Así se desprende del Observatorio Fiscal del primer trimestre, elaborado por el servicio de estudios de la entidad, que calcula que el déficit público de 2017 habría terminado cerca del objetivo de estabilidad, al cerrar en el 3,1% del PIB, y prevé que el ciclo económico continúe corrigiendo el deterioro en las cuentas públicas, pero a un ritmo menor al que lo hizo el año pasado, dadas las previsiones de moderación del crecimiento para los próximos años.
De esta forma, calcula que en un escenario sin cambios en la política fiscal, el déficit se reduciría hasta alcanzar el 2,3% del PIB en 2018 y el 1,7% en 2019, ligeramente por encima de los objetivos del 2,2% y el 1,3%, respectivamente, comprometidos con Bruselas. Estas cifras situarían el saldo primario ajustado de ciclo en torno al -0,2% del PIB de 2017, por lo que no espera una mejora estructural de las cuentas públicas, lo que implicaría una orientación de la política fiscal globalmente neutral.
En este escenario, apunta que la política fiscal del bienio 2018-2019 va a estar condicionada por el calendario electoral y la situación política actual, que ha impedido aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2018 y repercutido en la agenda reformadora.
En ese sentido, recuerda que están pendientes, entre otras, la postergada reforma del sistema de financiación autonómica y la del sistema de pensiones. Para BBVA Research, la proximidad de la culminación del ciclo electoral en algunas autonomías y ayuntamientos puede alentar presiones para relajar el ajuste del déficit público, como ya se observó en 2015, cuando se produjeron desviaciones generalizadas de la regla de gasto.
Junto a ello, persiste la necesidad de revisión y mejora de la institucionalidad fiscal introducida durante los últimos años. Entre las posibles mejoras que se podrían discutir estaría la explícita vinculación entre la fijación de los objetivos de estabilidad y la regla de gasto, señala BBVA Research.
Además, cree que sería recomendable introducir la situación cíclica del territorio y la posición fiscal de la administración en cuestión en la fijación de las metas fiscales.
CUMPLIMIENTO DEL DÉFICIT EN 2017
Según BBVA Research, los datos de ejecución presupuestaria hasta noviembre anticipan que el déficit público de 2017 habría terminado cerca del objetivo de estabilidad, hasta situarse en el 3,1% del PIB.
"Estas cifras vendrían a confirmar el ajuste esperado a comienzos de año, si bien el impacto de la recuperación cíclica de la economía habría sido algo mayor", explica BBVA Research, que estima que los estabilizadores automáticos, la menor carga de intereses y las prestaciones sociales -pensiones y otras prestaciones diferentes a las de desempleo- podrían haber corregido el déficit en 2017 en 1,4 puntos porcentuales del PIB, dos décimas menos de lo previsto a principios de año.
Esto implica que el saldo estructural primario se habría deteriorado en dos décimas del PIB, en gran medida debido a que las actuaciones aprobadas a finales de 2016 no habrían logrado compensar la totalidad de las políticas expansivas vigentes desde 2015.
Por el lado de los ingresos, la recuperación cíclica de las bases imponibles habría impulsado la recaudación de los impuestos sobre la producción y, en menor medida, de los impuestos sobre la renta. Igualmente, destaca que la mejora del empleo mantuvo la senda de crecimiento de las cotizaciones sociales, moderadas por las medidas vigentes de incentivación del empleo.
Como consecuencia, se estima que los ingresos públicos de 2017 se habrían situado en el 38% del PIB, tres décimas por encima del cierre de 2016, pero por debajo de lo esperado a principios de año (38,5%).
Respecto al gasto, la ejecución presupuestaria apunta a un ajuste mayor de lo previsto hace un año. Así, espera que la mejora del mercado laboral y de las condiciones financieras haya favorecido una caída en las prestaciones por desempleo (dos décimas del PIB) y de los intereses (tres décimas), lo que compensaría el aumento estructural del gasto en pensiones.
Junto a ello, el consumo público habría vuelto a crecer en términos nominales a lo largo de 2017, aunque a un ritmo menor que la actividad. Así, el gasto público se habría reducido en 2017 en torno a nueve décimas del PIB hasta el 41,1% del PIB.
Por administraciones públicas, estima que las comunidades autónomas y las corporaciones locales, estas últimas holgadamente, hayan cumplido con sus objetivos de estabilidad, fijados en un déficit del 0,6% del PIB en el primer caso y estabilidad presupuestaria en el segundo.
Por el contrario, ve "probable" que la Administración Central haya cerrado 2017 con un déficit por encima de su objetivo del 1,1% del PIB, en tanto que estima que la Seguridad Social ha reducido su déficit, hasta el 1,6% del PIB, pero no con la intensidad suficiente como para cumplir el objetivo del 1,4%.
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