Campo se mueve en un campo de minas

Al ministro de Justicia, el sevillano Juan Carlos Campo, le ha caído una buena, además de haberse tenido que comer el marrón de la entrega de los despachos a los nuevos jueces catalanes el pasado mes sin la presencia del Rey Felipe VI, ahora tiene que enfrentarse a la reforma que el gobierno ha presentado para poder realizar la renovación del Poder Judicial varado durante dos años por la falta de acuerdo de PP y PSOE.

Si ya en el acto de Barcelona se le oyó decir al presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, “os habéis pasado muchos pueblos”, tras los vivas al rey de los nuevos jueces, habrá que ver lo que ser le ocurre ante la oposición del propio Poder Judicial donde un grupo de vocales ha pedido una reunión extraordinaria para plantar cara a la reforma que quieren hacer el gobierno de Sánchez y que dejaría prácticamente en manos del ejecutivo la composición del nuevo CGPJ.

Aunque Campo es juez de carrera la realidad es que en su trayectoria judicial solo llegó a juez de Sanlúcar de Barrameda y a la Audiencia Provincial de Cádiz, ya que inmediatamente entró en la clase política desempeñando diversos cargos en los gobiernos socialistas andaluces y después en Madrid, además de ser diputado.

Realmente tampoco se sabe de donde ha partido el plan de reforma la elección del Poder Judicial, si del Ministerio de Campo o de la propia Moncloa que es la que lidera la idea, atribuyendo la culpa al PP que se niega a negociar.

Para liarla más hay que destacar el hecho de que Campo sea el compañero sentimental de la actual presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que también va a jugar un papel importante en la realización de la reforma que ya ha recibido además una seria advertencia de los poderes de la Unión Europea que recuerdan que hay varios procedimientos abiertos con otros países, principalmente Polonia y Hungría, cuyos gobiernos fueron acusados de tratar de controlar al Poder judicial para sus propios intereses políticos.

El portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, ha señalado que están al tanto del anuncio del gobierno español y que “lo siguen de cerca”, para añadir que “es importante asegurar que el Consejo no se perciba como vulnerable a la politización”.

Desde la Unión Europea advierten que las reformas judiciales deben hacerse siempre después de mantener consultas con los actores relevantes, lo que incluye a la Comisión de Venecia, que es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. Fue creado en 1990 tras la caída del muro de Berlín, en un momento de necesidad urgente de asistencia constitucional en Europa central y oriental.

Se insiste desde los organismos de Bruselas que los estados miembros deben seguir los estándares europeos para asegurar que no se comprometa la independencia judicial, lo que ha llevado a Polonia a pedir que se trate a España lo mismo que a su gobierno cuando llevó a cabo una reforma judicial muy criticada, alegando que en la UE se aplica un doble rasero.

Ademas el grupo de seis vocales del Poder Judicial español que han solicitado al presidente del órgano, Carlos Lesmes, que convoque un pleno extraordinario para dar una respuesta institucional a una reforma, afirman que ésta pretende dilapidar el sistema de elección y que propiciará el fin de las cuotas, “acabando con la representación de todas las sensibilidades que existen en el órgano”.

A juicio de diversos expertos, si se hacen los nombramientos por mayoría absoluta de las cámaras legislativas en lugar de por tres quintos como hasta ahora se dará un buen golpe a la independencia del Poder Judicial.