Desde hace mil días los jueces tenían que haber cambiado a una parte importante del Consejo de Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, y de las Audiencias provinciales. No lo han hecho por depender de los políticos, por dejar que desde hace treinta años sus órganos rectores tengan que pasar por el tamiz de los partidos, que son los que pactan los nombres en razón de las simpatías y afinidades políticas de los mismos.
Este lunes, seis de septiembre, como todos los años, la apertura del Año Judicial, presidida por Felipe VI será el mejor de los escenarios para que los ciudadanos de cualquier color y signo político comprobemos que una de las tres patas que ideo Montesquieu para la gobernanta de las sociedades democráticas y libres está astillada y casi rota. Tampoco es nada nuevo y tan sólo confirma que la carcoma institucional y estructural que padece España alcanza a todas las esferas. Si es clara en los distintos Ejecutivos y en el Legislativo que representan el Congreso, Senado y Parlamentos autonómicos, es mucho más grave en el Judicial.
Sin separación de poderes la propia Democracia naufraga y se aleja de su objetivo que es representar a todos los ciudadanos y defenderlos de las tentaciones que puedan tener cualquiera de los tres al margen de los otros dos.
Carlos Lesmes atacará conn todo derecho a los dirigentes de los partidos por su empecinamiento en querer obligar a los que están enfrente que acepten sus argumentos e ideas. Desde el PSOE y Unidas Podemos acusan al PP, a Ciudadanos y a Vox de impedir el necesario cambio de personas. Desde el lado de la oposición hacen lo mismo y acusan a socialistas y marxistas diversos de intentar el control de todas las instituciones.
El Rey llamará a la necesidad de acabar con el bloqueo como una de las medidas democráticas más necesarias para que España avance dentro de la crisis global que padecemos. Se trata de una lucha que va más allá de la división entre izquierda y derecha, intervienen factores gremiales, de interpretación de las leyes y de los futuros desarrollos jurídicos de más de un problema. Y la que puede ser la gran clave de la cerrazón de los dos grandes partidos, con cuyos votos unidos acabaría el problema: la justicia no es ciega y dependiendo de quien ocupe los sillones de cada uno de los distintos niveles judiciales, sobre todo en el Tribunal Supremo, los casos que afectan a la clase política y empresarial pueden avanzar en un sentido u otro. La interpretación de los articulados presenta unos márgenes - en algunos momentos muy importantes- que son los que determinan las condenas y las absoluciones.
Los discursos de Apertura del Año Judicial deberían llevar a Pedro Sánchez y Pablo Casado a poner el interés de España por delante de los de sus partidos y de las personas que los apoyan. Generosidad para renunciar a los privilegios que la propia clase política se atribuyó desde los tiempos de Felipe González y que se han mantenido desde entonces.
La frase de que “ los jueces no pueden elegir a los jueces “ del ministro Bolaños es toda una declaración de principios, que se puede extender al resto de los dirigentes de los gobiernos y de los partidos: los políticos no se fían de los jueces, no quieren dejarles “solos”, no se atreven a que los jueces se organicen, elijan a los mejores entre los suyos y no tengan que esperar o aproximarse a los partidos para poder ascender en su carrera profesional.
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