Más allá de analizar las propuestas concretas, la Confederación para la Defensa del Sistema Público de Pensiones ( COESPE) ha querido mostrar su más rotundo rechazo a los principios en los que se ha inspirado el ministro y a los que califica como un “conjunto de falsedades y datos tergiversados para confundir a la opinión pública y desmovilizar a los ciudadanos en la reivindicación de unas pensiones públicas suficientes y garantizadas”.
Los pensionistas niegan la máxima de que el sistema de pensiones actual no es sostenible, como dicen desde el Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que lo ocurrido “es que se han utilizado las cotizaciones sociales para financiar asuntos ajenos como asistencia sanitaria, servicios sociales, políticas de fomento del empleo y prestaciones no contributivas”.
Los jubilados afirman que si solamente su hubieran utilizado las cotizaciones para pagar pensiones, “tendríamos un enorme superávit en la caja de la seguridad social” y por ello exigen antes de llevar a cabo cualquier reforma una auditoría que determinen la deuda que el Estado tiene con el sistema público de pensiones, y que se devuelvan en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado.
Sobre el plan de incentivar con un cheque de 12.000 euros por cada año de retraso en la jubilación afirman los pensionistas que solo beneficiaría a los trabajadores de mayor poder adquisitivo y a los de cuello blanco (directivos, altos cargos, profesiones liberales, etc..) que son los que tienen un menor deterioro de su salud y una mayor esperanza de vida.
Por el contrario, la gran mayoría de trabajadores manuales llegan a los 65 años con un gran desgaste físico y mental, lo que en general les impide prolongar su jubilación.
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