Un nuevo mito político se derrumba, el de suponía que ganase quien ganase unas elecciones, los dos grandes partidos se ponían de acuerdo para repartirse los puestos en los otros grandes poderes: Congreso, Senado, Consejo de Estado, Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo y el Poder Judicial. Ahora todo eso se ha vuelto realmente difícil o casi imposible, a pesar de los esfuerzos de Sánchez y Casado.
El desmoronamiento del sistema bipartidista y la entrada en el juego de partidos nuevos, como Ciudadanos, Vox o Podemos, ha provocado que cada uno reclame también su cuota de poder en las instituciones.
Es verdad que durante toda la transición del franquismo también los partidos nacionalistas vascos y catalanes, PNV y CiU, tenían al menos un vocal en el CGPJ, pero eso no creaba más problemas.
La caída electoral del PSOE y del PP ha hecho a estos dos partidos más débiles, tanto a la hora de tener que buscar socios para lograr la investidura, en el caso de los socialistas -lo que significa ceder parte de su poder- como para liderar la oposición, como le ocurre a la derecha de Casado que si quiere sumar escaños tiene que contar con Vox y C'S.
La grave derrota sufrida por el PP en Cataluña tampoco ha ayudado a que Casado, muy debilitado, pueda llegar a acuerdos con Sánchez que se puedan interpretar como una nueva derrota política.
El mejor momento para llegar a acuerdos de Estado entre Casado y Sánchez fue precisamente cuando el popular acababa de ganar la Presidencia de su partido derrotando a Soraya Sáenz de Santamaría, pero aquella ocasión se perdió y el pacto para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial se vino abajo.
Casado, para apuntarse un tanto ante la opinión pública, había puesto como condición a Sánchez el que Pablo Iglesias no participase en el reparto del CGPJ. El PP lo dio por hecho y La Moncloa guardó un prudente silencio que fue interpretado como una concesión a la galería para llegar al pacto final.
En ese interim y cuando las cosas parecían que iban por buen camino, ambos partidos llegaron a un acuerdo para nombrar al nuevo Consejo de RTVE, también paralizado desde 2018.
Se eligió a un profesor catalán, José Manuel Pérez Tornero, que cree en una radiotelevisión públicas que se parezcan de alguna manera a la BBC inglesa y se repartieron el resto de los miembros del Consejo de Administración sin más problema, dando entrada también a algún candidato propuesto por Podemos.
Y cuando todo eran buenas noticias, llegó Paco con las rebajas, porque a pesar de que Iglesias no participa en las negociaciones para renovar el Consejo del Poder Judicial, la realidad es que si quiere tener algún juez afín, y además a alguien en el PSOE se le ocurrió que había que meter a Ricardo Prada, la bestia negra del PP, al que la derecha señala como el que intentó meter en la cárcel a Rajoy.
El pacto se rompió antes de empezar a cuajar y ahora volvemos a estar en la casilla de salida o como indicaba algún congresista, "un pasito p’alante y un pasito p'atrás" para definir lo que está ocurriendo entre los dos grandes partidos.
Los intentos de Sánchez e Iglesias de meter presión a los populares con una nueva norma legal que permita renovar el Poder Judicial al margen del PP fracasaron nada más empezar porque la Unión Europea avisó de que la criticaría colocando a la democracia española al nivel de Polonia o Hungría dos países que se niegan a aceptar las pautas europeas.
Ahora volverán las amenazas de Sánchez para tratar de forzar de una vez por todas a Casado, pero el líder de la derecha tiene muy poco margen para demostrar a su gente que no ha cedido ante el PSOE y presentar el acuerdo como una victoria aunque sea pírrica.
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