Una vez adentrados en el panorama general de la posible reforma de la democracia de la transición, un reto que tenemos todos los demócratas y no sólo los políticos, parece conveniente detener nuestra atención sobre el papel que podrían tener los partidos políticos al respecto. Si, precisamente porque son considerados como uno de los principales responsables de la crisis (aunque ya varios representantes del 15-M han aclarado que no son los únicos).
En todo caso, mucha gente en DRY, con el apoyo de algunos viejos movimientistas, está convencida de que los partidos, aunque no sean los únicos responsables de la crisis, sí son el principal obstáculo para salir de ella mediante una reforma política. Manuel Castells, por ejemplo, afirma que los partidos nunca serán favorables a reformas que reduzcan su papel omnímodo en la democracia representativa. Por eso, si hay que olvidarse de los partidos, las alternativas de representación hay que buscarlas en otra parte. Y de ahí surge la idea nebulosa de algún tipo de organización política asamblearia.
Esta arremetida contra los partidos tiene componentes diferentes que hay que distinguir con cuidado. Uno de esos componentes es simplemente la actitud antipolítica. Para quienes rechazan la política en general, los partidos son deleznables en particular. Pero a estas alturas (y con la experiencia adquirida en el siglo XX) sabemos de sobra que el rechazo de la política es la antesala del autoritarismo. No parece este un argumento válido para discutir sobre los partidos.
Otro de los componentes consiste en separar radicalmente la democracia de la existencia de partidos. Tal orientación presenta algunos problemas importantes. El primero de ellos consiste en que tratar de suprimir los partidos de alguna forma, es simple y llanamente una violación directa de un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La ciudadanía tiene el derecho de constituir partidos para participar en la vida política, como base fundamental del pluralismo necesario para poder hablar de democracia. En suma, por derecho y por garantía, parece muy difícil separar la existencia de partidos de la de un sistema democrático.
Ahora bien, la cuestión puede ser vista del revés: ¿deben ser los partidos los únicos mecanismos constituidos por la ciudadanía para intermediar y operar el sistema político? Esta forma de plantear el asunto si es de recibo, tanto por el cambio profundo que se ha operado en el papel de los partidos en la realidad social, como por la posibilidad de ampliar el derecho de asociación a otras fórmulas posibles.
Hace unos años hice una investigación para la fundación alemana Friedrich Ebert sobre la mutación de las funciones de los partidos desde el inicio de la globalización y el resultado fue notable: prácticamente ninguna de las funciones tradicionales de los partidos ha dejado de ser afectada por un conjunto de actores de distinto tipo (desde los medios de comunicación, las múltiples organizaciones de la sociedad civil, los accesos directos a las instituciones públicas, hasta las redes sociales). La conclusión final es que hoy día, en el espacio público de deliberación ciudadana, los partidos ya no están solos ni mucho menos. Ya ni siquiera es del todo cierto aquel supuesto que afirmaba que los partidos son los que reúnen los planteamientos sectoriales de los movimientos u organizaciones sociales. Siendo cierto que la mayoría de las organizaciones sociales tienen carácter sectorial, ya no es impensable que puedan existir organizaciones generalistas o bien que se coordinen para tener una visión general.
Entonces, si la evidencia es que los partidos ya no son los únicos protagonistas del espacio público deliberante, cabe la pregunta de si deben ser los únicos que trasladen esa deliberación ciudadana al centro del sistema político y sobre todo a los parlamentos. Esta es una discusión abierta en muchos países democráticos.
Sin embargo, la experiencia acumulada indica que, sobre todo cuando algún movimiento llega al gobierno, tiende a constituir un partido político. Es decir, todo parece indicar que, cuando existen las libertades públicas fundamentales, la necesidad de expresar una determinada voluntad política se organiza más eficazmente mediante la formación de un partido político… o de algún tipo de organización bastante parecida. Desde luego, parece conveniente abrir la opción de actuación o representación a organizaciones que no se denominen partidos políticos, pero no deberá extrañarnos que al final del día funcionen como tales.
Es decir, todo indica que tanto o más importante que ese tipo de apertura, la clave está en garantizar un funcionamiento democrático y transparente de las organizaciones políticas (se llamen partidos o no). Eso implica revisar la actual normativa vigente sobre partidos políticos en una doble dirección: estudiando la posibilidad de abrirla a otro tipo de organizaciones políticas y enfatizando el control sobre el funcionamiento democrático de todo tipo de organización política.
Pues bien, esta revisión también es una tarea posible para los propios partidos políticos. Puede que en un principio existan reticencias internas, pero, sobre todo si hay presión de la opinión pública, me parece perfectamente posible que los partidos encaren las demandas sobre reforma y mejora de la democracia de la transición. Y puedo apostar más de una cena a que, por una vía u otra, esa discusión se va a desarrollar en los partidos de aquí a las próximas elecciones.
Desde luego, esa convicción no puede dar lugar a la orientación opuesta, consistente en dejar en manos de los partidos la deliberación sobre la reforma política. Como argumenté, esta coyuntura es especial y requiere que las y los demócratas convencidos planteen iniciativas de deliberación sobre el mejoramiento de la democracia de la transición, en los distintos ámbitos de la sociedad donde se encuentren (academia, centros culturales, movimientos sociales, partidos, sindicatos, etc.).
Es necesaria la formación de una masa crítica y de un estado de opinión favorable a revisar las dos cosas: el saneamiento de los mecanismos de representación y la incorporación de instrumentos de participación. Y todo ello puede hacerse perfectamente sin condenar en juicios sumarios a los partidos políticos. Dicho de otra forma, es cierto indudablemente que los partidos son parte del problema, pero no es menos cierto que también pueden ser parte de la solución.
(*) Enrique Gomáriz Moraga es periodista
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