En su genial obra "Momentos estelares de la humanidad", Stefan Zweig hablaba de "instantes dramáticos, preñados de destino, en los que en un día, en una hora o en un minuto se concentran decisiones perdurables". No es traicionar su memoria aventurar que quizás el escritor austriaco, europeísta convencido, habría pensado que estos momentos de crisis de la zona euro constituyen uno de esos hitos que pueden señalar un nuevo curso en la historia.
Por eso es tan encomiable la iniciativa de analizar las reformas con las que España debe afrontar esta próxima década. Repensar nuestro futuro es necesario porque en estos momentos críticos es arriesgado apostar por opciones que comprometan, de forma negativa, nuestro futuro. Y hay que afrontar los cambios partiendo de los aciertos que han posibilitado que nuestro país haya dado un salto de gigante en las últimas tres décadas.
La Constitución de 1978 dotó a nuestro país de soluciones pacíficas para dos contenciosos históricos: el modelo de Estado, con la España de las autonomías, y el modelo económico, con la redistribución de la riqueza de la mano de la economía social de mercado.
El Estado de las autonomías, basado en el principio de igualdad, ha sido una historia de éxito en lo político y también en lo económico, ya que nos ha llevado a ser el único país de Europa cuyas 17 regiones han convergido con la UE desde nuestra integración en 1986.
Nuestra Carta Magna previó dos comunidades forales y otras dos regiones, unidas a éstas, que asumirían la autonomía plena de forma inmediata. Las demás, tenían un plazo de cinco años para acceder a la autonomía plena. Por tanto, nuestra norma básica no era asimétrica, como erróneamente se apunta a veces: no había dos niveles, sino dos velocidades.
Andalucía en la construcción del Estado de las autonomías
Andalucía luchó por la igualdad entre comunidades autónomas y consiguió la autonomía plena el 28 de febrero de 1980 porque sabíamos que el tiempo era importante. Fue, sin duda, un ‘momento estelar’, siguiendo la terminología de Zweig, no sólo para la región, sino para toda España. Porque el principio fundamental que establece la Constitución, y por el que luchó nuestra comunidad hace tres décadas, es que cualquier ciudadano español tenga los mismos derechos independientemente de donde viva. Los andaluces no reclamamos entonces ningún privilegio, sino simplemente la igualdad de todos los españoles, conscientes de que, en esos cinco años de plazo que marcaba la Constitución, se podían consolidar desigualdades. No podíamos, en suma, permitirnos esperar.
Esta irrupción de Andalucía como sujeto protagonista de su propia Historia y de la España más igualitaria suscitó dos egoísmos: el del nacionalismo periférico y el centralista. Sin embargo, el tiempo nos ha dado la razón: el Estado de las autonomías se ha construido en pie de igualdad de todos los territorios pero, sobre todo, de todas las personas.
Este éxito político ha tenido también su reflejo en lo económico, con el modelo de economía social de mercado, que consagra la Constitución, en su Capítulo III del Título I, al hablar de redistribución de la riqueza por parte del Estado. La convergencia con Europa demuestra el acierto de este modelo.
Por tanto, a la hora de afrontar el debate sobre el futuro del Estado autonómico, es preciso poner las luces largas. La España de las autonomías ha sido un modelo de convivencia. Y la crisis actual, los ataques sobre la deuda pública, pueden poner en riesgo algo más importante que la coyuntura económica de uno o de varios países, incluso de toda la zona euro. Puede hacer peligrar estos instrumentos básicos de convivencia de un país.
El peligro de impugnar el Estado autonómico y la economía social de mercado
En efecto, es particularmente grave, en un momento como éste, que puedan estar situándose en un epicentro de controversia dos hechos que determinaron en su momento el consenso constitucional, como son el modelo de Estado y el modelo económico.
Observamos hoy cómo, al mismo tiempo que países como Grecia, Portugal o Irlanda tienen que ser -mal- socorridos, mientras los mercados se van cobrando víctimas de sus ataques especulativos, se impugna el Estado autonómico y el Estado del Bienestar. Este peligroso debate, en el que convergen las mismas voces que rechazaron en 1980 el camino de igualdad que inició Andalucía, generaría una situación más grave de la que es pagar primas de riesgo o deudas con un mayor coste. Por ello, es necesario fortalecer lo que ha sido una historia de éxito en España.
Reflexionemos: ¿Cuál es el hecho que en España manifiesta una diferencia a la hora de construir la descentralización, frente a un modelo de Estado federal? Mientras que los Estados federales, como el alemán, se constituyen de abajo a arriba, de los länder al bund, en España este proceso se ha hecho al revés: Se ha llevado a cabo un proceso de descentralización del aparato estatal hasta acabar en el Estado actual, comunidades autónomas con competencias plenamente asumidas por un proceso de descentralización.
El principio que rige este fenómeno complejo es el de la subsidiariedad, es decir, la prestación de servicios al ciudadano en su territorio. Con esta premisa, se han construido todas las estructuras de descentralización política.
Gracias a esta redistribución de competencias, las comunidades autónomas se han ido configurando como las principales prestadoras de los servicios del Estado del bienestar. La sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia... Por tanto, las autonomías gestionan fundamentalmente la parte social, redistributiva, de la economía social de mercado.
La sostenibilidad del Estado del bienestar
La financiación de estos servicios es muy compleja. Cuando se produce una crisis de estas características, nos damos cuenta de que la sostenibilidad del Estado del bienestar requiere de decisiones políticas. Porque la sanidad o la dependencia no dejan de crecer, aunque caigan los ingresos públicos.
En este sentido, es necesario establecer un consenso básico, nacional, sobre la financiación de los costes del sistema de protección social, con una dinámica anticíclica. Un pacto imprescindible, ya que afecta a los derechos individuales de los ciudadanos, vivamos donde vivamos.
No es sólo una cuestión de filantropía. La cohesión social, lo han demostrado países como Finlandia, Noruega o Dinamarca, es una condición de competitividad. Mantengamos, por tanto, autonomías y modelo social de mercado. Hagamos reformas con miras a su consolidación.
La financiación autonómica se ha ido resolviendo paulatinamente, si bien ha sido más rápida la descentralización en lo competencial que en lo económico. Primero, fue recibir los costes de los servicios descentralizados; luego, la participación en los ingresos del Estado, con las comunidades autónomas dependiendo de lo que recibían del Estado, lo cual, además, provocaba tensiones entre regiones y Administración central.
Progresivamente se han ido articulando modelos en los que las comunidades autónomas también recaudan y obtienen ingresos. Logran así un cierto grado de autonomía financiera que no tenían.
Reformas necesarias
Es el momento de preguntarnos dónde falla la cooperación en materia autonómica. En primer lugar, en el foro de debate. Carecemos de un espacio de encuentro, aparte de la Conferencia de Presidentes, cuyo carácter no deja de ser voluntario. Por ello es preciso acometer la reforma del Senado, que hoy es una reproducción mimética del Congreso, en una duplicidad sin sentido, para convertirlo en una verdadera Cámara de representación territorial.
En segundo lugar, el mismo principio de subsidiariedad al que me refería anteriormente nos obliga a pasar a otra fase más, que en Andalucía hemos iniciado ya con nuestra Ley de Autonomía Local: la asignación de competencias que hoy ejercen las comunidades autónomas a los ayuntamientos.
Es un error decir que hay que corregir el hecho autonómico con la centralización. El análisis de competencias para evitar duplicidades se tiene que hacer, pero estas duplicidades se han podido producir más por las funciones que, estando transferidas a las comunidades, ha mantenido el Estado. Y algunas de ellas hoy deben redirigirse a los ayuntamientos para prestar un mejor servicio al ciudadano.
Asimismo, es trascendental la cooperación económica entre autonomías para la unidad de mercado. Un mercado único en el que se supriman trabas, de forma que cualquier empresario sepa que los costes y trámites para abrir una empresa serán los mismos en cualquier comunidad autónoma.
Finalmente, en España perviven duplicidades normativas que no tienen sentido. Y debemos erradicarlas.
En suma, este modelo de Estado autonómico es válido y el reto es asumir una nueva descentralización hacia las Corporaciones locales. Siempre va a haber ciertas tensiones, pero no hay que olvidar que todos nos hemos beneficiado del modelo autonómico implantado a partir de la Constitución de 1978 y el Estatuto andaluz de 1980.
Andalucía fue garante de la igualdad hace tres décadas y va a volver a serlo a la hora de llevar a cabo estas reformas. No queremos una España asimétrica, sino una nación basada en la igualdad autonómica y con una economía social de mercado. Más que nunca, en este momento trascendental, tenemos que estar a la altura de las circunstancias.
(*) José Antonio Griñán Martínez es presidente de la Junta de Andalucía
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