Acabados - o casi - los tiempos de la zanahoria parece que llegan los tiempos del palo, por lo menos en las declaraciones cruzadas de las dos partes: gobierno de España por un lado, gobierno de la Generalitat por otro. De las conversaciones y gestos para “normalizar” las relaciones entre los dos poderes políticos, ya hemos pasado a las amenazas directas.
Si hace apenas seis meses Pedro Sánchez llegaba a La Moncloa aupado entre otras fuerzas por las dos que representan al independentismo catalán, y se presumía que la tensión política y judicial desaparecería para dejar paso a las negociaciones, la proximidad del juicio a los cabecillas de la rebelión/sedición ha vuelto a tensar las siempre difíciles relaciones entre los dos ejes que reproducen con insistencia el viejo “problema” de Cataluña.
Los dos presidentes de la Generalitat, el cercano Torra y el lejano Puigdemont, se empeñan en desafiar una y otra vez al estado amenazando con proclamar de nuevo la “independencia republicana” pese a que una parte de su partido no comparte esa postura, y que su socio, la Esquerra de Oriol Junqueras, se aleja cada vez más de esos postulados. Y algo similar ocurre a nivel de la calle con la fractura que se ha producido entre los CDR y los dirigentes de la ANC y Omnium.
La huelga descafeinada de los cuatro dirigentes que están en la cárcel y el ayuno de 48 horas del president en el monasterio de Monserrat son pequeñas astillas que avivan el fuego que intenta mantener lo más vivo posible el huido expresidente desde la neutral y cómoda Suiza. Se une a las amenazas de Torra sobre las “consecuencias violentas” que tendrá la celebración del Consejo de Ministros del viernes 21 en Barcelona. Unas advertencias verbales que han sido corregidas por la “voz” de Puigdemont en el gobierno, la consejera Elsa Artadi.
Mientras la fiscalía mantiene las acusaciones de rebelión sobre los encarcelados y huidos, la abogacía del estado las rebaja a sedición. Zanahoria legal que rebaja la petición de las penas, al margen de lo que pueda decidir la justicia europea en el futuro. Parece que ese gesto sumado a la posible excarcelación preventiva de Junqueras y el resto de exconsellers, a los que se sumarían los Jordis, no basta.
Razones no le faltan al gobierno de Pedro Sánchez para cambiar de táctica y amenazar con el palo, sobre todo tras dos hechos diferentes pero que coinciden en el fondo: lo sucedido en las elecciones en Andalucía y la importancia que ha tenido en el fuerte retroceso del PSOE la cuestión catalana, y los últimos hechos violentos y callejeros de los CDR, alentados a su vez por lo que está ocurriendo en Francia con la crisis de los chalecos amarillos.
A menos de diez días de la cita ministerial en la Ciudad Condal, desde el gobierno de la Generalitat parece que se han dado cuenta de las amenazas reales que penden sobre sus cabezas, desde la aplicación de un nuevo 155 con consecuencias más duras, hasta la aplicación del estado de excepción y el desmantelamiento del gobierno autonómico y su sustitución por la gestión desde Madrid de la gobernabilidad en Cataluña.
Las dos partes - una cargada de razón y otra empeñada en desafiar al estado y a la legalidad constitucional - parecen decididas a terminar con las medias tintas y pasar a los hechos. La fuerza de la ley otorga a Sánchez una enorme ventaja y parece decidida a aplicarla. Por el contrario, Torra y el lejano Puigdemont están presos en sus palabras y en la actuación de la parte más radical violenta del independentismo.
Diez días es mucho tiempo si se quiere volver al diálogo y apenas un suspiro si se busca el choque en las calles. Hoy parece más probable lo último: que desde el gobierno central se actúe contra el gobierno de la Generalitat y su máximo responsable. Sánchez y los suyos pueden ser mucho más duros que Rajoy y el anterior Gabinete. Lo mejor seria que no tuvieran que demostrarlo, pero la situación política que ya existía y la aumentada por los resultados de Andalucía hacen pensar que antes de que acabe el año en Cataluña las cosas van a cambiar y mucho.
Si (
No(