El 60% de estas ejecuciones sobre vivienda corresponden a hipotecas firmadas antes de 2008; la pandemia ha sacado a la luz un volumen añadido de hipotecas 'de burbuja' que aguantaron la crisis de la pasada década pero no han podido con la actual situación económica.
La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) exige a las entidades financieras que no se aprovechen de la situación de vulnerabilidad de muchos consumidores hipotecados, pide condiciones asumibles para refinanciar los préstamos y evitar las ejecuciones, y advierte al Banco de España para que vigile la evolución de la situación y tome las medidas necesarias.
La situación de vulnerabilidad de muchos consumidores hipotecados está obligándoles a pasar por el banco para renegociar su préstamo, y las moratorias legales por la pandemia sólo han sido una parte del fenómeno. El mismo INE contabiliza cada mes entre 20.000 y 25.000 novaciones, y el creciente incremento de las ejecuciones muestra que parte de estas hipotecas comprometidas al final terminan siendo fallidas.
Al respecto de estas moratorias, ADICAE ya ha venido advirtiendo de que eran insuficientes, abarcaban un periodo de tiempo demasiado limitado y, sobre todo, no eran accesibles para una buena parte de los consumidores.
La propia patronal bancaria ha señalado que solo alcanzaron a un 10% del volumen de crédito en vigor. No concuerda eso con las necesidades de los consumidores; en el 16% de las consultas recibidas por la asociación, los consumidores piden orientación sobre las moratorias o los impagos de las hipotecas a consecuencia del desempleo y los ERTES sufridos con la crisis del COVID.
Sin embargo, lo más preocupante es que todavía existe un volumen oculto pero creciente de hipotecas previas al crack de 2008 que están entrando en problemas. Son préstamos que todavía heredan los abusos de aquella época de descontrol inmobiliario, cláusulas abusivas, gastos desmesurados, y unos importes que muchos consumidores no pueden asumir.
ADICAE insiste en una moratoria legal de dos años a los embargos y ejecuciones hipotecarias, evitando la incertidumbre y estableciendo plazos suficientes para que llegue la ansiada recuperación económica.
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