Lunes 5 de noviembre. Es la fecha puesta por el presidente del Tribunal Supremo para que conozcamos la solución final a la batalla de las hipotecas que se desencadenó tras la resolución de la Sala III de “parar” la sentencia de su sección Segunda por cinco votos a uno. El magistrado Luís Díez Picazo abría otra “caja de los truenos” y colocaba a la Justicia con mayúsculas ante uno de sus grandes retos: evitar la fragmentación de la más alta de las instancias jurídicas de nuestro país y, de paso, evitar también que el sistema financiero tenga que cambiar su forma de actuar cuando de compras y ventas inmobiliarias se trate.
No parece que lo que esté en juego sea el cambio de la sentencia. Sería un desastre para la credibilidad del Tribunal Supremo en su conjunto en unos momentos en los que la cuestión de unos gastos hipotecarios - con ser importantes para millones de españoles y todas las entidades financieras - es la menor de sus preocupaciones, con la fijación del juicio a los acusados por los sucesos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y las lecturas que ya se han hecho de las diferencias entre la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La política ha entrado en la peor de sus fases: la cita con las urnas, y las descalificaciones, acusaciones y hasta “sentencias” por adelantado que se multiplican en los medios de comunicación y en los mítines que ahora se centran en Andalucía pero que, en lugar de hablar de los problemas de esa autonomía, permiten a los dirigentes de los partidos hablar y hablar y hablar del “tema catalán”.
En este escenario de confrontación y dentro de un mes termina el mandato de 5 años que tienen los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Elegidos por el Congreso y el Senado - 10 cada uno - sobre 36 propuestas de las organizaciones judiciales y entre juristas de gran prestigio, siempre han puesto a prueba la capacidad de pacto y negociación entre los partidos políticos. Antes era más fácil: PP y PSOE terminaban entendiéndose y dejando en el camino a más de un candidato “demasiado caracterizado” por sus simpatías hacia la derecha o la izquierda.
Para empezar y dado que se necesita la aprobación de tres quintos para aprobar la elección, cada uno de los diez elegidos inicialmente entre los 36 propuestos deberán conseguir 210 votos. Una cifra que tal y como se han desarrollado las últimas votaciones es imposible que la consigan ninguno de los dos grandes bloques por sí mismo. Al grupo que ha llevado a Pedro Sánchez a la presidencia, con sus 180 votos, le faltarían treinta; y a la oposición que representan Pablo Casado y Albert Rivera muchos más.
Con estos números es Ciudadanos el partido que puede articular los nombramientos. Tarea difícil cuando por la cita con las urnas y la posición jurídica sobre Cataluña le han colocado a mucha distancia de lo que representa el conjunto de formaciones políticas que echaron al PP y a Mariano Rajoy del poder.
Sumemos con más detalle: El PSOE y todas las confluencias de Podemos e Izquierda Unida suman 156 escaños. Al otro lado, PP y Ciudadanos llegan a 169. En medio quedan los independentistas de derechas e izquierdas catalanes, la derecha y la izquierda vasca y los dos representantes de Canarias. En total otros 25 escaños entre los que destacan los 10 de ERC y los 5 del PNV. UN auténtico galimatías de siglas y un laberinto en el que deberán internarse los negociadores para llegar a esos 210 apoyos que se necesitan.
Si enterraran sus guerras personales y electorales, Pedro Sánchez y Pablo Casado, con sus 222 votos podrían negociar y cambiar el CGPJ de forma rápida y hasta edificante para nuestra democracia. Darían un ejemplo de diálogo y de colocar los intereses del país por encima de sus diferencias, pero... si no es imposible es muy poco probable que se produzca ese acuerdo.
Si partimos de los 137 escaños con que cuenta el PP, pensar que puede encontrar otros apoyos que no sean los de Ciudadanos es casi creer en los milagros. Y si cogemos los 85 escaños del PSOE - 84 en realidad - tendría que lograr que a los 71 del universo Podemos se sumaran los 6 del PNV para sumar entre todos 213. Cualquier otra articulación de los escaños se escapa de la más mínima realidad.
Para terminar de enredar la madeja judicial, el presidente del CGPJ es el presidente del Tribunal Supremo y el único que puede aspirar a un segundo mandato. Así Carlos Lesmes podría mantenerse en el cargo hasta 2023 mientras que los otros 19 seguirán en funciones hasta que se elijan a sus sucesores. Y lo provisional puede que se alargue hasta que unas nuevas elecciones generales alteren la actual distribución de escaños.
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