Para ADICAE, los datos de ejecuciones y su evolución respaldan de forma indiscutible la necesidad de establecer una nueva moratoria hipotecaria por al menos tres años que impida el inicio de nuevas ejecuciones y paralice las ya iniciadas
Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 72% del total de ejecuciones hipotecarias en 2021 sobre viviendas de personas físicas
Según el INE las ejecuciones sobre viviendas de consumidores (personas físicas) aumentaron en 2021 un 53,3% respecto a 2020, dato que al margen de las actuales medidas anti-desahucios en vigor (que no revierten el embargo de la vivienda ni las "deudas perpetuas" ligadas a la ejecución hipotecaria) muestra un escenario de tendencia preocupante, en el que se superan ya los datos de 2017 (14.442 ejecuciones sobre viviendas de consumidores)
Pese a que el decreto antidesahucios (dentro del llamado 'escudo social') aprobado por el Gobierno en marzo de 2020 y que ha sido objeto de diferentes prórrogas está limitando los datos sobre lanzamientos, ADICAE considera urgente la adopción de nuevas medidas extraordinarias.
La realidad es que, aunque se establezcan limitaciones a la expulsión de la vivienda (el lanzamiento o desahucio), decenas de miles de familias están afrontando en los últimos años la pérdida de su vivienda en procesos de ejecución en los que, además, se establecen grandes cantidades añadidas a modo de "deuda perpetua" una vez se produzca el lanzamiento.
Los datos ofrecidos hoy por el INE ponen además de manifiesto que las moratorias aprobadas en la pandemia, dados los requisitos fijados para su aplicación y por la prevalencia de las denominadas “moratorias privadas” libremente aplicadas por la banca en base a sus propios criterios, no han permitido revertir la situación, elemento que refrenda la necesidad de abordar la raíz del problema, no limitándose a aplicar medidas paliativas como demorar los lanzamientos.
Por ello ADICAE estima necesario anticiparse al gran problema económico y social al que la evolución reciente de las ejecuciones apunta, para impedir la actual escalada de ejecuciones hipotecarias y evitar las consecuencias de dicha tendencia, en un contexto económico de crisis, sobre decenas o cientos de miles de familias.
Es en esta perspectiva en la que plantea de nuevo la necesidad de implementar, mediante normas legales, una moratoria hipotecaria de al menos tres años que impida el inicio de nuevas ejecuciones y paralice las ya iniciadas.
Por eso ADICAE considera que problemas de este calado económico y social no pueden dejarse al albur de inciativas de carácter voluntario por parte del sector, como ha sucedido ante el problema de la exclusión financiera, sino que deben ser objeto de medidas regulatorias que impidan que se repitan situaciones como las acaecidas en la explosión de la burbuja hipotecario-inmobiliaria, con cientos de miles de ejecuciones hipotecarias sobre los consumidores
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