El magistrado ha propuesto revisar los términos de libertad y seguridad para evitar que estos sigan siendo incompatibles dado que, en las “sociedades democráticas de hoy” no puede haber ya dicotomía entre la creación de un marco preestablecido y fiable de seguridad jurídica y la libertad de los ciudadanos. “Hoy, sin seguridad jurídica, se reduce extraordinariamente la seguridad de un Estado”, ha sentenciado.
En este sentido, el fiscal ha ejercido una apología de la justicia como único garante de la seguridad, aunque ha querido especificar que la plantilla de fiscales es “ampliable” si se quiere que el sistema funcione bien. “Es necesario que la justicia se pregunte si sirve para lo que debería servir”, ha dicho, refiriéndose particularmente a la justicia internacional. De este modo, Conde-Pumpido ha hecho hincapié en la necesidad de un sistema de resolución de conflictos universal, acorde con la realidad de la globalización y de las nuevas tecnologías. Tajantemente ha especificado: “Todo es posible en un mundo que carece ya de fronteras para el delito, pero que las sigue teniendo para la justicia”.
Crítica a la lentitud de la justicia
“Las grandes construcciones institucionales no son lo suficientemente ágiles”, ha opinado el fiscal. Así, ha insistido en que debemos potenciar la cooperación en tiempo real de los sistemas de justicia establecidos que tienen que extenderse para abarcar nuevos objetivos. La única solución a esta crisis es, a sus ojos, la actuación preventiva contra el terrorismo y la mundialización del concepto de Estado de Derecho; “el camino de la homogeneización de la respuesta penal, la colaboración entre Justicias para hacer Justicia”.
El discurso ha concluido con una reflexión sobre la corrupción a nivel mundial, que habría llegado a la actual crisis financiera ante la que nos encontramos, capaz de que “un movimiento especulativo perfectamente orquestado pueda poner en riesgo la economía de un país entero”. Así, para Conde-Pumpido, Estados Unidos puede afrontar esta lacra gracias a su Fiscalía de intereses financieros, mientras que “no tenemos los mecanismos en Europa para reaccionar a la crisis; ni tenemos prevención especial, ni prevención general de los intereses financieros europeos”. En definitiva, para el fiscal la justicia funciona lo menos mal que puede funcionar, pero sigue “siendo un mal sistema de cara a los ciudadanos”.
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