuando estalló la gran crisis de los últimos años, la económica.
Plan económico de rescate
A la hora de negociar el plan de rescate para la economía griega -que luego ha tenido que convertirse en permanente para proteger al conjunto de la economía de la zona euro y a la moneda única- España no estuvo entre los actores principales, y más aún, Rodríguez Zapatero tuvo que tomar en mayo de 2010 dolorosas medidas de ajuste ante la insistencia de sus socios comunitarios, que veían alarmados la deriva hacia la que iba España por la inacción de su Gobierno. Esto ocurrió además en plena Presidencia española de la UE (primer semestre de 2010), la más deslucida de las cuatro que ha dirigido España en sus 25 años de historia en la UE.
Ese semestre se saldó sin acuerdos relevantes y con la mala imagen para el país que provocó la cancelación de dos de los tres principales eventos previstos para esos meses: las Cumbres con Estados Unidos y la prevista conjuntamente con los países de la UE y con los países de la ribera sur del Mediterráneo. Vistos los acontecimientos posteriores en la zona mediterránea, queda claro que España ha perdido una excelente oportunidad de actuar como potencia mediadora. Todo lo anterior, aunque relatado de manera muy sumaria, deja en mi opinión una conclusión clara: los últimos siete años han sido prácticamente perdidos para España en términos de relaciones con los socios de la UE pero también a un nivel internacional más amplio.
Ha quedado de manifiesto la incapacidad del Presidente Zapatero y de Ministros de Exteriores como Miguel Angel Moratinos o Trinidad Jimenez para que la política exterior refleje el potencial que, estoy convencido, tiene nuestro país. España está, pese al deterioro de los últimos años, entre las principales economías del mundo. Entre otros activos, España cuenta con una posición geoestratégica importante; con una población relevante -47 millones de personas-; con una lengua que es hablada como lengua materna por casi el 10 por ciento de la población mundial; y con un conjunto de empresas que son actores globales. Sin embargo, nuestra posición en el mundo no es, lamentablemente, acorde a todos estos activos.
Necesidades gubernamentales
Creo por ello que es necesario –y cada vez lo es más- un cambio de Gobierno que implemente una nueva política, tanto a nivel doméstico como exterior, y creo que el partido y el proyecto liderado por Mariano Rajoy es el más apropiado y el mejor preparado para hacerlo. Pero vayamos por partes. En el contexto de la UE, España tiene que volver a hacer valer el prestigio y la influencia que tuvo –y que le corresponde como uno de los cinco países más grandes dentro de este club de 27 países-. Para ello España debe centrarse en los temas importantes y dejar a un lado batalles estériles como la de pretender cambiar la Posición Común de la UE sobre Cuba, por citar uno de los ejemplos recientes de la errática política del Presidente Zapatero.
En los próximos meses y años, pongamos como horizonte el 2020, la UE va a experimentar transformaciones importantes y se afrontarán debates trascendentales. A corto plazo, la UE va a discutir la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que no es un tema baladí puesto que alrededor del 40 % del presupuesto comunitario se dedica a esta materia. Actualmente España es uno de los países más beneficiados por los fondos de este capítulo del presupuesto comunitario, junto con Francia, Italia y Reino Unido. Unos 900.000 agricultores españoles perciben algún tipo de ayudas de la PAC.
Aunque todavía estamos en una fase muy inicial de este debate, es un hecho que con cada una de sus sucesivas reformas la PAC ha ido perdiendo peso en el conjunto del presupuesto comunitario. Por eso es importante que el sector se prepare y que el Gobierno pueda optimizar los recursos empleados y recibidos por esta política comunitaria. También en breve empezará la negociación sobre las perspectivas financieras para el periodo 2014-2020, o lo que es lo mismo, sobre cuánto va a gastar la UE en esos años y en qué. Desde su ingreso en 1986 España ha sido uno de los países más beneficiados y siempre ha sido receptor neto, al recibir más dinero del que aportaba a las arcas comunitarias.
Perspectiva de futuro
En el próximo marco plurianual, España tiene muchas posibilidades, por primera vez en la historia, de pagar más de lo que reciba debido al aumento del desarrollo del país y al ingreso en la UE de países con una situación peor que necesitan de recursos cuantiosos para ponerse al nivel del resto de socios comunitarios. En definitiva, España puede pasar de ser receptor neto de fondos del presupuesto comunitario a contribuyente neto.
Este cambio de tendencia debe ser visto con amplitud de miras porque es en general positivo. Demuestra el avance positivo de España en los últimos 25 años en términos de desarrollo económico. Pero ello no debe ser impedimento para que el Gobierno español –confío en que la negociación final se haga con un Gobierno del PP- defienda los legítimos intereses del país y los combine con la necesaria solidaridad con otros países. Algunas regiones españolas como Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha, así como Canarias, Ceuta o Melilla por razón de su particular situación geográfica, aún necesitan ser apoyadas para que su convergencia con la media de desarrollo económico europeo sea una realidad más allá de los meros datos estadísticos.
Esta negociación sobre las perspectivas financieras será, además, una de las más duras de los próximos años, sobre todo porque se va a realizar en un contexto de crisis económica que hace necesaria una racionalización del gasto de los recursos comunitarios.
Retos de la UE
Por ello creo que la UE debe tener en cuenta más que nunca el principio de subsidiaridad para evitar duplicidades entre las tareas que desempeña la UE y las que llevan a cabo las autoridades nacionales y locales. Las instituciones comunitarias deben centrarse en regular aquellos aspectos en los que realmente pueden aportar un valor añadido y en particular, en los que la existencia de un mercado único interior, que es beneficioso para todos los países, hace necesaria esa regulación común.
Lamentablemente, España afrontará los meses que quedan hasta marzo de 2012 en una posición débil debido a la interinidad que se ha autoimpuesto Rodríguez Zapatero al anunciar recientemente que no se presentará a las próximas elecciones generales, en lugar de convocar elecciones una vez tomada esa decisión. Difícilmente podrá negociar con el resto de primeros ministros de la UE cuando estos ya saben que en breve habrá otro Presidente del Gobierno y que entretanto el PSOE estará ocupado en la elección de su nuevo líder. Por ello confío en que España cuente a partir de 2012 con un Gobierno fuerte y comprometido con la política exterior para, a nivel europeo, afrontar estas negociaciones.
Además, España puede y debe jugar un papel destacado en algunos asuntos y debates que la UE tendrá que afrontar probablemente a medio y largo plazo, con el horizonte temporal antes señalado del 2020. Me gustaría destacar tres: En primer lugar, el modelo económico. Europa disfruta del mejor sistema del planeta, el que ha permitido en las últimas décadas niveles de vida dignos para la práctica totalidad de la población. No obstante ese sistema está claramente en peligro.
Con una población envejecida y unos niveles reducidos de natalidad (España es claro ejemplo de esto), a lo que se une el hecho de la globalización y de la competencia creciente de otros países y regiones del globo, la UE debe afrontar el reto de reformar su sistema económico para hacerlo competitivo y sostenible a largo plazo, sin renunciar por ello a valores genuinos como la solidaridad y la garantía de servicios básicos como la sanidad y la educación. En definitiva, se trata de actualizar los principios de la “economía social de mercado”, que en general han funcionado bien durante las últimas décadas y que ha sido siempre impulsado por el Partido Popular Europeo (PPE), sus partidos miembros y los numerosos Gobiernos que lideran sus dirigentes.
En segundo lugar, el modelo energético. La reciente tragedia sufrida por Japón ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de lograr un “mix energético” que combine seguridad con garantía de abastecimiento. En estos momentos la UE es demasiado dependiente de los recursos –en particular gas y petróleo- que compramos a países no miembros, lo que nos hace demasiado vulnerables a crisis como la que estamos viviendo en los países árabes. Por ello es necesario un debate profundo en la UE y una mayor coordinación para garantizar a medio plazo una política energética equilibrada y sostenible.
Creo que en estos momentos no podemos renunciar totalmente a ninguna de las fuentes de energía que utilizamos pero debemos avanzar progresivamente hacia un “mix energético” que responda a la realidad de que ciertos recursos –como el petróleo- son limitados y que prime y desarrolle fuentes de energía menos agresivas con el medio ambiente.
En tercer lugar, el debate sobre el propio proyecto europeo. Con una crisis económica como la que sufrimos quizá no sea el momento más apropiado para abordar este asunto, pero antes o después será necesario afrontarlo. En los últimos años la UE ha sufrido dos transformaciones radicales: se creó el euro –con todo lo que implica de cesión de soberanía nacional en términos en términos de política monetaria- y se realizó una histórica ampliación a los países del Este de Europa que aumento el número de Estados miembros de 15 a 27.
Creo que con la perspectiva que dan los pocos años transcurridos, ambos hechos pueden considerarse como muy positivos. Pero también nos deben llevar a plantearnos cuál es el camino de la UE y hacia dónde queremos caminar. Esto, en mi opinión, se concreta en dos cuestiones. En primer lugar, hasta qué punto los países miembros quieren y pueden compartir competencias que sean gestionadas desde Bruselas. Esto lleva también a la pregunta de si los Estados miembros quieren avanzar en la Unión política igual que lo han hecho en los últimos años con la unión económica y monetaria.
Y en segundo lugar, qué limite físico quiere ponerse la UE. Si la UE quiere seguir siendo tal y como la conocemos, o al menos parecida, debe tener un proyecto de futuro y marcar sus límites geográficos. En 2004 se logró el objetivo histórico de reunificar el continente europeo después del trauma de la Segunda Guerra Mundial. En breve, y creo que es positivo, Croacia será el Estado número 28 de la UE. Pero Turquía y Albania tienen también ya el estatus de países candidatos y llaman a la puerta con fuerza y no tienen todavía una respuesta concreta.
Por tanto, debemos estar abiertos a futuras ampliaciones pero debe acompasarse más el ritmo de ingresos con el del propio desarrollo interno de la UE para evitar disfunciones en el funcionamiento interno y también para facilitar la aspiración de que la UE tenga una voz única en el mundo, algo que ha vuelto a quedar en evidencia con la crisis en el mundo árabe y en particular en Libia. En definitiva, la UE debería afrontar cuanto antes el debate sobre qué modelo de organización quiere ser y cuáles deben ser sus límites a todos los niveles.
En todo esto, España debería jugar un papel clave a tenor de nuestra posición geoestratégica en Europa y las relaciones privilegiadas que tenemos y debemos fomentar con los países latinoamericanos y con los del Mediterráneo. En los últimos años este potencial ha estado infrautilizado pero estoy convencido de que un Gobierno integrado por un nuevo equipo del PP podría devolver a España a su anterior posición de liderazgo en Europa.
(*) Antonio Lopez-Isturiz es Secretario General del Partido Popular Europeo (PPE), eurodiputado y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP
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