Algún día, en algún momento, alguien tendrá que proponer desde dentro o desde fuera de los partidos políticos la sana medida de disminuir el número de miembros de la llamada clase política madrileña. Por salud democrática, por ejemplo social, por necesidad económica, por respeto ciudadano
¿Qué opinarían y cómo calificarían a un Congreso nacional con 937 parlamentarios sentados en el Hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo?. Con toda seguridad: un monumental disparate. Los 46.698.500 ciudadanos que aparecen en el censo de España a 1 de enero de 2018 no se merecerían tal dispendio.
Ningún líder de ningún partido se atrevería a defender una propuesta de ese calibre. Se avergonzaría de pensarlo y desde luego sería imposible de aplicar ante el cabreo generalizado del personal. Se haría bueno ese refrán tan castizo y exacto de “ eramos pocos y parió la abuela”. Lo del pan da también para mucho pero dejo que cada uno termine la frase.
En la misma línea: ¿qué van a opinar los 6.578.079 habitantes de la Comunidad de Madrid cuando vean que el 26 de mayo próximo en lugar de elegir a 129 miembros de la Asamblea autonómica como hasta ahora van a elegir a 132?. Otro disparate tan gordo como el anterior ya que los cálculos para hacer ambas preguntas y respuestas son los mismos.
En la Comunidad de Madrid - por no hablar de otras - sobran políticos. Sobran muchos políticos por más que nuestros parlamentarios de la Asamblea se escuden tras el artículo 10.2 del Estatuto que ellos mismos aprobaron. Los 129 representantes de los partidos políticos son más que muchos. Con su coraza de 1 diputado por cada 50.000 habitantes ya no se conforman con superar de forma exagerada el porcentaje que existe para el Congreso con sus 350 parlamentarios, quieren más y son insaciables. Más sillones para mantener privilegios presentes y futuros. Con su particular forma de distribuir la llamada representación popular, la Cámara Baja nacional llegaría a esos 937 políticos con lo que la actual sede- que no es pequeña - tendría que triplicar su aforo, sus despachos, sus secretarias, sus asesores, sus sueldos, sus complementos, sus viajes y así hasta el infinito y más allá.
A Esperanza Aguirre se le pasó por la imaginación el dejar la Asamblea con 60 diputados. Casi la excomulgan sus propios compañeros y no digamos los rivales. Los sillones son sagrados, puestos de trabajo que no necesitan un ERE político, por más que los ciudadanos lo deseen a poco que lo piensen. Basta con aplicar los criterios nacionales - y no está mal que se repita muchos veces - de los 350 escaños para 46 millones de habitantes. Les digo el resultado de la simple regla de tres al alcance de cualquier estudiante de Primaria: 50 y ni uno más.
Algún día, en algún momento, alguien tendrá que proponer desde dentro o desde fuera de los partidos políticos la sana medida de disminuir el número de miembros de la llamada clase política madrileña. Por salud democrática, por ejemplo social, por necesidad económica, por respeto ciudadano. Si la inflación es mala para la economía también lo es para la política.