El país más rico de Africa, y seguramente del mundo, en riquezas minerales sigue reviviendo día a día las matanzas y genocidios que no cesan primeramente bajo su potencia colonizadora, Bélgica, que siguieron tras su independencia en 1960 y que continúan hasta el presente.
Veintiséis personas fueron asesinadas el domingo 28 de noviembre en el campamento de Ndjala, dentro del área sanitaria de Drodro, en la provincia de Ituri, de la República Democrática del Congo, que administra ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Entre las víctimas había diez mujeres y nueve niños, mientras que otras once personas resultaron heridas. Los atacantes utilizaron armas de fuego, machetes y cuchillos.
El 21 de noviembre, una milicia atacó Drodro y Tché, otro asentamiento para personas desplazadas. Las autoridades comunicaron que 44 personas fueron asesinadas en Drodro y más de 1.200 refugios resultaron destruidos, mientras que en Tché más de 1.000 refugios fueron arrasados.
Hasta 20.000 personas –según ACNUR- se vieron forzadas a huir de Rhoe y buscar refugio en las inmediaciones de la base de la Misión de Estabilización de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO). Este campamento duplicó su población en menos de 48 horas, pasando de 21.000 a 40.500, obligando a las familias recién llegadas a dormir a la intemperie. Las principales necesidades son comida, alojamiento y atención médica, así como asistencia psicológica.
También en el este del país, un grupo armado atacó el pasado 14 de noviembre un campamento para personas desplazadas en la ciudad de Mikenge, en la provincia de Kivu Sur, asesinando a seis niños y a una mujer embarazada. Otras ocho personas resultaron heridas por disparos o con machetes. Los habitantes tuvieron que huir y sus hogares fueron destruidos.
El conflicto de Ituri es una disputa entre la etnia agricultora lendu y la ganadera hema, conflicto que se ha visto complicada por la presencia de diversos grupos armados que tomaron parte en la Segunda Guerra del Congo (1998-2003).
El Frente Nacionalista e Integracionista (FNI) lidera a los lendu, mientras que la Fuerza para la Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) está al frente de los hema. Más de 50.000 personas han sido asesinadas y cientos de miles han sido expulsadas de sus casas, desde que el conflicto estalló en los meses centrales de 1999.
A ello se unió que en 1996, Estados Unidos patrocinó una invasión de fuerzas militares de Ruanda y Uganda que ingresaron por el oriente de la RDC, que tomaron el control y ocuparon las áreas mineras estratégicas y se hicieron con el control del coitán, que convertido en tantalio en polvo es básico para las multinacionales de la tecnología como Nokia, Motorola, Compaq, Sony y otros fabricantes, que lo utilizan en teléfonos móviles y otros productos electrónicos.
El Congo ha sido y es un país rico en todo tipo de minerales, como el oro, los diamantes, cobre, cobalto y más recientemente el coitán, lo que provocó que las grandes empresas mineras, apoyadas por todos los países occidentales, hayan alentado las luchas tribales para evitar que se convirtiera en un país realmente independiente.
Nada más proclamar su independencia de Bélgica en 1960, comenzaron los ataques al primer ministro electo, Patrice Lumumba, que fue desposeído por los militares y mercenarios, que le secuestraron, con la intervención directa de agentes del gobierno belga y de la CIA, y le fusilaron el 17 de enero de 1961. Sus restos mortales fueron quemados. Las tropas internacionales, con apoyo norteamericano, combatieron a sus partidarios hasta acabar con ellos y poner al frente del país al dictador Mobutu (1965-1997).
Desde entonces, todos los intentos de los congoleños por reconstruir su país han sido frustradas por el interés de las multinacionales de impedir que haya un gobierno fuerte que restrinja sus enormes beneficios. El actual presidente Félix Tshisekedi, como su antecesor Joseph Kabila, se limitan a administrar un país en guerra constante y genocidios diarios.
En la República Democrática del Congo, 5,6 millones de personas se han visto forzadas a huir en los últimos años, con un incremento de 400.000 personas en lo que va de 2021. Aunque la mayoría están siendo acogidas por las comunidades locales, más de 330.000 viven en campamentos para desplazados.
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