No nos representan

El auto del juez Santiago Pedraz rechazando el intento del ministro del Interior Jorge Fernández de procesar por ataques a las instituciones del Estado a los manifestantes del 25-S que rodearon durante tres días el Congreso de los Diputados y su párrafo más polémico: “No cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad, máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política" ha producido un gran escozor entre los políticos de todo signo, pero muy especialmente en los dos grandes partidos PP-PSOE que sienten que el magistrado de la Audiencia Nacional ha metido el dedo en la llaga, acusándole de simpatizar con los anti sistema.

La realidad es que desde el 15-M se lanzó a la calle, el distanciamiento entre los políticos del sistema y los ciudadanos se ha ido ahondando hasta convertirse en un auténtico abismo que separa ya a los políticos profesionales de la calle. Al grito de “no nos representan”, los ciudadanos –muchos votantes de la derecha- han venido exigiendo que se democratice el actual sistema de representación política, permitiendo a la gente tener una mayor participación en las decisiones de los gobiernos del Estado, autonómicos y municipales y un mayor control del cumplimiento de sus promesas electorales.

Hubiera bastado que se hubiera cambiado las leyes electorales para permitir, por ejemplo, listas abiertas en los partidos, representantes por distritos elegidos directamente y no a través de los partidos, posibilidad de hacer frecuentes consultas populares para saber la opinión de los electores y en general que la participación ciudadana no se limitara a votar cada cuatro años y siempre a los mismos partidos con listas cerradas.

Pero los grandes partidos –aunque tampoco se ha visto movimientos claros en los medianos y pequeños: Izquierda Unida, Iniciativa per Cataluña, UPyD, ERC, etc- han ido haciendo oídos sordos a estas reclamaciones, obligando al movimiento a favor de una democracia a dar un salto más y pedir la dimisión global de todos los políticos y la apertura de un proceso constituyente que elimine las barreras que la actual clase política están imponiendo a esa profundización de la democracia.

Los ejemplos los tenemos a decenas: un Gobierno de Mariano Rajoy que hace lo contrario de lo que ha prometido en su programa, unos dirigentes socialistas que solo están esperando que Rajoy se la pegue para ocupar su puesto de nuevo, una camarilla de Izquierda Unida que se niega a dejar los coches oficiales, la secta formada por Rosa Díez que una vez que se ha instalado en las instituciones no dice esta boca es mía o la reciente negativa a permitir que los catalanes celebren un referéndum para decidir donde quieren estar.

Junto a estas cosas evidentes, está la famosa lista de 127 políticos imputados en asuntos de corrupción, pertenecientes principalmente a PP y PSOE, que sus respectivos partidos protegen y mantienen en sus cargos. La pertenencia de cargos políticos en los antiguos consejos de administración de las Cajas llevándose sueldos millonarios mientras veían como se hundían. La nula exigencia de responsabilidades a los especuladores y banqueros que han provocado la crisis financiera que vivimos.

El movimiento democrático puesto en marcha por el 15-M, que ha desembocado, su parte más activa y crítica en el 25-S ha podido constatar en muy poco tiempo que el sistema político está caduco, no sirve a los intereses ciudadanos, y que además la clase política, los grandes partidos, han formado una barrera para impedir cualquier cambio, como ha demostrado la unanimidad con que todos los políticos han salido a poner como hoja de perejil al juez Santiago Pedraz por constatar una evidencia; la decadencia de la actual clase política.

Durante el año y medio en que el 15-M está en la calle, esa clase política no ha querido enterarse de nada: la derecha simplemente lo ha tratado como un problema de orden público y la llamada izquierda, más condescendiente, ha querido llevársela a su terreno con algunas carantoñas pero también con acusaciones de ayudar a llevar el agua al molino de la extrema derecha que está en contra del sistema de partidos. Los líderes sindicales, que también forman parte de la clase política, han fracasado en su intento de ponerse al frente para colocar el problema en una nueva confrontación PP-PSOE frente a la crisis económica que no existe y siguen dando palos de ciego. Todo esto se rompió cuando unas cuantas personas, a través de las redes sociales de Internet, lograron rodear el 25-S el Congreso.

Decía el otro día un importante banquero español que nunca había habido una crisis tan gorda en España por su extensión y duración, pero también porque nadie sabe qué es lo que hay que hacer y se junta con una profunda crítica ciudadana hacia todo el sistema.

Es evidente de que España y Europa necesitan un cambio en profundidad –romper la baraja y encargar otra nueva- que no pueden liderar de ninguna manera los hombres y mujeres que están mandando en la actualidad porque están presos de su propio sistema y no ven más allá de lo que les permiten las orejeras que llevan puestas. En realidad se trata de una nueva revolución que no pone tanto en juego una lucha de clases, aunque también está implícita, pero que pone en cuestión todas las instituciones desde el Estado hasta el sistema productivo. Tiene más que ver con los cambios que se produjeron en los siglos XVII, XVIII que alumbraron los Estados modernos centralistas, se crearon los departamentos ministeriales, y se eliminaron del sistema productivo las llamadas “manos muertas”, curas y rentistas que tenían que mantener los pueblos. Todo ello acabó desembocando en la Revolución francesa que si fue ya una expresión clara de la lucha de clases.

Uno de los problemas del fracaso de las revoluciones socialistas en la URSS o China fue precisamente la incapacidad de sus dirigentes de conseguir un sistema político participativo y un sistema productivo diferente del capitalista. Una vez que se consiga profundizar en la democracia participativa –cosa que no va a ser fácil y que llevará muchos años con subidas y bajadas- será mucho más posible ir a sistemas productivos menos agresivos con la naturaleza y con las personas.