El movimiento del 15-M acabó con el bipartidismo del PP-PSOE imperante en la transición del franquismo, incorporando de golpe a otras organizaciones como Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox a nivel estatal, y un crecimiento importante de más partidos nacionalistas o regionalistas.
La transición produjo también un bisindicalismo impuesto a favor de UGT y Comisiones Obreras, organizaciones siempre cercanas a los partidos de izquierda, PSOE e Izquierda Unida, pero que nunca fue total por la existencia, primero, de la Unión Sindical Obrera (USO), también de corte socialista, y de la Central Sindical Independiente de Trabajadores (CSI-F) enfrentada ideológicamente a los sindicatos de clase.
En la actualidad, en España solo un 13,7% de los asalariados están afiliados a un sindicato, al mismo tiempo que han ido apareciendo multitud de organizaciones sindicales en todo el territorio estatal que han ido minando el poder de UGT y CC.OO. que durante todo el siglo XX monopolizaron tanto las negociaciones con los sucesivos gobiernos estatales y autonómicos, como con las organizaciones empresariales.
Tanto la UGT, presidida por Pepe Alvarez, que tiene unos 950.000 afiliados, como CC.OO, de Unai Sordo, con unos 935.000, mantienen a pesar de todo una clara ventaja sobre el CSI-F de Miguel Borra, con 200.000 sindicados, y la USO de Joaquín Pérez da Silva, con 125.000. Los sindicatos anarquistas, CGT y CNT se mantienen con cifras mucho más pequeñas.
A nivel más local, destacan los sindicatos vasco-navarro (ELA-STV) andaluz (SAT), gallego (CIG) y catalán (COS y CSC), con afiliaciones y una incidencia muy variables
La ruptura del bisindicalismo ha sido más radical en las diferentes ramas de la administración pública, especialmente en los sectores más numerosos, como la sanidad, la educación, prisiones y las diferentes policías estatales, autonómicas y locales, donde las diferentes siglas luchan por obtener la hegemonía que hasta ahora han mantenido UGT, CC.OO y CSI-F, gracias al apoyo de los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, que han limitado la presencia en la mesa de las negociaciones sindicales a estas tres organizaciones en detrimento de los sindicatos minoritarios.
Ahora gran parte de los sindicatos de rama se han unido en la Plataforma EBEP 36.3 para exigir a los gobiernos estatal y autonómicos que les admitan en la mesa de negociación de los convenios que atañen a su profesión concreta.
Los promotores de esta reivindicación son principalmente la Coalición Sindical Independientes de Trabajadores de Madrid (CSIT), que dirige José Angel Montero, que afirma ser ya el segundo sindicato con más afiliados en las instituciones de la Comunidad madrileña, y la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el más representativo en los hospitales públicos.
El resultado ha sido un centenar de organizaciones sindicales, que dicen contar con más del 40% de la representación en las administraciones públicas de nuestro país, reunidos con el objetivo de acabar con el actual monopolio sindical existente en base a una interpretación errónea y restrictiva del artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Publico (EBEP), y que supone “que miles de empleados públicos no están representados de forma justa y democrática en las Mesas Generales de Negociación estatal, autonómicas y locales”.
Al CSIT Unión Profesional y al CESM se han unido, entre otras organizaciones, la APFP (Prisiones), el sindicato de la Policía municipal de Madrid, CSLA (seguridad), FESEP (policía y bomberos), FSES (educación y sanidad), Intersindical Valenciana, SEPCA (Empleados públicos de Canarias), SEP Valencia, SIME (Murcia), SAE (técnicos auxiliares de enfermería), y SPL-CME (Mossos y Policía Local de Cataluña).
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