La mejora del modelo policial en España

Voy a dividir este artículo sobre políticas de seguridad y acción sindical en tres apartados, en los que expondré la posición del SUP respecto a esta cuestión. Me referiré primero a la las actuaciones que supondrían preparar a las fuerzas de Seguridad, del Estado, autonómicas y locales para adecuarlas a los nuevos retos; en segundo lugar a algunos cambios en las políticas públicas de seguridad, que deben hacer compatible una mayor eficacia en un país inseguro como España con el escrupuloso respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, y en tercer y último lugar me referiré a la política sindical que desarrollamos en el Cuerpo Nacional de Policía.

La modernización de las fuerzas y cuerpos de seguridad, o si lo prefieren, la mejora del modelo policial en España pasa, en opinión del SUP -sindicato al que represento-, por distintas actuaciones que afectan a todas las administraciones y cuerpos de policía implicados. Se pueden establecer distintos niveles de cambios, más o menos profundos, y nosotros abogamos por el considerado más radical, revolucionario dicen algunos, una locura o un imposible, que es lo que nos decían muchos mandos militares en 1983 cuando defendíamos una policía civil y unificada con el Cuerpo Superior, lo que pasó tres años después y resulta que la eficacia mejoró considerablemente. Esta opción más radical es unificar en un único cuerpo de Policía del Estado de carácter civil al Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

Esta unificación serviría como cimiento a una nueva arquitectura del modelo de seguridad pública, eliminaría muchas de las insuficiencias que el actual diseño está poniendo en evidencia y sería más acorde con las necesidades de seguridad que nuestra sociedad tiene planteadas.

La pretensión de este proceso sin duda complejo -pero a nuestro entender necesario-, es abarcar todas las competencias en seguridad y protección de los derechos de los ciudadanos y conseguir algo crucial e imprescindible, la actuación coordinada con el resto de policías que conforman este puzle de la seguridad (autonómicas, adscritas y locales), con algunas de las cuales se comparten y solapan competencias atribuidas a ambos cuerpos sobre el mismo territorio.

Tras este primer paso que pondría orden en los Cuerpos de Seguridad del Estado, viene el segundo, que afecta a las Comunidades Autónomas, y que supondría conseguir un modelo equilibrado y acabar con las actuales tensiones políticas en comunidades que pueden -y algunas ya lo han hecho, como Canarias- crear un cuerpo de policía propio.

Consistiría en dotar de Unidades Adscritas a todas las Comunidades Autónomas que no dispongan de cuerpos de policía propios además de ampliar las Unidades Adscritas ya existentes (Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Aragón Asturias y pronto en Madrid), adecuando el número de efectivos en función de sus competencias y necesidades concretas. Se evitaría la proliferación de cuerpos de policía propios o “independientes” en más comunidades autónomas, cuyo resultado en términos de seguridad nos conduciría irremediablemente a una atomización del desempeño policial justo en sentido contrario al que avanza la criminalidad, una de cuyas principales características radica precisamente en su internacionalización.

Si aún no hemos sido capaces de arbitrar un mecanismo de coordinación suficientemente ágil y eficaz entre policías de distintos países europeos, no podemos permitir un panorama de fragmentación policial que en lugar de avanzar incremente las dificultades de entendimiento entre cuerpos policiales dentro del Estado español. Ya hay experiencias suficientemente elocuentes sobre la coordinación con la Ertzaintza y los Mossos como para no seguir por ese camino.


Ampliar las Unidades Adscritas ya existentes

Así pues, ya tenemos el segundo paso para hacer más eficaz el sistema público de seguridad, que consistiría en ampliar las Unidades Adscritas ya existentes y crearlas en todas las Comunidades Autónomas. Debería ser motivo de estudio por expertos si sería procedente que estas unidades asumieran la responsabilidad de preservar la seguridad ciudadana, el servicio de policía preventiva de uniforme en sus respectivos ámbitos, pues al mantenerse el servicio con miembros de un mismo Cuerpo se consigue una coordinación muy sólida, y la dependencia funcional compartida con las CCAA permite a las mismas implicarse en la gestión de la seguridad de los ciudadanos en su territorio.

En mi opinión, ésta ocurrirá en el futuro y es la única salida viable al reparto de competencias entre el Estado central y las CCAA en materia de seguridad pública sin fraccionar el sistema, perder eficacia y convertir a España en un paraíso de la criminalidad en Europa.

Para el caso de que se considere positivo la cesión de la competencia sobre la seguridad ciudadana a las unidades adscritas a las CCAA, que tendrían una única dependencia orgánica del Ministerio del Interior, y una dependencia funcional compartida, del consejero del ramo y el Delegado del Gobierno en cada CCAA –mi opinión personal es que sí, pero en mi misma organización hay quien opina en sentido contrario y no tenemos todavía una posición definitiva-, esto supondría que las CCAA deberían contribuir al sostenimiento de dicho servicio, abonando la parte que se establezca para el salario y los medios materiales, siendo ésta una de las posibilidades de conseguir una homologación salarial justa y necesaria, y que en tanto no se produzca constituirá un foco de conflicto de los sindicatos policiales y el Gobierno, como bien dejó sentado una subcomisión del Congreso de los Diputados en el año 2000.


La policía local

Y la tercera medida correspondería adoptarla respecto a las policías locales, que deberían dirigir sus tareas, además de a la protección de edificios y autoridades municipales y a la vigilancia sobre el cumplimiento de las ordenanzas, deberían incardinarse en el sistema público de seguridad asumiendo el papel, muy importante, de policía de barrio, volcando sus actuaciones en un sistema informático que revierta sobre una Base de datos estatal.

En estos momentos, en el sistema público de seguridad en España hay implicadas muchas administraciones y muchos Cuerpos, muy mal coordinados, a veces incluso muy enfrentados, y si la eficacia es mejorable, el coste de la misma sumando todas las policías es manifiestamente mejorable.

Los actores implicados hoy en el sistema público de seguridad son el Gobierno, las 17 Comunidades Autónomas, y 1.800 ayuntamientos, de los cuales 8.112 ya disponen de policía local, municipal o guardia urbana. De estas administraciones dependen el Cuerpo Nacional de Policía, con 70.000 efectivos; la Guardia Civil, 85.000; La ertzaintza, 7.500; los Mossos D`Escuadra, 15.300; la Policía Foral de Navarra, 1.000; 553 en la Unidad Adscrita a Andalucía; 397 a Galicia; 388 a la Comunidad Valenciana; 104 a Aragón, 71 a Asturias y pronto, cerca de 50 de las 80 inicialmente previstas en Madrid.

Los policías locales, municipales o guardias urbanas son aproximadamente 62.000, y esto da una media de 4,90 policías por cada mil habitantes (46 millones), la segunda más alta de Europa tras Italia, y sin contar los más de 5.000 efectivos del CNI, ni el Servicio de Vigilancia Aduanera, ni la Policía Portuaria, ni los Agentes de Movilidad, ni los 185.000 miembros de la seguridad privada.

La ley orgánica 2/86 está superada por los acontecimientos y en materia de Coordinación nunca ha llegado a aplicarse.

Si el Consejo de Política de Seguridad, presidido por el ministro del Interior con los consejeros del ramo de las CCAA no se ha reunido nunca, y su función es la de coordinación de las políticas de seguridad pública del Estado y las CCAA, ¿quién ha realizado esa función de coordinación? Nadie, no hay coordinación. Tampoco se ha creado el Comité de expertos dependiente del Consejo de Política de Seguridad.

En el escalón siguiente, las Juntas de Seguridad en las CCAA con cuerpos de Policía propio, Cataluña y el País Vasco, el resultado no ha sido mejor. Ha habido más reuniones, pero más que para coordinar han servido para trasladar una permanente demanda de ampliación de competencias, territorios, información, financiación y crecimiento de efectivos de las policías autonómicas, demandas que nunca han ido acompañadas de una propuesta de leal colaboración con las fuerzas de Seguridad del Estado sino de una pretensión de suplantación primero, y expulsión del territorio después.

En cuanto a las Juntas Locales de Seguridad, sin un patrón que guie sus funciones han tenido un funcionamiento irregular e irrelevante en la determinación de las políticas públicas de seguridad.

Por ello, el remate de este cambio del modelo policial tras la unificación de Policía y Guardia Civil, la adscripción de Unidades a todas las CCAA para el ejercicio de las competencias propias de cada Comunidad y la posibilidad de que asuman la competencia en seguridad ciudadana, así como la conversión de las policías locales en policías de barrio, sería la aprobación de un Plan Estratégico que debería contemplar, entre otros, los siguientes planes específicos:


•    Plan de dotación de recursos humanos y medios materiales, que debe como elementos principales:

1.    Garantizar una dotación permanente de la Policía del Estado (Policía y Guardia Civil) de 150.000 efectivos.
2.    Una inversión que contemple la equiparación salarial, la formación y especialización que corresponde al cuerpo del Estado, la dotación de medios materiales y las mejoras tecnológicas.

Resulta evidente que en la actual coyuntura económica estamos hablando de imposibles.

•    Plan de Cooperación política y profesional entre las diferentes policías del Estado, que incluya:

1.    Utilizar los recursos de la ley orgánica 2/86 como el Consejo de Política de Seguridad, las Juntas de Seguridad de CCAA y las Juntas Locales de seguridad, con directrices uniformes y protocolos de cooperación.

2.    Crear una red de infraestructuras tecnológicas que permita conectar a todas las policías, (estatal, autonómicas y locales) a través del Sistema Estatal de Bases de datos Policiales, con acceso por niveles en función de las competencias y el territorio.
3.    Diseñar el Instituto de Investigación e Innovación Tecnológica aplicado a la seguridad, en colaboración con la universidad y sectores públicos y privados de I+D+i.

4.    Implantar el Servicio Nacional de Policía Científica agrupando las tareas, funciones y medios actuales de Policía y Guardia Civil.

•    Plan de reformas legislativas, focalizadas preferentemente en:

1.    Reforma de la ley orgánica, fusionando los cuerpos estatales, fijando el territorio y el ámbito de competencias de las policías autonómicas y de las Unidades Adscritas y ampliando el trabajo de policías locales a materias propias de seguridad ciudadana en colaboración con las policías autonómicas y la estatal.

2.    Establecimiento de un sistema informático operativo conjunto de las policías autonómicas, adscritas y locales con la Policía del Estado, que garantice la gestión de toda la información policial operativa y un sistema centralizado de denuncias y atestados.


Políticas públicas de seguridad

La actuación de las fuerzas de Seguridad en el Estado español, de todas y cada una de ellas, tiene su origen legal en la Constitución española, debiendo garantizar la seguridad de los ciudadanos respetando sus derechos y libertades. Es un lugar común en cualquier análisis o debate sobre seguridad pública y derechos ciudadanos que la libertad y la seguridad son dos caras de la misma moneda, y que no es posible la una sin la otra.

Esta aseveración teórica está siendo destruida en la práctica de los últimos años, imponiéndose el valor seguridad sobre el de la libertad, y no tanto porque sea imprescindible renunciar a espacios de libertad para garantizar mayor seguridad sino por la práctica rutinaria de actuaciones policiales, impulsadas por los responsables políticos y por algunos mandos, que acaban siendo aceptadas por los ciudadanos pero que vulneran, a nuestro entender, los derechos y libertades cívicas de los mismos.

Estas prácticas o procedimientos policiales, que se llevan a cabo por todos los cuerpos, estatales, autonómicos y locales, son atentados al ejercicio de las libertades públicas consagradas en la Constitución, lo que desde el punto de vista cívico supone una rebaja considerable de la calidad de nuestro sistema democrático por vulnerar los derechos de los ciudadanos, y desde un punto de vista policial supone además poner en riesgo la protección jurídica de los policías ante actuaciones profesionales.

Por aquí debe empezar cualquier cambio en las políticas de seguridad pública: detener el deterioro de los derechos civiles por la actuación policial y garantizar a los profesionales de la seguridad pública unos procedimientos legales.

En el año 1992, siendo ministro José Luis Corcuera, se aprobó la ley de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Corcuera o Ley de la “patada en la puerta” que provocó un intenso debate político y mediático. Dicha ley pretendía “legalizar” determinado tipo de prácticas policiales que no tenían cobertura legal alguna, y entre ellas, la de la identificación en la vía pública, pues el eufemismo con el que veníamos trabajando de la “retención”, que se practicaba durante un tiempo indeterminado para identificar a alguien o realizar gestiones policiales de esclarecimiento de algún hecho fue desmontada por la judicatura con aquella famosa sentencia (al menos para los policías) que decía que no había espacio intermedio entre la detención y la libertad, y que o se estaba detenido o se estaba en libertad, pero una figura intermedia no era posible.

Sobre aquella ley hubo sesudos debates políticos intentando determinar cuándo se podía identificar a un ciudadano en la vía pública, llegando incluso a hacerse recomendaciones por parte del Defensor del Pueblo y existiendo sentencias a este respecto.

Pero ese control ha derivado en rutina burocrática y hoy, en nuestro país, hay cientos de miles de identificaciones arbitrarias, sin ninguna justificación, en aplicación de la ley de protección de la seguridad ciudadana o en aplicación de la ley de extranjería, simplemente porque el aspecto externo del “candidato” a ser identificado reúne una serie de características étnicas, de edad, actitud o indumentaria que se consideran indicios suficientes para su identificación y cacheo, no fuera a suceder que se tratara de autores de alguna “gravísima infracción” administrativa.

Esta práctica habitual viene fomentada por una política falsa de seguridad basada en la justificación estadística, a la que lo que menos importa es la eficacia del trabajo que se realiza, sino el número de personas identificadas, cuántas de ellas tienen reclamaciones judiciales y cuántas pueden ser detenidas en aplicación de la ley de extranjería. Una ley de extranjería, por cierto, para la que debería revisarse la casuística de la detención policial y buscar otros mecanismos más eficaces y menos arbitrarios.

Por lo dicho hasta ahora, el primer cambio en las políticas públicas de seguridad debería consistir en garantizar el equilibrio entre libertad y seguridad, fortaleciendo los mecanismos de la libertad para que no sucumba a manos de su hermana gemela, la seguridad, que es una voraz depredadora de los derechos, por lo que es exigible una permanente alerta sobre sus procedimientos.

Estas nuevas políticas de seguridad pública deben hacer compatible un mayor respeto a los derechos de los ciudadanos, con una mayor eficacia policial tanto en delincuencia común como en delitos más graves de terrorismo o delincuencia organizada.

Porque el reto de la policía española debe ser garantizar más seguridad pero no a cualquier precio, sino respetando nuestra constitución, una de las más avanzadas del mundo en reconocimiento de derechos y libertades individuales; esto es, obtener la máxima eficacia contra los delincuentes con un escrupuloso respeto a los derechos y la libertad de los ciudadanos.


La polémica sobre el nivel de (in)seguridad

Un cambio esencial para entender que son necesarias nuevas políticas de seguridad pública es asumir el nivel de criminalidad de nuestro país, que según Interior es uno de los países más seguros de Europa, y según el SUP es uno de los más inseguros. Si se parte del principio de que no hay un problema de seguridad pública nunca se abordarán las medidas necesarias para resolverlo, sobre todo si es un problema que se puede enmascarar, como ocurre con la criminalidad.

Nosotros creemos que España es un país inseguro y violento que necesita más eficacia, más coordinación y saber cuántos homicidios se producen en nuestro país, en el territorio del conjunto del Estado, sin que nos falten los datos de una u otra comunidad, o sin que haya diferencias de varios cientos de muertos entre los datos del Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado. Necesitamos más políticas inteligentes y no el uso abusivo de la intervención policial a ciegas, en la calle, para justificar estadísticamente nuestro trabajo. Necesitamos un organismo que nos diga que el año 2009 en España hubo 800 ó 1.200 personas que fallecieron por homicidio o asesinato, con independencia de la calificación jurídica. Personas que murieron por la acción de otra persona.

Como discrepamos con Interior en este asunto (y en otros, pero hoy nos ocupa éste), siempre intentamos buscar datos que no sean discutibles, que sean la consecuencia de un elevado nivel de criminalidad, para lo que es necesario, además de conseguir los datos -cosa casi imposible en este país, lo que también es un índice del nivel de calidad de nuestra democracia-, comparar esos datos con los de otros países.

Es una política errónea utilizar como prueba de eficacia el dato estadístico de identificados (más de 400.000, por ejemplo, en Madrid el año 2010), o el de actas de incautación de drogas. El primero es una actuación justificativa sin resultado operativo alguno, y el segundo supone sacar un cubo de agua del mar.

Digno de estudio sería conocer el número de detenciones de inmigrantes irregulares, cuántos quedan en libertad, cuántos ingresan en un CIE y cuántos son expulsados, pues sólo con este dato se comprende el derroche de trabajo inútil y la inutilidad de las actuales políticas públicas de seguridad. Se puede añadir, como un dato más, cuánto tiempo dedicamos a acudir a falsas alarmas de la seguridad privada para entender que, identificando a jóvenes, sudamericanos o negros, trasladando a inmigrantes a comisaría, incautando pequeñas dosis de droga para consumo propio o acudiendo a falsas alarmas como si fuésemos ayudantes de empresas de seguridad privada se consume una parte muy importante de la actividad policial de seguridad ciudadana preventiva. Datos estadísticos justificativos que en nada mejoran la seguridad de los ciudadanos.

Resumiendo este apartado, España precisa políticas de seguridad públicas coordinadas, que consigan la mayor eficacia posible para rebajar los índices de criminalidad, con escrupuloso respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, porque hoy las prácticas rutinarias y la presión por la justificación estadística han producido una realidad virtual que en nada se corresponde con la verdad, que es que hay políticas poco respetuosas con los derechos y libertades ciudadanas y poco eficaces en la lucha contra la delincuencia.


Política sindical

La política sindical de esta organización se hace partiendo de premisas como:

1º. El SUP es un sindicato corporativo por imperativo legal. Exigimos plenos derechos sindicales, como poder afiliarnos a sindicatos de clase, por ejemplo.

2º. La Policía y los policías no son el centro del Universo. Existe vida fuera del uniforme y de nuestra profesión. Defendemos a la Policía como Institución siempre que se rija por principios de respeto a los valores democráticos y de respeto a los Derechos Humanos que consagra nuestra Constitución.

3º.- Lo mismo vale decir de los policías. En la Declaración de Principios de los Estatutos del Sindicato y en el Código Ético de Conducta para sus responsables se manifiesta nuestra solidaridad con los sindicatos de clase, se exige a los afiliados respeto, protección y defensa activa de los Derechos Humanos, así como oponerse a cualquier acto de discriminación por motivos de raza, sexo religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, así como a cualquier acto de corrupción o ilegalidad.

Desde esos principios intervenimos en la defensa de los derechos de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y pedimos mejoras corporativas, pero hacemos otros planteamientos -como los antes citados- de modificación del modelo policial o de cambio en las políticas de seguridad públicas que mejoren la eficacia y calidad del servicio público esencial que prestamos a los ciudadanos.

Una buena muestra de responsabilidad es la aprobación de la Ley de Régimen Disciplinario en el Cuerpo Nacional de Policía, dónde hemos conseguido un consenso para mejorar la situación que teníamos anteriormente con el Ministerio y con los Grupos Parlamentarios del Congreso. Ése es el camino: el del diálogo y la negociación, no el de la imposición. Y ése esperamos que sea el camino de la aprobación de la Ley de Personal.

El pasado 5 de junio se celebró Pleno extraordinario del Consejo de Policía que aprobó por amplia mayoría el Anteproyecto de Ley de Personal del Cuerpo Nacional de Policía. El SUP junto con la UFP se manifestó a favor de esta Ley porque tras 24 años de existencia de nuestro Cuerpo, ya tocaba. La misma contiene avances sobre la situación actual, como el incremento de edad en Activo voluntario, que permite una jubilación “a la carta” respetando todos los derechos adquiridos; el cambio de grupos de clasificación a los grupos A2 y C1 de la función pública a las escalas de subinspección y básica, aunque ya lo tenemos a efectos económicos, supone un avance para los miembros de ambas escalas; eliminar el deber de residir en el mismo municipio de destino; la creación de una nueva categoría en la escala de subinspección en unas condiciones favorables, o la eliminación del límite de edad para acceder directamente a la escala ejecutiva desde las escalas inferiores teniendo la titulación requerida (en la actualidad, 35 años); por esos avances entre otros consideramos que la ley debía ser votada favorablemente, si bien alguna modificaciones podrían mejorarla, como la libertad de afiliación a cualquier sindicato, el ingreso sólo por la escala básica, una regulación de las condecoraciones que acabe con la situación actual, el seguro de responsabilidad civil y la carrera profesional, estableciendo un porcentaje de ascenso de policía a oficial por antigüedad y un baremo profesional para el ascenso a comisario principal, además de establecer, tras este nuevo sistema de ascenso, los puestos de trabajo propios de cada categoría en esta escala superior. Y sin perjuicio de otras enmiendas importantes, como la creación de la escala de facultativos y técnicos, la rehabilitación, el reingreso en el Cuerpo etc.

Insistimos en la necesidad de pactar, de llegar a acuerdos sobre materias que afectan a las condiciones de trabajo de los policías para mejorarlas. En ese camino estará siempre el Sindicato Unificado de Policía, pero si es necesario, también en la discrepancia y la confrontación.


(*) José María Benito es inspector de Policía y secretario de Comunicación del Sindicato Unificado de Policía (SUP)