España sufre un malestar social palpable en cualquiera de los análisis sociológicos que se vienen publicando a lo largo de los últimos años. Con cinco millones de desempleados, la mitad de los jóvenes españoles sin posibilidad de trabajar, casi un millón y medio de familias con todos sus miembros en paro, ocho millones de españoles en situación de pobreza (de acuerdo con los estudios de Cáritas), un 13 por ciento de las empresas españolas liquidadas por la crisis y con otros muchos millones de españoles angustiados por la posibilidad de perder su empleo, resulta imposible asociar la realidad socioeconómica española al concepto de bienestar.
La crisis, el estancamiento económico y el desempleo masivo han puesto sobre la mesa, además, de forma acelerada, una realidad sobre la que algunos veníamos advirtiendo desde los tiempos de bonanza: la insostenibilidad financiera del conjunto del sistema de seguridad social español. La abrupta caída de los ingresos públicos no ha hecho sino anticipar la necesidad de reinventar un sistema diseñado en otros tiempos (muy lejanos ya en el calendario), para una sociedad muy distinta, y adaptarlo al siglo XXI, para cumplir así adecuadamente sus objetivos fundamentales: proteger a quien realmente lo necesita y ser sostenible en el tiempo. El rechazo a las reformas del sistema de seguridad social solo servirá para perpetuar o acentuar más si cabe el malestar en el que se halla hoy instalada la sociedad española.
El primer presupuesto de la reforma debe ser que la mejor política social es el empleo. Sin empleo para todos (o casi todos), hablar de bienestar y de Estado del bienestar resulta ya arcaico. La creación de empleo debe convertirse en la primera y más importante de las políticas sociales. Y eso en España requiere rehacer por completo las reglas que rigen nuestro mercado de trabajo, una de las pocas herencias del dictador Franco que hoy persisten en la España democrática. La reforma laboral es la pieza angular del camino que debe llevarnos del actual Estado del malestar a una sociedad del bienestar basada en el pleno empleo y servicios de bienestar de calidad, para todos y sostenible en el tiempo.
El segundo principio fundamental, en el que sería posible conciliar posiciones políticas de centro derecha y de centro izquierda, es que el Estado debe ser quien asegure el acceso a determinados servicios básicos (sanidad, atención a personas dependientes, educación), pero reconociendo al mismo tiempo que esa responsabilidad del Estado -la cobertura del gasto o provisión de los servicios- no exige que quien preste el servicio sean empresas públicas nutridas de personal funcionario -en términos económicos, no exige producción pública-.
Reinventar el Estado del Bienestar (utilizando el título del libro publicado por Gota a Gota y escrito por Mauricio Rojas) exige, en España, apoyarse en la sociedad civil como suministradora de esos servicios, en muchas ocasiones con mayor calidad y a un menor coste que a través de las sindicalizadas empresas públicas -colegios, hospitales, universidades- que hoy prestan la inmensa mayoría de estos servicios en nuestro país. Los países escandinavos han recorrido ya ese camino, que concilia la equidad en el acceso a los servicios con la eficiencia y eficacia en su prestación.
El tercer principio que debería regir la reinvención de nuestro actual Estado del malestar debe ser la libertad de elección. En pleno siglo XXI, resulta inconcebible que los ciudadanos españoles paguen la educación con sus impuestos pero no tengan derecho a elegir el colegio al que llevar a sus hijos; resulta imposible de aceptar que los ciudadanos españoles paguen la sanidad pública con sus impuestos pero -a excepción de alguna comunidad autónoma aislada- no puedan elegir centro de salud o el médico que les ha de atender.
Aprendamos de las reformas que se han puesto en marcha en Suecia, en Holanda, en Dinamarca o en Alemania: seamos capaces de reformar nuestra economía, nuestro mercado de trabajo y nuestro sistema de seguridad social. Iniciemos cuanto antes el camino de la sociedad del bienestar y dejemos atrás nuestro ya obsoleto Estado del malestar.
• [Jaime García-Legaz Ponce [Murcia, 1968] es secretario general y patrono de la Fundación FAES. Licenciado en Económicas y Empresariales y doctorado en Economía, es Técnico Comercial y Economista del Estado, así como profesor del Máster en Finanzas de CUNEF y profesor del MBA de ICADE. Ha trabajado en el Banco de España y en el Tesoro español, y ha sido director general de Estadística y director de gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones; asesor económico del presidente Aznar, y director general de Bienestar de la Presidencia del Gobierno. También fue consultor del Banco Mundial, de la OCDE y de la UE. Miembro de la Atlantic Economic Society y del Consejo Académico de Heritage Foundation, es autor del libro “A case for an Atlantic Prosperity Area”, junto con los catedráticos Pedro Schwartz y Francisco Cabrillo].
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