Hacia el 2020 se habrán consolidado en gran medida las nuevas realidades que ahora ya son visibles. - Desarrollos científicos y tecnológicos que alterarán aspectos significativos de la calidad de vida y el comportamiento humano, tales como: el nacimiento de formas de inteligencia artificial; la profundización en el conocimiento del Universo; la superación de enfermedades degenerativas y el incremento de la longevidad; nuevas formas de energía menos contaminantes y menos costosas; mejoras espectaculares en el mundo digital que aumentarán y diversificarán la comunicación social tanto a nivel colectivo como individual.
- Cambios geopolíticos que reducirán el poder de acción de Norteamérica; la aceleración de la decadencia europea; el reforzamiento espectacular del papel político y económico del eje del pacífico y de países como Rusia y Brasil; y modificaciones substanciales en el mundo financiero.
- Movimientos sociológicos que favorecerán el papel creciente de la mujer; nuevas formas de relación y convivencia; descenso del papel de religiones dogmáticas; y la expansión de procesos democráticos en todo el mundo.
- Estas nuevas realidades obligarán a todos los estamentos de la sociedad a cuestionarse críticamente las nuevas oportunidades y sobre todo las responsabilidades ante la ciudadanía. El estamento jurídico (que incluye el académico, el judicial y la abogacía) va a tener que asumir un protagonismo importante. Es su momento histórico. La primera obligación de los juristas tiene que ser, de un lado, desvelar y denunciar los enormes déficits legales y democráticos con las que se está desarrollando la globalización y de otro reclamar la existencia de normas e instituciones que gobiernen este proceso.
Sin instituciones globales con capacidad de acción y eficacia, incluso ante las naciones más poderosas, y sin unos principios básicos de derecho global, no podemos aspirar a una convivencia universal civilizada y a un futuro digno. Una segunda obligación será la de evitar alejarse de dos áreas decisivas: la ciencia y la tecnología que están desarrollándose en gran medida sin que el mundo jurídico aporte su pensamiento, su interpretación y sus principios ordenadores. Vivir de espaldas a este imparable y fascinante fenómeno –y eso es exactamente lo que estamos haciendo- sería irresponsable en grado extremo.
No es sin duda tarea fácil porque los cambios son excesivamente rápidos e imprevisibles y las consecuencias en el orden legal no pueden definirse con facilidad, pero ambos son problemas que tienen que afrontarse porque los riesgos de un vacío jurídico son inaceptables. La tercera obligación tiene que estar relacionada con la recuperación de los valores y los comportamientos éticos, un tema inquietante porque parece instalarse en la sociedad una actitud de resignación y de tolerancia frente a conductas inmorales y de manera muy especial en temas de corrupción que afectan decisivamente al funcionamiento del sistema democrático y al buen orden jurídico.
Por lo que respecta a España el resumen sería el siguiente: nuestro sistema judicial es bueno en su conjunto y sus problemas (lentitud, déficit de utilización de tecnologías, excesiva politización) se corregirán fácilmente con un pacto político serio y profundo entre el PSOE y el PP; nuestras universidades son ciertamente mejores de lo que resulta de las encuestas internacionales pero tienen que modernizar sus sistemas, internacionalizarse y sobre todo adaptarse a las nuevas realidades del mundo; la abogacía está pasando por uno de sus mejores momentos.
Es uno de los pocos estamentos profesionales de nuestro país que se ha puesto a la altura de su tiempo. A nivel europeo sólo puede superarnos la abogacía británica.
(*) Antonio Garrigues Walker es presidente del despacho de abogados Garrigues
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