Su admisión como pruebas eran las aportaciones definitivos que necesitaba la acusación. Desde la defensa se aseguraba que se habían obtenido de forma ilegal, ya fuera por agentes de los Servicios de Inteligencia del Estado, pertenecieran éstos a la Policia, la Guardia Civil o el CNI, o por los detectives pertenecientes a la agencia Método 3. Al margen de la validez procedimental y su incorporación al sumario, lo que aparecía en esos pendrive sigue en la oscuridad pública pero no privada y explica la mayoría de los acontecimentos políticos que han ocurrido en Cataluña desde entonces. Los políticos de la relación entre la Generalitat y el Estado, y los económicos que alcanzan a las grandes empresas y bancos de este país.
Por el Juzgado han pasado los Comisarios que han protagonizado la pelea pública más sonada e inconveniente para sus funciones de toda nuestra moderna historia democrática, desde José Manuel Villarejo a Marcelino Martín Blas pasando por Eugenio Pino, que era el jefe de los dos, y puede que hasta el último cesado por el ministro Zoido, Enrique García Castaño, este último aquejado de una enfermedad que día a día le impide moverse con la facilidad que acostumbraba.
Los cuatro hombres y nombres eran muy importantes dentro de la policia española de los últimos 25 años. Lo siguen siendo al margen de lo que decidan finalmente los jueces. Guardan en sus memorias y puede que en “documentos desconocidos” esa parte de nuestra historia democrática que discurre por los subterráneos del poder, por las llamadas “ cloacas del Estado”. Por sus manos y archivos ha pasado una gran parte de lo que ha acontecido en nuestro país y tal parece que conservan datos y nombres que duermen el sueño de los justos en sus cajones, que es donde aparecen archivos informáticos cuando se hace limpieza.
Saludable para el sistema de garantías democráticas es el descubrir los hechos que suceder cuando la política se mezcla con el dinero. Aparecer los jueces es todo un signo de salud cívica, pero también una pésima noticia para el funcionamiento del sistema, sobre todo cuando el propio sistema judicial, en su funcionamiento interno, mantiene a la cúpula de la Judicatura en precario tras tres años de imposibilidad de cambios por las presiones de los partidos políticos. Es ahí, en esa anormalidad, cuando los ciudadanos perciben con claridad que están mal administrados, que a los que ellos eligieron para la gobernación de los asunto públicos han roto la confianza depositada en ellos, y que una parte de los encargados de la vigilancia no han cumpldo con la diligencia y profesionalidad que debería ser su norma.
Toda la familia Pujol y sus entornos, en la amplia escala social, política y económica parece que ha utilizado su posición y las demandas de Cataluña frente al Estado para enriquecerse. Los 2672 archivos habrían aclarado lo bueno y lo malo, lo limpio y lo sucio, lo que debe corregirse y lo que debe eliminarse para siempre. Otro sueño democrático que se perderá dentro del laberinto legal en el que casi siempre triunfan los poderosos.
Deseable sería que con los archivos e investigaciones legales y admitidas - al margen de las pruebas que se hayan obtenido de forma delictiva, que eso tendrá que dictaminarse en los tribunales - con la aplicación de las penas correspondientes; la parte que aparece en los sumarios y en las filtraciones a los medios de comunicación sea o no delito perseguible, sí denota con el peso de estos últimos cinco años y tres gobiernos distintos en la Generalitat y dos en España, que es amoral y poco o nada ético. Todo lo que haya sido perseguible policial y jurídicamente también debería agilizarse pasar, de paso, encuadrar el independentismo en la vía legal y democrática, sin chantajes y presiones que se ocultas en los informes sobre actividades económicas de caracter privado.
Cinco años en los que los comisarios implicados, con Villarejo al frente, se han convertido en estrellas públicas pasajeras y en los que algunos miembros de la familia del ex presidente de la Generalitat han pasado unas semanas en prisión. Queda el fondo, lo importante, y la único forma de saberlo es que todos los datos que se tengan, odos, sea cual sea la procedencia legal de los mismos y con el obligatorio permiso judicial a los respectivos cuerpos de seguridad del Estado le hagan se hagan llegar a los jueces para que, sin mirar si aparecen otros protagonistas en los informes o en los históricos pendrives, los magistrados encargados de instruir los distintos sumarios los aborden de forma ordenada y rápida.
La verdad que se encuentra en esos archivos - algunos conocidos, algunos publicados y la mayor parte sirviendo para negociar por parte de sus poseedores - es parte de la vida secreta de la familia de Jordi Pujol y de toda la amplia colección de amigos y conocidos que durante 30 años les alabaron y rindieron pleitesía, y que aparecen, conviene recordarlo, en los dispositivos que abrió el juez De la Mata, para ver hasta donde llevan a la democracia de esta convulsa España.
Si (
No(