Obreros gaditanos, agricultores y estudiantes en pie de guerra

Todo ello sumado a los inconvenientes que ha producido en la vida ciudadana la pandemia del Covid que podría remontar en cualquier momento a pesar de la vacunación masiva y a otros graves problemas como las enormes listas de espera que tienen que padecer los enfermos para ser operados.

Hasta ahora, los llamamientos a las protestas han tenido poco o ningún éxito debido a la negativa de los grandes sindicatos y de los partidos de izquierda a apoyarlas para no herir al gobierno del PSOE-Podemos, pero la situación podría cambiar rápidamente como ya está ocurriendo con los trabajadores del metal en Cádiz o la situación de la comarca de A Mariña en Galicia.

En Cádiz, el conflicto provocado por la negociación de los convenios colectivos ha desembocado en graves disturbios tanto en la Bahía, con Astilleros Navantia y Dragados, como principales focos, y en Algeciras con toda la industria auxiliar del campo de Gibraltar.

Los trenes han quedado paralizados y las carreteras cortadas en ambos lugares con enfrentamientos entre los trabajadores de los antidisturbios que recuerdan los tiempos de la reconversión industrial de Felipe González que dejó sin trabajo a miles de personas en una zona ya de por sí deprimida con los mayores índices de paro de toda España.

En A Mariña (Lugo), la huelga general convocada por UGT, CC.OO. y CIG está motivada por el cierre de la fábrica de Vestas en Viveiro y a la amenaza de cierre de Alcoa en San Cibrao, y los sindicatos reclaman unas mayores infraestructuras que permitan atraer a nuevas empresas y mejorar la malla industrial de la comarca.

No son los únicos frentes sociales a los que tiene que hacer frente el Gobierno en plena negociación de los Presupuestos, ya que también los agricultores se ponen en pie de guerra y hasta los dueños de las peluquerías han convocado encierros en sus locales y manifestaciones para reclamar una bajada del IVA que, según ellos, les había prometido La Mocloa y que ahora no cumple, a pesar de que los partidos de la oposición la apoyan.

Y también han salido a la calle los estudiantes universitarios para protestar por la inminente aprobación de la Ley de Convivencia Universitaria (LCU) y Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que rechazan porque “pese a esconderse bajo una supuesta intención de dotar a la Universidad de una normativa democrática”, no solo no aumentan las garantías de los derechos de las estudiantes, sino que limitan en gran medida su capacidad de expresión y movilización”, reclamando una “universidad pública, democrática y de calidad”.

En la protesta también participa La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), cuyo presidente José Antonio Mayoral, que denuncia que si la ley de convivencia universitaria, que está pactada por todos los sectores implicados, incorpora finalmente las enmiendas planteadas por ERC y los partidos del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, será una norma "como la franquista, con algún retoque, pero no una ley moderna".

Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, se ha mostrado "absolutamente sorprendido" con estas enmiendas a la ley de convivencia universitaria, que "rompen la parte de convivencia y mediación", y considera "curioso" que procedan de los partidos del Gobierno con el que la habían negociado los universitarios.

El rector, que ha participado desde CRUE en la elaboración de esta ley, afirma que el texto consensuado se asentaba en tres pilares: el disciplinario -imprescindible y que sustituye al reglamento franquista de 1954-, el de convivencia y el de mediación, y que con las enmiendas realizadas "se cargan" estas dos últimas patas.

Con la enmienda de ERC, aceptada ahora por Castells, se deja a cada Universidad la responsabilidad de legislar su propias normas para la resolución alternativa de los conflictos en el ámbito universitario sin un marco general.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha tenido que ceder ante las exigencias de ERC –cuyo voto es vital para la aprobación de los Presupuestos- y que también ha reclamado que se podrá sancionar "impedir la celebración de actividades universitarias de docencia, investigación o transferencia del conocimiento", pero teniendo en cuenta la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga.