La semana pasada concluyó la ley número 42 promulgada por el presidente Donald Trump para intentar frenar la expansión de la pandemia de coronavirus que permitía la entrada bajo la perspectiva de ser deportados de nuevo.
Que esa esperanza dejase de entrar en vigor, lejos de disuadir a los que alegaban razones de persecución política en sus países – Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití – estimularon la esperanza de poder entrar con mayor facilidad. Pero la reacción de Washington no coincidió con esta posibilidad. Antes, al contrario, en función de las leyes existentes con anterioridad, los pasos fronterizos además de cerrarse se reforzaron con mayores medidas de seguridad. El problema incluía a México que no sabe cómo abordar la presión que se vive desde su territorio donde son muchos los refugiados que aguardan a cruzar la frontera.
Los emigrantes están desperdigados en grupos por todos los puntos de la frontera lo cual despierta la preocupación de sus habitantes que no saben cómo socorrerlos además de verse expuestos a los incidentes de violencia y robos a los que impulsa la necesidad y la desesperación algunos. Muchos intentaron cruzar clandestinamente por algunos puntos, como cruzar el río a nado, y se calcula que unos 10.000 lo consiguieron mientras 1.500 fueron apresados, y, además, de ser devueltos quedarán condenados a no poderlo intentar legalmente durante cinco años. Fuentes de la Casa Blanca no ocultan que el presidente Joe Biden y su Administración no saben cómo abordar el drama.
Desde México, el Gobierno apremia y acusa la presión que Estados Unidos ejerce sobre Venezuela lo cual está forzando a que muchos venezolanos que se sienten perseguidos por Nicolás Maduro busquen asilo en el norte. Se calcula que desde que está implantado el chavismo ya son siete millones los venezolanos que han salido del país, más de un millón a Colombia. En Washington también se acusa a México, que ahora está sufriendo el problema, de responsabilidad al haber dejado entrar a muchos con visados para transitar hacia Estados Unidos en calidad de refugiados políticos.
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