El Rey Juan Carlos sigue casado con la Reina Sofia y ambos, al margen del uso de los despachos oficiales, llevan viviendo en lo que era unpequeño palacete construido en el siglo XVII y que sufrió distintas remodelaciones, desde el año 1962. Allí decidieron seguir viviendo tras la llegada al Trono y dejarlo el Palacio Real para los actos oficiales. Siguiendo su ejemplo los entonces Príncipe de Asturias siguen viviendo en otra vivienda también en los terrenos dentro del Monte del Pardo.
El propietario de todos los edidicios, el “Casero” de los mismos es Patrimonio del Estado sin que sepamos que exista ningún contrato de alquiler entre las partes. Y si que se haya producido deshacio alguno por orden judicial del matrimonio que lo ha habita desde hace sesenta años. Considerar que los Reyes de España durante durante 39 años sean unos “okupas” sería otro error aún mayor por parte de una clase política y sobre todo un Gobierno que parece conocer algún secreto que no sabe cómo explicar.
Si el Rey, su marido, no puede regresar a su casa, ¿cuál es la diferencia para establecer ese trato tan vejatorio entre Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia ?. Ni siquiera con una condena o un sumario terminado y a la espera de juicio se puede aplicar esa medida si que Intervengan al menos dos de los llamados poderes democráticos del Estado, el Judicial y el Legislativo; el primero de ellos para aplicar la Ley de forma igual para todos, y el segundo para cambiar, modificar y aprobar por los procedimientos establecidos el marco legal en el que moverse.
El Ejecutivo podría intentarlo por un Decreto-Ley, pero es más que posible que el Tribunal Constitucional le dijera que no. Ante esos problemas y la falta de razones entendibles, por más que el comportamiento del Monarca sea socialmente reprobable y sería bueno y ejemplar que él mismo justificara sus acción es y no lo dejara en manos de ninguna Fundación, por más amigos que aparezcan en ella, la única conclusión posible es que existen razones para obligarle a ese cambio de residencia en Emiratos y que esas razones no se pueden trasladar a los españoles.
Sin debate jurídico, ni debate político, ni debate social y muchos menos económico ya que afectaría con seguridad a muchas más e importantes dirigentes españoles, utilizar el evidente y notorio escándalo de los regalos y donaciones recibidos por Juan Carlos I durante un tiempo sin determinar de su reinado, a lo que estamos asistiendo es a un juego del poder a espaldas de los ciudadanos, a una catarata de declaraciones políticas que colocan al “ acusado “ en una situación de indefensión hasta ahora injustificada e ilegal.
A ningún “ casero “ se le dejaría impedir la entrada a su domicilio habitual al inquilino durante sesenta años y que no pudiera quedarse en su casa. El disparate que comenzó con una abdicación hace ocho años, al crear de forma insólita la figura de cuatro Reyes, unos “ eméritos “ y otros reales, tendrá consecuencias en el futuro y todas ellas malas para España como país. La condena social que ya ha sufrido el hombre que no puede volver a su casa es otra cosa.
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