Al presidente del Tribunal Supremo le han soltado una de las peores “patatas calientes” que le podían soltar. Carlos Lesmes se ha encontrado con un problema de estado, de esos que no parecen tales al principio, cuando llegan desde los tribunales “inferiores”, pero que estallan cuando menos te lo esperas con la fuerza de un tsunami.
Mientras la primera de las batallas electorales saca a pasear a la más negra de las Españas con el epicentro fijado en la Cataluña independentista y las menciones a golpes de estado dentro y fuera del Hemiciclo del Congreso; seguro que Ramón Casero, el abogado de la EMV de Rivas con el que comenzó todo, no se esperaba que su insistencia jurídica iba a causar tal cataclismo.
Es más que probable y puede que en ocasiones sea un hecho que lo justo y lo legal no coincidan y que esa distancia provoque iras y espantos, pero sin seguridad jurídica no hay estado democrático que resista. Sin el respeto a las leyes y a los que las aplican, por encima de que gusten poco, mucho o nada, por encima de que nos parezcan más o menos injustas, más allá de que se desee cambiarlas y de que se haga, por encima de las circunstancias en que han sido promulgadas, o se respetan y se confía en los que tienen que interpretarlas, que son los jueces, o el estado, cualquier estado que se articule en torno a principios democráticos, desaparecerá.
En este país nuestro, en estos días de tantos y tantos sustos mediáticos, ha ocurrido lo peor que le puede ocurrir a un sistema jurídico, que es el descrédito de los tribunales y de los magistrados que los forman. Y en la cúpula de todo este sistema está el Tribunal Supremo. Un Tribunal que un día emite una sentencia sobre los costes hipotecarios que deben pagar los bancos que las conceden o los ciudadanos que las piden, y veinticuatro horas más tarde la paraliza, la pone en cuestión, siembra la incertidumbre y obliga al presidente, al vicepresidente y al presidente de la Sala de la que ha salido la sentencia a reunirse con los siete magistrados que componen esa sección para, a continuación, emitir un comunicado muy ambiguo que siembra aún mayor desconcierto entre la población, las entidades financieras y los notarios y registradores, para luego dejar la aparente solución técnica para quince días más tarde.
La resolución que se dará a conocer el lunes 5 de noviembre permitirá que el sistema hipotecario y financiero funcione. Tan sólo en parte, pues es más que presumible que el tema vuelva a llegar- como el de las preferentes - a las instancias jurídicas europeas y que mientras tanto los bancos y sus clientes mantengan las dudas sobre sus futuros dineros. Será un parche y un mal parche, puesto después del enorme pinchazo que han sufrido las ruedas del importante, imprescindible, insustituible sistema financiero. Tanto en el interior de España como hacia el exterior.
La inseguridad jurídica que se ha creado no tiene marcha atrás. El daño está hecho y va a ser muy difícil que la pérdida de confianza - una más- en nuestras instituciones pueda repararse, sobre todo cuando el calendario político y electoral va a convertir a España en una guerra entre las fuerzas políticas, de batalla en batalla hasta las elecciones generales, pasando por las andaluzas de diciembre y las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.
El boomerang que la sección segunda de la Sala tercera del Supremo había lanzado sobre la banca se ha vuelto con enorme rapidez contra el propio Tribunal, dejando por medio un sinfín de damnificados. Puede que al final la sentencia se aplique y que las instituciones financieras tengan que cambiar la metodología hipotecaria. El Estado seguirá cobrando lo mismo, se trata de saber quién paga los gastos de tramitación. Y si se coloca en el lado de las sucursales bancarias que a nadie le quepa duda que lo que se vaya a ir por un lado, se recuperará por otro.
Si la formalización de las hipotecas correrá a cargo de los bancos,éstos cobrarán más intereses o buscarán la fórmula para no perder ingresos. No se trata de sí el magistrado Dimitry Berberof, con su voto particular, tenía razón para haber dejado todo como estaba; o si su compañero Nicolás Maurande debía ser escuchado para emitir dos sentencias sobre dos actos que son separables aunque se firmen al mismo tiempo; la resolución del ponente, Jesús Cudero, ha sido apoyada por cinco de los siete votos posibles. Sentencia firma y, ahora, a buscar cómo se sale del nuevo embrollo en el que está metido el país. Uno de los más gordos y de más largo recorrido, pese a que el inmenso archivo del comisario Villarejo convierte la actualidad en un barrizal por el que patinan políticos y empresarios sin saber muy bien dónde agarrarse, y sin ver el destino final que les aguarda entre grabaciones de todo tipo a lo largo y ancho de 20 años y muchos millones por medio.
Malo para todos, para los que se consideran ganadores, que pueden ser miles y que pueden sufrir una enorme decepción dentro de unos días; y malo para los aparentes perdedores que ya han buscado las nuevas fórmulas financieras que permitan seguir dando hipotecas sin pérdidas de márgenes operativos. Por medio decenas y decenas de declaraciones oportunistas desde el mundo político y sindical, como ya hemos comprobado, y una imagen exterior que creíamos que no podía ser peor de la que ya teníamos pero que nos demuestra que todo aquello que puede empeorar, empeora.
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