Sin salirse ni un milímetro de la Constitución la simple suma de días que llevan a la celebración de unas elecciones generales lleva a esa fecha. Para empezar: el apartado 6 del artículo 68, dentro del Título III de nuestra Carta Magna, dice textualmente que la convocatoria de nuevas elecciones se debe hacer entre los 30 y 60 días tras la terminación del mandato. Y el mandato del presidente no comienza hasta que no es investido por el Congreso, en el caso de Pedro Sánchez lo consiguió el 7 de enero de 2020, en segunda votación, por mayoría simple de 167 votos a favor y 165 en contra.
Si el presidente del Gobierno decide cumplir ese apartado constitucional hasta el final y miramos el calendario de 2024 veremos que puede alargar hasta el máximo los plazos y dar por terminado la Legislatura y convocar elecciones el 7 de marzo. Sumemos ahora los 54 días que deben pasar entre la convocatoria y la celebración de las mismas. Tendríamos dos fechas posibles, las dos domingo, el 28 de abril o el 4 de mayo. Partamos de la más cercana, el 28 de abril como día para ir a las urnas. Mientras tanto y también según aparece en la Constitución, el Gobierno sigue en funciones hasta la jura del nuevo, que previamente debe haber pasado, por lo menos, otras dos pruebas con sus correspondientes días.
Entre la celebración de las elecciones y la formación del Congreso y del Senado tienen que pasar otros 25 días, lo que nos llevaría al 23 de mayo de 2024 con Pedro Sánchez y sus ministros, en funciones, pero gobernando. Y llegados a este cruce de caminos se abren dos grandes vías: las consulltas del Rey con los posibles candidatos a la Presidencia del Gobierno y la sesión de investidura en el Congreso. Entre ambos actos, acudir al palacio de La Zarzuela y presentarse ante los 350 parlamentarios del Hemiciclo de la Carrera de Sán Jerónimo, no existen plazos. La convocatoria tendría que realizarla el nuevo presidente o presidenta del Congreso y dependerá muy mucho del resultado electoral y de las posibilidades de negociar las mayorías necesarias, salvo que de las urnas salga un candidato con mayoría absoluta.
Si ni Pedro Sánchez, ni Alberto Núñez Feijóo, como máximos aspirantes a fecha de hoy para encabezar las listas de los dos partidos mayoritarios, consiguieron superar la barrera de los 176 votos a favor, estaríamos dentro de un periodo de dos meses, que es el que aparece en el artículo 99, dentro del Título IV de la Constitución, para intentarlo, en busca de la mayoría absoluta o de la mayoría simple, más votos afirmativos que negativos, que es lo que consiguió Pedro Sánchez en enero de 2020.
En el mejor de los casos para evitar las incertidumbres y conseguir que hubiera un nuevo presidente en el palacio de La Moncloa - repitiendo Sánchez o llegando Feijóo - estaríamos en junio de 2024. En el peor de los supuestos las fechas se convierten en un puro disparate, legal y constitucional, pero disparate. Podría haber una nueva convocatoria electoral para finales de julio o incluso para primeros de septiembre. Habría que sumar los dos meses desde la primera votación a los 47 días de campaña al no conseguir ningún candidato la mayoría suficiente. Y a finales del verano del año que viene a repetir, otra vez, todo el proceso con Pedro Sánchez siguiendo en La Moncloa.
La pregunta que debemos hacernos todos los españoles pero sobre todo la clase política y los dirigentes de los partidos es éstas: ¿ puede España, en la situación actual tanto económica como política entrar en ese disparate legal y mantener al país en la incertidumbre durante 18 meses?. Y no he puesto sobre la mesa las tensiones territoriales que se van a producir a partir del próximo 28 de mayo y que aumentarían en sus choques co el Gobierno central, sobre todo si es el Partido Popular quien consiga la victoria en la mayoría de las doce Autonomías que van a estar en juego y la gobernabilidad de los grandes Ayuntamientos.
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