El combate contra la epidemia del Covid 19 demostró primero el desastre que era el Gobierno central, con previsiones equivocadas, reacciones tardías, desacuerdos entre los distintos Ministerios implicados, errores de bulto por parte de los responsables, y mentiras, muchas mentiras. Todo lo empeoraron las autonomías.
España basó su respuesta en una información deficiente, insuficiente, politizada desde el principio, y con gestores asustadas - con Salvador Illa y Fernando Simón a la cabeza - que intentaron minimizar la agresividad del virus para después manipular los datos, entrar de forma compulsiva y tardía en la compra del mínimo material sanitario para controlar los contagios y la expansión de la pandemia.
Falló el Gobierno en su conjunto, falló el sistema sanitario público, se descubrieron sus carencias, sus agujeros negros. Se puso sobre la mesa para que todos los españoles lo miraran el resultado de la sucesión de privatizaciones que privaron al sistema público de la estructuras y la financiación que deberían tener. Culpa de todos los Gobiernos, tanto del PSOE como del PP, tanto de CiU como del PNV.
Los ciudadanos de toda España hemos sido los afectados, con unas cifras de contagios y de muertes muy superior al resto de los países de nuestro entorno si se mide por los porcentajes sobre población. Con los datos oficiales en la mano las cifras son las siguientes: en España ha habido un muerto por coronavirus por cada 540 habitantes; en Francia 1 muertos por cada 936; en Italia 1 muertos por cada 722; en Alemania 1 muerto por cada 1.700; en Portugal 1 muerto por cada 1.100; y en el denostado Estados Unidos ha habido un muerto por cada 825 habitantes.
Si las estadísticas de los países se abordan por edades de población y muertos por la pandemia con seguridad los porcentajes son aún peores para nuestro país; y si los datos se contabilizaran por los fallecidos en las residencias de mayores, España tendría que sonrojarse delante de toda Europa.
Dentro de nuestro país, la Comunidad de Madrid multiplica por diez los fallecimientos por el virus que tiene Canarias, por cinco los que contabiliza Baleares, y por tres las que suma Andalucía. Entre sus casi siete millones de habitantes los muertos llegan a doce mil, una cifra que es el mejor o peor de los ejemplos de la sanidad nacional, con un tercio más de hospitales privados que públicos; muy lejos de Cataluña que, siendo la segunda Comunidad con peores datos por habitante, tiene casi el triple de centros hospitalarios privados respecto a los públicos.
Los dos archipiélagos están a la cola en muertos por habitante, seguidos de Cantabria, siendo Canarias la más espectacular dentro de la tragedia que supone cada persona que fallece por la pandemia: un muerto por cada 5.400 habitantes.
Si falló el estado, cuando llegó la hora de las autonomías, ésta fallaron más. La falta de coordinación entre ellas para casi todo, desde la utilización de los datos a las compras de mascarillas, pasando por la habitual y nada ejemplar, y menos eficaz, competición entre sus gobiernos.
Las transferencias de Sanidad, que limitan las capacidades del Estado y dejan a cada una de las 17 Autonomías la organización de su sistema sanitario, ha demostrado que es ineficaz, costosa y perjudicial para los ciudadanos. En lugar de un único centralismo lo que tenemos son 17 centralismos preocupados más por distinguirse del vecino que por cooperar entre ellos. Las leyes se lo permiten y la conclusión es muy simple: hay que cambiar las leyes, que deben estar al servicio de la sociedad y no de las direcciones de los partidos políticos.
Fracaso en el doble aspecto de salud y sanitario; y fracaso doble también en el terreno económico y administrativo. Lo malo no es lo que ha ocurrido durante este último año, lo peor es que no parece que nuestros dirigentes nacionales y autonómicos hayan aprendido la lección y estén dispuestos a que el estado recupere algunas de las funciones transferidas, y que a la hora de abordar situaciones extremas como las que seguimos viviendo dejen a un lado los egoismos partidistas y sumen voluntades a favor de esos mismos votantes a los que se dirigen cuando llega la hora de las elecciones. Los Consejos Territoriales que se crearon para esas funciones ya han demostrado con creces que son otra plataforma de conflictos y no de soluciones.