La Confederación Europea de Sindicatos (CES) ha celebrado su XII Congreso en Atenas (16-19 de mayo). La CES, organización unitaria del sindicalismo europeo, tiene 60 millones de miembros procedentes de 83 confederaciones nacionales de 36 países y 12 federaciones sectoriales europeas. Con mucho, la CES es la organización social europea más importante, por su tamaño y su entronque en todas las sociedades europeas.
El Congreso de la CES ha realizado una crítica frontal y bien fundamentada de las políticas adoptadas por las instituciones europeas –el Consejo y la Comisión- en los últimos tiempos, en particular de las políticas de ajuste presupuestario y de reformas estructurales promovidas o impuestas a partir de la reunión del Ecofin, del 9 de mayo de 2010, y posteriormente consagradas en el Plan de gobernanza y el Pacto por el euro.
Las políticas de la nueva gobernanza económica tienen un único objetivo: la reducción de los déficits públicos en un corto espacio de tiempo. El modo, casi exclusivo: recortar salarios, pensiones y gastos sociales, aumentar los impuestos indirectos y privatizar bienes públicos.
La aplicación de las más duras recetas del ideario neoliberal está teniendo un elevado coste social en numerosos países –del Sur y el Este de Europa, pero también en Irlanda o el Reino Unido- y deteriorando seriamente el modelo social europeo y con ello el propio proyecto de la UE.
El poder financiero –el que produjo la crisis- y unos gobiernos que parecen responder, casi al unísono, al peor pensamiento conservador están imponiendo que el coste de la misma la paguen exclusivamente trabajadores y clases medias.
La UE ha renunciado a gobernar los mercados, sólo les ofrece para “calmarlos” partes del bienestar social. El problema no es sólo lo injusto de estas políticas; es que, además, son erróneas. Al año y medio de manifestarse los primeros síntomas de la crisis de su deuda soberana y al año de ser “rescatada”, Grecia está mucho peor: ahora se habla de reestructuración de su deuda y, algunos, de su salida del euro. ¿Qué hubiera pasado si después de la quiebra de Lehman Brothers, los políticos hubieran actuado tan tarde y tan mal como lo han hecho con Grecia, Irlanda y Portugal?
A la banca privada se le rescató, sin límite de fondos y sin apenas condiciones –la regulación del sistema financiero es débil y tardía- y el BCE le presta al 1 % en barra libre. A las naciones que necesitan ayuda se les presta al 6 % y se le imponen unas condiciones leoninas que pagan sus ciudadanos menos pudientes. Y estas condiciones -los recortes salariales, sociales y de la inversión pública y la consiguiente caída del empleo- deprimen aún más la demanda interna, y pueden hacer caer a las economías que las padecen en una profunda espiral depresiva.
El Pacto por el euro entierra definitivamente los objetivos positivos de la Estrategia de Lisboa, al menos para los países periféricos a quienes va destinado. Les dice que para recobrar competitividad hay que reducir los salarios, debilitar la negociación colectiva y proceder a fuertes recortes del Estado de bienestar. El Pacto no es nada más.
El fomento de la insolidaridad entre los Estados miembros y en el interior de los mismos –responsabilidad del plantel de malos gobernantes, sin visión de futuro, que hoy gobiernan la UE- tiene costes políticos añadidos: el auge electoral de los partidos populistas y de extrema derecha en numerosos países, el deterioro de la cohesión necesaria entre los Estados, y un peligrosísimo olvido de los valores básicos sobre los que descansa la Unión.
Es lamentable que 30.000 refugiados o emigrantes, tunecinos y libios, hayan puesto en crisis el Tratado de Schengen. Después de haber sostenido a los peores dictadores árabes, porque supuestamente nos protegían del terrorismo islamista y la emigración incontrolada, después de haber actuado de forma tan vacilante y contradictoria ante las rebeliones democráticas de los pueblos árabes -el acontecimiento más importante y positivo del Siglo XXI-, la UE, en lugar de encabezar el apoyo decidido a los procesos democráticos, se preocupan ante todo de cerrar las fronteras, incluso a costa de uno de los pilares de la construcción europea: el fin de las fronteras internas.
Cuando se prescinde de los valores democráticos y sociales fundamentales, se gobierna al dictado de las élites que ayer generaron la crisis y hoy imponen sus recetas para la salida de la misma, si el haber alcanzado 23 millones de parados (casi cinco millones en España) no mueve a priorizar ninguna iniciativa para la creación de empleo, si se deteriora el modelo social europeo, las consecuencias no serán sólo un mayor alejamiento de la ciudadanía de las instituciones europeas, lo que se pone en riesgo es la propia Unión.
Son esas políticas y sus consecuencias las que han provocado la movilización de los trabajadores y sus organizaciones a lo largo y ancho de la UE, las mismas que la motivan hoy en España y que cuenta con nuestra comprensión y simpatía, las mismas que, de mantenerse, concitaran nuevas manifestaciones de rechazo del movimiento sindical y la reprobación de la mayoría de la ciudadanía.
El Congreso de la CES ha planteado alternativas a estas políticas tan injustas y equivocadas, para asegurar la estabilización de las finanzas públicas, al tiempo que se promueve el crecimiento y el empleo. Para hacer frente a la crisis de las deudas soberanas: que el Fondo de Estabilidad Financiera preste a tipos de interés moderado y plazos largos de vencimiento, que se proceda a emitir eurobonos, se regule con rigor el sistema financiero, se erradiquen los paraísos fiscales y se establezca un impuesto a las transacciones financieras.
Para que se cumplan los objetivos de déficit y deuda del Plan de Estabilidad y Crecimiento: que se alarguen los plazos hasta 2016/2017, se acuerde con los interlocutores sociales el modo de lograrlo compartiendo cargas, se actúe sobre los ingresos incorporando la armonización fiscal a la gobernanza económica, y, por una vez, que el Pacto sea también de “crecimiento”: la coordinación de las políticas económicas tiene que priorizar las medidas para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, entre ellas un Plan europeo de inversiones con recursos equivalentes al 1 % del PIB.
Para el gobierno económico de Europa: que además de la política fiscal incluya otras como la industrial, la energética y la medioambiental, que promueva el cambio de modelo económico hacia una economía verde para garantizar un desarrollo sostenible y que el cambio se produzca bajo los principios de una “transición justa”, negociada con los interlocutores sociales.
No sin debate, la CES ha superado la tentación de limitar la acción de los Sindicatos al ámbito de cada país. La CES quiere fortalecer, con la ayuda de todas sus organizaciones nacionales y sectoriales, su capacidad de movilización y negociación transnacionales. Es su gran reto. Para ello, a partir de una propuesta conjunta de CCOO y UGT, va a impulsar un debate, en sus órganos de dirección, sobre el modo de articular los procesos de movilización y negociación nacionales con los de ámbito europeo, que por primera vez incluirá el examen de la posibilidad de promover una huelga general europea. En lo inmediato, para modificar las propuestas de gobernanza, actualmente en trámite en el Parlamento Europeo, la CES convocará movilizaciones hacia finales de junio.
La CES, que inequívocamente quiere más Europa, no quiere esta Europa. Para que la UE salga de la profunda crisis económica, social y política en la que la han sumido especuladores, financieros y malos políticos, el sindicalismo no puede actuar sólo. La CES deberá hacer un llamamiento a la sociedad europea –a las organizaciones de la sociedad civil, al mundo académico e intelectual, a los jóvenes, a las instituciones y organizaciones políticas, etc.- para que se movilicen en defensa de los valores democráticos y solidarios que inspiran el Tratado de Lisboa y su Carta de Derechos Fundamentales, y en defensa del Modelo Social Europeo, hoy tan severamente atacado. La UE vive las horas más bajas de su joven Historia. La CES tiene la voluntad de que salga de ellas.
(* ) Ignacio Fernández Toxo es secretario general de CC OO y presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
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