Cristina, Rocio, Katia, Belen y Teresa nos exigen a todos conocer la verdad

Si queremos que los nombres de las cinco jóvenes que fueron aplastadas y pisoteadas hasta la muerte o hasta una situación crítica para su futuro no se queden en una mera cifra estadística dentro de unos meses tenemos que exigir que se cambien de una vez por todas las leyes y normas que rigen el funcionamiento de las horas y las formas de diversión de los adolescentes españoles.

Otras cinco familias se han roto para siempre. Otras cinco chicas que tenían en sus 17 y 18 años todas las esperanzas de vivir en un mundo mejor y de luchar por ello no podrán hacerlo. Y la razón profunda de esa injusticia, de ese drama no está en la avalancha que las aprisionó a las cuatro de la madrugada en uno de los pasillos del Madrid Arena mientras uno de sus DJ favoritos alentaba a miles de jóvenes como ellas a bailar y bailar hasta que el sol ya estuviera alto en el horizonte. La razón profunda, no la coyuntural que acabó con sus vidas y que exige que la justicia actúe con libertad y rapidez para que los culpables directos respondan ante toda la sociedad, está en las normas que rigen las noches de los jóvenes, algo que viene de lejos y que señala como responsables últimos a los políticos, a aquellos que crean, primero, y administran, más tarde, las leyes sobre las que actúan la policía y los tribunales.

Es, era y será - si no se cambian - un despropósito que los jóvenes y adolescentes de toda España salgan de sus casas a la una de la madrugada para divertirse. Es, era y será un despropósito que las normas que rigen las fiestas como la del Halloween de muerte que se ha celebrado en Madrid sean tan difíciles de controlar por su misma esencia: desde los aforos y la seguridad hasta los servicios de auxilio y emergencia. Es una vergüenza social, colectiva, generacional que apenas 48 horas después de la tragedia los mismos jóvenes que la vivieron vuelvan a iniciar y participar en un "rito" semejante bajo la excusa de que "la vida sigue".

La sociedad española no puede, ni debe resignarse a que mañana otros nombres se unan a los de Cristina, Rocio, Katia, Belen y Teresa; a los que cada fin de semana se diluyen en la negra estadística de las muertes den la carretera, en las listas de atención en los hospitales y centros de salud. En un país como el nuestro en el que se legisla y regula hasta con exageración en algunos aspectos, en uno tan esencial para el futuro colectivo como es el que afecta a los más jóvenes se sea tan laxo bajo la premisa de una falsa libertad. Millones de familias lo viven día a día y no saben cómo afrontarlo. Es más, una de las raíces de los malos datos que tiene España en cuanto a sus niveles de educación en comparación con otros países, está en esas aparentes "noches de libertad" que demandan los jóvenes creyendo que ejercen un derecho que no es sino una cárcel para su presente y para su futuro.

Lo fácil es que se realice una investigación y que dentro de unos meses - que se convertirán en años por los seguros recursos de las personas y organismos que resulten implicados - la Justicia depure los hechos y las responsabilidades. Ahí se quedará, una vez más, apresada, atada la juventud española. Ahí se quedarán acorralados los planes de estudio, las reformas educativas del ministro Wert al igual que se quedaron todas y cada una de las de sus antecesores. Ahí se quedarán enganchados como en una malla de espinos los derechos autonómicos, las diferencias lingüísticas, los debates partidistas. Por encima de ellos y unificando el estado estará una forma de ver a los jóvenes y a sus derechos que no es otra cosa que haber establecido y mantener una forma de esclavitud, que comienza y se extiende desde la infancia con los clubs, discotecas y fiestas para aquellos que apenas han cumplido los doce años.

Tenemos que conocer la verdad del Madrid Arena, tenemos que saber si había en el macro concierto diez o veinte mil personas, tenemos que saber si las medidas de seguridad eran las correctas, si las puertas estaban cerradas o clausuradas, si las avalanchas se produjeron antes o después del lanzamiento de las bengalas o los petardos, si se podían o no celebrar ese tipo de espectáculos, si los permisos eran correctos, si la empresa contaba o no con una especial relación con el Ayuntamiento. Ese es el papel que los corresponde ahora a la policía por un lado y a los jueces por otro; pero al mismo tiempo les debe corresponder a los políticos ir más lejos, no quedarse en la exigencia de responsabilidades desde la oposición al poder, deben analizar, debatir y aprobar los cambios que exige el futuro de aquellos que tienen 18 años, que son el futuro de esta España nuestra.